La Corte Suprema de EE.UU. frena la vigilancia masiva por geolocalización: el historial del celular tiene protección constitucional
Fallo 6-3 del SCOTUS: la ubicación del celular está protegida por la Constitución y la policía necesita orden judicial.
TL;DR:
- La SCOTUS falló 6-3 en Chatrie v. United States: el historial de ubicación del celular está protegido por la Cuarta Enmienda.
- La jueza Elena Kagan escribió para la mayoría que las geofence warrants son búsquedas irrazonables que permiten "buscar primero y sospechar después."
- El fallo frena una práctica que rastreaba a millones de inocentes; la industria tech lo celebra, aunque los defensores de privacidad buscaban una prohibición total.
La Corte Suprema de Estados Unidos le puso un freno significativo a las órdenes de geolocalización masiva el 29 de junio de 2026. En un fallo 6 a 3 —Chatrie v. United States— la jueza Elena Kagan escribió para la mayoría que la técnica conocida como geofencing viola la Cuarta Enmienda, que prohíbe las búsquedas irrazonables. El tribunal determinó que los ciudadanos tienen "una expectativa razonable de privacidad" en el historial de ubicación de su celular, incluso cuando ese historial está guardado en los servidores de empresas tecnológicas como Google.
Qué es una geofence warrant y por qué preocupa
Una geofence warrant (orden de geocerca) es una herramienta policial que funciona así: las autoridades dibujan un perímetro virtual alrededor de la escena de un crimen y exigen que una empresa como Google entregue los datos de ubicación de todos sus usuarios que estuvieron en esa zona durante el tiempo en cuestión. No hay sospechosos previos. La policía obtiene una lista de personas y, a partir de ahí, decide a quién investigar.
Eso es exactamente lo que los abogados defensores y los grupos de privacidad llevan años señalando: la técnica permite al gobierno "buscar primero y desarrollar sospechas después". Millones de personas pueden quedar expuestas a un rastreo estatal sin haber hecho nada irregular.
El robo bancario que llegó hasta el SCOTUS
El caso surgió de un atraco en los suburbios de Richmond, Virginia. Un hombre identificado como Okello Chatrie sustrajo $195,000 dólares de un banco. Dos meses después, la investigación estaba estancada. Los detectives presentaron entonces una orden ante Google solicitando los datos de ubicación de los usuarios de celular que estuvieran en los alrededores del banco durante la hora previa y posterior al crimen.
Google identificó inicialmente a 19 personas en el área. Tras resistirse a la solicitud, la empresa entregó finalmente datos de solo tres individuos. En el domicilio de uno de ellos, los investigadores encontraron una pistola que coincidía con las imágenes de las cámaras de seguridad del banco y casi $100,000 dólares en efectivo. Chatrie confesó y fue condenado.
Sus abogados argumentaron ante la Corte que la geofence warrant había hecho que millones de personas fueran sometidas a una búsqueda policial sin haber actuado de manera sospechosa. El gobierno respondió que, dado que los usuarios pueden elegir no compartir su ubicación con Google, esos datos no merecen protección constitucional.
La Corte rechazó ese razonamiento.
Lo que cambia: el historial del celular ya no es territorio libre
El tribunal estableció que las personas tienen una expectativa razonable de privacidad en los registros de ubicación de su celular. Esto significa que la llamada "doctrina del tercero" —el principio legal que sostiene que ceder datos a una empresa equivale a renunciar a la privacidad sobre esos datos— no aplica aquí.
En términos prácticos, las autoridades no pueden seguir usando geofence warrants con la misma amplitud de antes. Necesitan una justificación legal más robusta y específica antes de exigirle a Google —o a cualquier otra empresa tecnológica— que entregue registros de ubicación.
La industria tecnológica recibió el fallo con satisfacción. Matt Schruers, presidente de la Computer & Communications Industry Association (CCIA), dijo:
"La Cuarta Enmienda protege plenamente el derecho de las personas a la privacidad frente a la intromisión del gobierno. Nos alienta que la Corte reconozca que los intereses de privacidad persisten independientemente de la tecnología involucrada, y que las fuerzas del orden deben buscar autorización judicial para obtener información de geolocalización de los estadounidenses."
Tanto la CCIA como la Software & Information Industry Association (SIIA) habían presentado un amicus brief ante la Corte argumentando que tanto la Cuarta Enmienda como la Ley de Comunicaciones Almacenadas exigen una orden judicial basada en causa probable antes de acceder al historial de ubicación de los usuarios.
Una victoria parcial, no una prohibición total
El fallo no elimina las geofence warrants. Los grupos de defensa de la privacidad digital celebraron la decisión, aunque habían buscado una prohibición absoluta de la práctica. La resolución 6-3 establece que estos datos tienen protección constitucional y que la policía debe cumplir con requisitos legales más estrictos, pero no cierra la puerta a que, bajo condiciones más acotadas, el método pueda seguir aplicándose.
Lo que sí queda claro es que la Constitución estadounidense ya no se detiene en las puertas de los servidores de Google. Para los usuarios, para las empresas tecnológicas y para los investigadores criminales, ese es el nuevo punto de partida.
