TL;DR:
- El juez André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal, autorizó el jueves 30 de julio que la Policía Federal abra un inquérito contra Fábio Luís Lula da Silva por presunta corrupción y tráfico de influencias.
- El caso llegó a su escritorio después de que la Procuraduría pidiera sortearlo entre los once jueces: el sorteo se lo devolvió al mismo relator del expediente del INSS.
- Faltan 17 días para que arranque la propaganda electoral en Brasil y 66 para la primera vuelta, en la que Lula busca un cuarto mandato.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal a abrir una investigación contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. La decisión es del jueves 30 de julio y la firmó André Mendonça, el magistrado que Jair Bolsonaro llevó al tribunal en 2021. Lo que se busca esclarecer: si el empresario movió contactos en el Ministerio de Salud y en el gabinete de la Presidencia para favorecer un negocio de cannabis medicinal ligado al lobista preso Antônio Carlos Camilo Antunes, el "Careca do INSS". El expediente corre bajo secreto. Y llega a 17 días de que empiece oficialmente la campaña en la que Lula pelea por un cuarto mandato.
Mendonça no juzgó a nadie ni formuló cargos. Lo que firmó es el permiso para que la Policía Federal abra un inquérito, la figura brasileña equivalente a una carpeta de investigación, y para que traslade a ese expediente nuevo las pruebas que ya reunió en la Operación Sem Desconto, el caso de los descuentos ilegales a jubilados del INSS. Reuters, que conoció la decisión por dos fuentes con acceso directo, reportó que una fuente policial le dijo que el inquérito todavía no estaba formalmente abierto.
La defensa reaccionó el mismo jueves. El abogado Marco Aurélio de Carvalho, coordinador del grupo Prerrogativas, negó en una nota a la prensa que su cliente tenga relación directa o indirecta con el INSS o con los negocios de la empresaria Roberta Luchsinger, y sostuvo que la policía está buscando en otro lado después de no haber encontrado nada en el primer expediente.
"Eso es una investigación prospectiva. Eso es grave", advirtió Marco Aurélio de Carvalho, abogado de Fábio Luís Lula da Silva.
Lula habló horas después en el pódcast Inteligência Ltda., con Rogério Vilela. Dijo que su hijo, que vive en España, regresará a Brasil si tiene que responder ante la justicia y que desde 2006 lo usan para atacarlo a él. También marcó el límite: no llamará a ningún comisario ni a ningún juez.
"Si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo hace cuando se equivoca", declaró el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El caso llegó a Mendonça después de un sorteo que pidió la propia Procuraduría
Aquí está la parte que casi no salió del portugués. El pedido de la Policía Federal entró durante el receso judicial y cayó en la presidencia del Supremo, que ejercía de guardia Alexandre de Moraes. Antes de resolver, Moraes pidió la opinión de la Procuraduría General. El dictamen sostuvo que los hechos descritos apuntaban a una conducta criminal sin relación directa con la Operación Sem Desconto y defendió que el procedimiento se distribuyera por sorteo entre los once jueces del tribunal.
Se sorteó. Y la relatoría quedó otra vez con André Mendonça, que ya conducía el expediente del INSS. El detalle importa porque Lulinha es un empresario privado sin fuero: su caso está en la Corte Suprema por arrastre del otro proceso, no por su apellido.
Quién es Mendonça también cuenta. Bolsonaro formalizó su nominación en el Diario Oficial el 13 de julio de 2021 para cumplir la promesa de sentar en el máximo tribunal a un jurista "terriblemente evangélico"; el Senado lo aprobó el 1 de diciembre y tomó posesión el 16. Antes había sido abogado general de la Unión y ministro de Justicia de ese gobierno, además de pastor presbiteriano. No es su primera decisión sobre el hijo del presidente: Reuters recordó que a principios de 2026 ya había ordenado levantar los secretos bancario, fiscal y telemático de Fábio Luís dentro del caso del INSS.
Qué se investiga: el canabidiol, una consultora y un lobista preso
La sospecha, según el pedido que la policía envió al Supremo, es que Lulinha participó junto a Roberta Luchsinger en gestiones en el mercado del canabidiol en beneficio de World Cannabis, empresa vinculada a Camilo Antunes. Los investigadores mencionan contactos con funcionarios públicos, incluidos integrantes del gabinete presidencial, y dicen haber identificado pagos del lobista a RL Consultoria, la firma de Luchsinger. La nueva investigación deberá aclarar para qué eran esas transferencias. La primicia fue del diario Folha de São Paulo.
Antunes está preso desde 2025 y es uno de los blancos principales de la Operación Sem Desconto, que destapó un esquema de descuentos asociativos indebidos en jubilaciones y pensiones. Los números conviene fijarlos bien, porque la conversión suele salir mal: se trata de 6,300 millones de reales cobrados entre 2019 y 2024, cerca de 1,240 millones de dólares. En portugués eso se escribe "6,3 bilhões", que no son 6.3 millones. El escándalo estalló en abril de 2025, tumbó al ministro de Previsión Social y al presidente del instituto, y terminó con el Careca y otros 47 indiciados, entre ellos el expresidente del INSS Alessandro Stefanuto.
Hay una pieza que casi nadie levantó y que conviene tener a mano: según Congresso em Foco, Luchsinger declaró que el dinero remuneraba servicios de consultoría en cannabis medicinal, negó haberle transferido valores a Lulinha y afirmó que él no prestó servicios ni participó en las negociaciones. El mismo reporte señala que el proyecto para ofrecer medicamentos derivados de cannabis en el sistema público de salud nunca se concretó. Metrópoles añadió que la policía detectó al menos tres viajes coincidentes de Antunes y Lulinha a Madrid y Lisboa, y una agencia de viajes que recibió más de 640 mil reales de una empresa de la consultora.
El reloj electoral no deja margen
La fecha es lo que convierte un expediente reservado en asunto de campaña. El calendario oficial del Tribunal Superior Electoral, fijado en la resolución 23.760, marca las convenciones partidarias del 20 de julio al 5 de agosto, el registro de candidaturas hasta el 15 de agosto y el arranque de la propaganda el 16 de agosto. La primera vuelta es el 4 de octubre y la eventual segunda el 25. Más de 158 millones de brasileños votarán.
Entre la decisión de Mendonça y el inicio formal de la campaña hay 17 días. Hasta la primera vuelta, 66.
Y la carrera no está resuelta. CartaCapital revisó a mediados de julio cuatro encuestas nacionales seguidas, de AtlasIntel/Bloomberg, BTG/Nexus, Meio/Ideia y Quaest, y en todas Lula aparecía por delante del senador Flávio Bolsonaro, el candidato de la familia después de que Jair Bolsonaro quedara inelegible por la trama golpista. Pero el sondeo de Gerp difundido el 22 de julio, publicado por Poder360, dio empate técnico en la segunda vuelta, 46% contra 45% con un margen de 2.19 puntos, y empate numérico en la primera, 38% a 38%. Una investigación al hijo del presidente entra en un tablero mucho más cerrado de lo que sugiere el cable de agencia.
Preguntas rápidas sobre el caso Lulinha
¿De qué se acusa a Lulinha?
Formalmente, de nada todavía. El juez André Mendonça autorizó a la Policía Federal a investigarlo por sospechas de corrupción y tráfico de influencias en gestiones sobre la comercialización de cannabis medicinal en programas del Ministerio de Salud. No hay imputación ni denuncia de la Procuraduría, y el expediente está bajo secreto.
¿Qué es la Operación Sem Desconto del INSS?
Es la investigación sobre descuentos asociativos indebidos aplicados a jubilaciones y pensiones brasileñas entre 2019 y 2024, estimados en 6,300 millones de reales, cerca de 1,240 millones de dólares. Estalló en abril de 2025, costó el puesto al ministro de Previsión Social y al presidente del INSS, y de ahí salieron las pruebas que ahora se trasladan al nuevo expediente.
¿Cuándo son las elecciones en Brasil 2026?
La primera vuelta se vota el domingo 4 de octubre de 2026 y la eventual segunda el 25 de octubre, según el calendario del Tribunal Superior Electoral. La propaganda electoral empieza el 16 de agosto y el registro de candidaturas cierra el 15. El presidente electo asume el 5 de enero de 2027.
Durante casi dos décadas, el apellido del hijo mayor apareció en cada intento de golpear a Lula y ningún proceso llegó a condena. Esta vez el expediente nace con pruebas prestadas del mayor fraude a jubilados de la historia reciente de Brasil, con un relator que ya firmó medidas contra él y con un calendario que lo pone a correr al mismo tiempo que la campaña. Lo que decida la Policía Federal en las próximas semanas se leerá, quiera o no, en clave electoral.
