La Asamblea Nacional de Francia aprobó una enmienda que propone cobrar a los proveedores de contenido digital 0.055 euros por cada gigabyte enviado a usuarios de internet en Francia. La medida forma parte del debate del presupuesto de 2027, todavía debe superar el trámite legislativo y no prevé un cobro directo a los usuarios.
El voto del 30 de octubre de 2026 fue ajustado: 11 diputados apoyaron la enmienda, 10 votaron en contra y 14 se abstuvieron, según el registro de la Asamblea. La propuesta fue presentada por el diputado socialista Laurent Lhardit, quien calcula una recaudación de 10,000 millones de euros al año. Esa cifra es una estimación de sus impulsores, no un ingreso ya obtenido.
Cómo se calcularía el impuesto
El texto plantea que la obligación recaiga en el proveedor que envía los datos. Los proveedores de acceso a internet, por su parte, medirían los volúmenes y comunicarían información agregada y anonimizada a la autoridad fiscal francesa cada trimestre. Un decreto definiría las condiciones técnicas de esa medición.
La enmienda señala que no se exigiría un registro del contenido de los datos ni de sus destinatarios. También contempla los flujos que salen de las redes de distribución de contenido, o CDN, que acercan archivos y otros recursos a los usuarios.
A la tarifa propuesta, 100 gigabytes equivaldrían a 5.50 euros antes de aplicar el límite previsto. Es un cálculo sobre el tráfico atribuido al emisor, no una tarifa que el texto ordene añadir a la factura de cada abonado.
La propuesta establece un tope: como máximo, el 15 % de la facturación del emisor en Francia o el 2 % de su facturación total. El texto menciona a Google, Meta, Amazon, Netflix y Akamai como grandes actores del tráfico digital, aunque no limita expresamente el mecanismo a esas empresas.
VideoLAN y el autor de la enmienda discrepan sobre el alcance
VideoLAN, la asociación que desarrolla el reproductor gratuito VLC, advirtió que la medida podría costarle más de un millón de euros al año. Lhardit respondió que el impuesto está limitado y sostuvo que no se aplicaría a la asociación.
El texto no incluye una exención expresa para asociaciones o proyectos de software libre, según señaló el medio tecnológico francés Frandroid. El monto que eventualmente correspondería a VideoLAN y la aplicación del tope a su caso siguen siendo objeto de disputa; ninguna de las dos posturas establece por sí sola el costo definitivo.
El debate tampoco se limita a quién pagaría ante la autoridad fiscal. Philippe Juvin, relator general del presupuesto, advirtió durante la sesión que las grandes plataformas podrían trasladar el costo a sus anunciantes. Un eventual efecto en el precio de las suscripciones dependería, entre otros factores, de las decisiones de las empresas; la enmienda no ordena un aumento para los consumidores.
La medida todavía puede cambiar
El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, se opuso a la propuesta y cuestionó cómo se medirían los flujos. También sostuvo que una parte importante de la carga podría recaer en proveedores más pequeños, incluidos algunos franceses.
Por ahora, la aprobación corresponde a una enmienda durante la primera lectura del presupuesto, no a la adopción definitiva de la ley. El proyecto aún debe completar su recorrido parlamentario, incluido el examen del Senado, y la medida puede modificarse o eliminarse antes de que exista una versión final.
