La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), junto con la agencia tributaria HM Revenue & Customs y la Policía Metropolitana de Londres, actuó contra tres locales de la capital sospechosos de operar comercio de criptomonedas entre particulares sin el registro exigido. El operativo ocurrió el 10 de septiembre de 2026 y se dio a conocer esta semana: en cada dirección se entregaron cartas de cese y desistimiento para frenar la actividad. El dato que enmarca todo: la FCA afirma que hoy no hay una sola empresa de cripto persona a persona registrada en el país, de modo que cualquiera que opere así como negocio queda fuera de la ley. Es la segunda acción coordinada de este tipo en seis meses y llega mientras el regulador afina el régimen que regirá a las criptomonedas desde octubre de 2027.
Sin una sola empresa registrada, el negocio es ilegal por definición
El comercio persona a persona ocurre cuando dos individuos compran y venden cripto directamente, sin pasar por un exchange centralizado. Hacerlo como actividad de negocio en el Reino Unido exige registro ante la FCA, y ahí está la particularidad: el regulador sostiene que no hay ninguna empresa de este tipo registrada en el país. Toda operación comercial de cripto P2P es, por tanto, no registrada, lo que convierte la vigilancia en una tarea de localizar operadores más que de separar a los que cumplen de los que no.
El problema, según la FCA, es que quienes trabajan fuera del régimen de registro esquivan los controles antilavado y abren una vía para mover y blanquear fondos ilícitos. La acción se apoyó en el reglamento británico contra el lavado de dinero de 2017, no en una norma específica para cripto, que todavía no existe.
Cualquiera que opere un negocio de cripto P2P sin registro debe dar por hecho que lo estamos observando.
Lo dijo Steve Smart, director ejecutivo de aplicación normativa y supervisión de mercados de la FCA.
La segunda operación en seis meses apunta a un giro
El operativo de septiembre repite el patrón de abril de 2026, cuando la FCA encabezó su primera acción coordinada contra el comercio cripto P2P y visitó ocho locales en Londres, esa vez con la unidad regional contra el crimen organizado del suroeste (SWROCU). El regulador dice que las pruebas reunidas entonces ya alimentan varias investigaciones penales.
No es su primer choque con la cripto sin licencia. La FCA logró una condena de cuatro años contra Olumide Osunkoya por operar una red ilegal de cajeros de criptomonedas y respaldó la detención de dos personas sospechosas de gestionar un exchange ilegal.
Para Caroline Black, consultora de Gherson Solicitors LLP, esta segunda operación coordinada en seis meses confirma que la FCA pasó de las advertencias a la interrupción activa, con responsabilidad penal como riesgo real para quien opere como negocio sin registro. En su lectura, es el fin de la etapa de mano blanda con la cripto en el Reino Unido. Desde la Policía Metropolitana, el detective sargento Sathish Alalasundaram apuntó a la dificultad práctica: la complejidad de las criptomonedas y la velocidad con que los fondos cruzan jurisdicciones complican cada investigación.
El régimen completo llega en octubre de 2027
Hasta ahora, la cripto sigue en gran medida sin regular en el Reino Unido, salvo por las reglas antilavado y las de promoción financiera. Eso cambia el 25 de octubre de 2027, cuando entre en vigor el nuevo marco de la FCA. Antes, el regulador publicó esta semana una guía que aclara qué actividades quedan dentro del perímetro: emisión de stablecoins que califiquen, operación de exchanges, intermediación y organización de operaciones, custodia de activos digitales y staking, con el detalle de cuáles necesitarán su autorización.
La ventana para solicitar esa autorización, pensada para acogerse a los acuerdos transitorios, va del 30 de septiembre de 2026 al 28 de febrero de 2027. Aditya Mittal, director en la consultora Capco, resumió la tarea inmediata de las empresas: entender qué partes de su negocio caen dentro del alcance del nuevo régimen.
Por ahora, la FCA actúa con una ley antilavado de 2017 y un mensaje sin ambigüedad: operar un negocio de cripto P2P sin registro es un riesgo penal, no una zona gris. La prueba de fondo llegará cuando abran las solicitudes y el hueco que hoy deja el sector, cero empresas registradas, tenga que cerrarse.
