TL;DR:
- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó documentos apócrifos con su membrete y la firma autógrafa falsificada de su titular y del subsecretario Alejandro Encinas Nájera.
- Es la segunda alerta de la dependencia en menos de un mes: la del 2 de julio describía llamadas, WhatsApp y perfiles falsos, no oficios con firma clonada.
- La Secretaría presentará denuncias penales. La Ley General de Extorsión vigente desde noviembre de 2025 castiga el delito base con 15 a 25 años de prisión y lo persigue de oficio.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó este 28 de julio de 2026 que circulan oficios apócrifos con su membrete, sus logotipos y la firma autógrafa falsificada de su titular, Raquel Buenrostro Sánchez. Los papeles también suplantan al subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera. El guion es siempre el mismo: al particular le llega un documento de apariencia oficial que le avisa de una investigación administrativa en su contra y, acto seguido, alguien le ofrece apagar el asunto a cambio de dinero. Ninguno de esos expedientes existe. La dependencia adelantó que presentará denuncias penales por falsificación de documentos oficiales, falsificación de firmas y suplantación de identidad.
El comunicado describe una operación barata y eficaz. Nombres, cargos, logotipos y membretes gubernamentales recortados y montados sobre un formato que, a ojos de cualquiera, pasa por un oficio real. Lo que compra el delincuente con eso es miedo: la sensación de que hay un procedimiento abierto y un reloj corriendo.
"Esta Secretaría no autoriza ni reconoce solicitud alguna de pagos, depósitos, transferencias", señaló la dependencia en su comunicado.
Tanto Buenrostro como Encinas se deslindaron del uso de sus nombres y cargos. La Secretaría no informó cuántos casos ha detectado, desde cuándo circulan los documentos ni si alguna víctima ya pagó.
Hace cuatro semanas el fraude iba por teléfono; ahora ya trae firma autógrafa
El 2 de julio de 2026 la misma Secretaría publicó una alerta parecida, pero el retrato del esquema era otro. Entonces se hablaba de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos institucionales apócrifos y perfiles falsos en redes sociales, con las personas adultas mayores como blanco principal, según reportaron El Heraldo de México y El Universal. Se ofrecía recuperar dinero defraudado, expedir certificaciones o condonar sanciones. Para esos casos la dependencia habilitó las líneas 55 2000 2000 y 800 1128 700.
La alerta de este martes marca un salto de oficio. Ya no basta una llamada convincente: hay papel, sello, membrete y una rúbrica copiada de la titular de la dependencia. Falsificar la firma de una secretaria de Estado es un trabajo distinto al de improvisar una llamada, y sugiere que alguien se tomó la molestia de estudiar cómo se ve un documento auténtico de la institución.
La Ley General de Extorsión describe este esquema casi al pie de la letra
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025 y entró en vigor al día siguiente. Su texto vigente contiene varios supuestos que encajan con lo que la Secretaría acaba de describir:
- El artículo 15 fija la pena base en 15 a 25 años de prisión, más multa de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA.
- El artículo 6 ordena que la extorsión y sus delitos vinculados se investiguen y persigan de oficio, sin que la víctima tenga que ratificar nada.
- El artículo 16, fracción X, suma de 4 a 8 años cuando se exige dinero a alguien por encontrarse en un supuesto procedimiento legal. Es, literalmente, el gancho del fraude.
- El artículo 17, fracción VIII, suma de 5 a 12 años cuando para lograr la extorsión se emplean acciones fraudulentas o actos ilícitos, que es lo que ocurre al falsificar un oficio.
- El artículo 18, fracción IX, suma de 7 a 17 años cuando quien extorsiona es o fue servidor público. La fracción VIII del mismo artículo aplica a quien simula ser empleado de una institución de gobierno, aunque exige acreditar el ánimo de usar u obtener datos personales o financieros de la víctima.
Además, el artículo 32 obliga a prisión preventiva oficiosa cuando al imputado se le atribuye alguna de las agravantes de los artículos 17 y 18. Nada de esto está probado todavía en este caso: la Secretaría apenas anunció que presentará las denuncias, y será el Ministerio Público quien decida qué tipo penal encuadra.
Dilis Salazar
El telón de fondo pesa. Un análisis de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicado por Infobae en abril de 2026 calculó que las carpetas de investigación por extorsión en el fuero común pasaron de 5,803 en 2015 a 9,357 en 2025, un alza acumulada de 61.2%. Ese número es la punta visible: las encuestas de victimización del Inegi ubican la cifra oculta de este delito alrededor del 97%.
Cómo verificar un oficio y dónde denunciar
La regla práctica que deja el comunicado es corta. Si el papel condiciona un trámite a un pago, es falso. La Secretaría pidió no realizar depósitos, no atender requerimientos sustentados en documentos de esa naturaleza y verificar cualquier comunicación atribuida a la dependencia únicamente por sus canales oficiales del Gobierno de México.
Para reportar un intento de fraude o extorsión con el nombre de la institución, la Secretaría remitió al portal denuncias.gob.mx, donde los reportes pueden presentarse de forma confidencial y anónima. La dependencia también opera el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y las dos líneas telefónicas gratuitas que ya había difundido en julio.
Hay una ironía incómoda en el caso: el fraude funciona precisamente porque la Secretaría Anticorrupción sí investiga, sí inhabilita empresas y sí manda expedientes a la vía penal. Esa credibilidad ganada es la materia prima que los falsificadores están explotando. Y mientras no haya un detenido, la única defensa disponible del lado del ciudadano sigue siendo la más barata de todas: colgar, no depositar y llamar al número oficial.
