TL;DR:
- Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno "no participó" en la recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa y pidió a la Secretaría de Gobernación revisarla.
- La recomendación 208VG/2026 exculpa a la Sedena y acusa al GIEI de una "antiverdad histórica"; Alejandro Encinas respondió con documentos oficiales que acreditan la infiltración militar entre los normalistas.
- Un tribunal federal vinculó a proceso al contramaestre Vidal Vázquez Mendoza por tortura, el segundo marino procesado en el caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia este lunes 13 de julio de 2026 de la recomendación con la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exoneró al Ejército en el caso Ayotzinapa. En su conferencia matutina dijo que su administración "no participó de ninguna manera" en el documento, que no sabía que la comisión lo preparaba y que ya pidió a la Secretaría de Gobernación revisarlo. En el mismo acto adelantó que en breve presentará nuevos avances de la investigación, una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) desahogue diligencias pendientes y se informe antes a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014.
Qué dice la recomendación que la presidenta mandó revisar
La recomendación 208VG/2026, de más de 800 páginas, es el documento que el gobierno pidió repasar. La CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, sostiene que hubo violaciones graves contra 92 estudiantes y responsabiliza a autoridades civiles de Guerrero, pero deja fuera a las Fuerzas Armadas. Sus puntos centrales:
- Documenta tortura, desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza y violación al derecho a la libertad en agravio de 40 normalistas.
- Dirige señalamientos a la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda, el gobierno de Guerrero y las policías de esa entidad, Iguala, Taxco y Cocula.
- No incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre las autoridades observadas.
- Acusa al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber construido una "antiverdad histórica".
Sheinbaum aclaró que tomar distancia del origen del informe no equivale a rechazarlo entero.
"Nosotros no participamos de ninguna manera en el informe, eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa."
Fue su respuesta al ser cuestionada sobre el contenido de la recomendación.
Los documentos de Encinas apuntan en sentido contrario
Mientras Presidencia marcaba distancia, Alejandro Encinas Rodríguez movió el tablero. El exsubsecretario de Gobernación, hoy representante de México ante la OEA y uno de los arquitectos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj), publicó en sus redes documentos oficiales de la Sedena que, según él, prueban justo lo que la CNDH niega: que el Ejército tenía un infiltrado dentro de la normal. "Ayuda para la memoria", escribió al difundir los archivos.
Los papeles se refieren a Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos. Era soldado de infantería y, de acuerdo con esos oficios, fue inscrito en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos para operar como "órgano de búsqueda de información" con "fachada de alumno" y reportar los movimientos de sus compañeros. Uno de los documentos, fechado en octubre de 2014 y marcado como urgente, salió del Estado Mayor de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, rumbo a la sección de Inteligencia Militar.
La recomendación de la CNDH, en cambio, retoma la versión que la propia Sedena dio en su momento: que el joven pidió estudiar ahí por voluntad propia y que su situación era "totalmente legal".
Institución o soldados solos: la distinción que marcó Sheinbaum
Sobre la responsabilidad castrense, la presidenta trazó una línea que pesará en lo que viene. Recordó que hay militares detenidos desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y planteó que todavía falta aclarar si actuaron por cuenta propia o siguiendo a la institución.
A su juicio, no es lo mismo que esos elementos hayan participado de forma individual por algún nexo con un grupo delictivo a que se haya involucrado "a la institución como tal", lo que serían, dijo, "cuestiones diferentes". De esa distinción depende buena parte del alcance político y penal del expediente.
En los tribunales, el caso todavía avanza
Lejos de los reflectores de la mañanera, la justicia federal dio otro paso el mismo día. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México vinculó a proceso al contramaestre Vidal Vázquez Mendoza, de la Marina Armada de México, por desaparición forzada y tortura contra Agustín García Reyes, alias "El Chereje", señalado como presunto integrante de Guerreros Unidos.
Con esa resolución, aprobada por unanimidad, el tribunal revocó la no vinculación que un juez de control había concedido el 28 de noviembre de 2025. Los magistrados dieron peso a las entrevistas de la víctima, al Protocolo de Estambul, a los videos del caso y a reportes operativos de la propia Marina.
Vázquez Mendoza es el segundo marino llevado ante la justicia federal por la FGR en este expediente. El primero fue Ariel Agustín Castillo, procesado en 2020 por la presunta tortura de otro señalado del mismo grupo criminal. El desarrollo lo dio a conocer el periodista Abel Barajas en Reforma.
"Lo más importante para nosotros es evidentemente la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto que es una herida no sólo para madres y padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para México."
El saldo del día deja a la recomendación de la CNDH en una posición incómoda: se presentó como el cierre de cuentas que exculpa al Ejército y, en cuestión de horas, el propio gobierno se deslindó de ella, un exfuncionario clave difundió documentos militares que la contradicen y un tribunal sumó un nuevo procesamiento por tortura. Para las madres y los padres de los 43, a casi 12 años de Iguala, la verdad oficial vuelve a estar en disputa.
