La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, autorizó la ampliación de las cámaras policiales después de que una auditoría de la Universidad de Nueva York identificara vacíos en las reglas de vigilancia. La policía dice que adoptará 15 de las 19 recomendaciones, pero no aplicará tal como fueron redactadas las propuestas sobre órdenes judiciales y el plazo de conservación de ciertas grabaciones.
La decisión del 10 de noviembre levanta una pausa que Wilson había impuesto en marzo por preocupaciones sobre privacidad y libertades civiles. Las cámaras del Stadium District, instaladas antes del Mundial de fútbol, se activarán de inmediato. En los alrededores de Garfield High School y en la zona nocturna de Capitol Hill aún deben comprarse e instalarse equipos, según la alcaldía.
El concejo municipal había aprobado la ampliación en 2025. Wilson sostiene que el centro policial puede apoyar la seguridad pública y que la ciudad debe reforzar al mismo tiempo las protecciones de los datos.
La orden judicial que pidió la auditoría
El Policing Project de la Facultad de Derecho de NYU examinó el Centro de Delitos en Tiempo Real de Seattle, conocido como RTCC. El centro reúne imágenes de cámaras policiales, de tráfico y de algunas empresas privadas mediante el software Fusus, de Axon. Sus analistas pueden ayudar a agentes que responden a incidentes y revisar grabaciones para investigaciones posteriores.
La auditoría recomendó exigir, por regla general, una orden judicial para seguir la ubicación o los movimientos de una persona a través de varios grupos de cámaras. Propuso permitir el rastreo sin orden durante un incidente activo cuando haya causa probable y sea necesario actuar de inmediato para evitar daños físicos, la destrucción de pruebas o la fuga de un sospechoso.
El Departamento de Policía de Seattle, o SPD, dijo que no adoptará esa recomendación tal como está redactada. Sostuvo que solicita órdenes cuando la ley y los precedentes las exigen y que seguirá los cambios legales. También afirmó que sus procedimientos requieren una llamada de servicio o un incidente iniciado por un agente para que intervenga el centro.
La recomendación de NYU se refiere al seguimiento entre varios grupos de cámaras; no plantea exigir una orden por cualquier consulta de video. El informe tampoco decidió si Seattle debía ampliar o cerrar el centro: sus autores se concentraron en los riesgos para los derechos civiles y en las reglas que podrían reducirlos.
Cinco días de video y archivos conservados como prueba
La segunda diferencia afecta a la conservación de las imágenes. La policía mantiene habitualmente cinco días las grabaciones originales de sus propias cámaras en espacios públicos que no se guardan como prueba. El informe señaló que ese plazo es una práctica y recomendó incorporarlo a una norma escrita; la política vigente permite conservarlas hasta 30 días.
SPD respondió que no adoptará la propuesta tal como está redactada porque los plazos varían según la fuente y existen necesidades técnicas o legales. Como ejemplo, indicó que conserva durante un día el video integrado de cámaras del departamento de transporte y que algunas solicitudes de registros públicos pueden requerir una conservación mayor.
Los fragmentos guardados en expedientes tienen otro tratamiento. Según la auditoría, los clips almacenados como evidencia en Evidence.com se conservan indefinidamente, incluso después de resolver un caso. Los autores pidieron establecer plazos ligados al estado y la resolución de cada expediente. La policía dijo que está de acuerdo con ese enfoque y trabajará con otras autoridades para ajustarlo a las reglas estatales de conservación.
Las cámaras privadas integradas plantean una diferencia adicional: el informe indicó que el tiempo de conservación depende de cada propietario y que no se exige el mismo ocultamiento de espacios privados que a las cámaras policiales. SPD respondió que exigirá vistas de espacios públicos o el ocultamiento de las áreas no públicas en las transmisiones que acepte.
Qué cambios prometió Seattle
La policía afirmó que adoptará 15 recomendaciones. Las otras dos, además de las que no aceptó tal como fueron redactadas, corresponden a otras dependencias municipales. Entre los compromisos de SPD está publicar a más tardar el 1 de diciembre de 2026 un panel con información sobre el uso del centro, que actualizaría mensualmente.
Incluso entre las propuestas que SPD clasificó como adoptadas hay diferencias de alcance. La auditoría pidió publicar la lista de tecnologías del centro al menos dos veces al año; la policía respondió que la actualizará anualmente.
La alcaldía también convocará a un grupo asesor para elaborar reglas sobre cámaras privadas, protestas y grandes eventos. Esas propuestas todavía deberán pasar por el proceso municipal de revisión de políticas.
La auditoría encontró que Fusus registra actividad de los usuarios, pero no les exige introducir un número de caso o una justificación al abrir imágenes. Según el informe, el sistema tampoco registra el uso de ciertas funciones, como la detección de objetos con inteligencia artificial. SPD dijo que ya pidió a Axon que exija el número de caso y que solicitará incorporar las búsquedas de objetos al registro de Fusus; agregó que sus analistas deben anotarlas en otro sistema policial.
El riesgo de compartir datos y la eficacia pendiente
Los investigadores advirtieron que las restricciones locales y estatales reducen, pero no eliminan, la posibilidad de que otra agencia obtenga imágenes para una investigación migratoria o relacionada con atención médica protegida. El informe menciona solicitudes de registros públicos y órdenes judiciales dirigidas a la ciudad o al proveedor como posibles vías, sujetas a sus condiciones legales.
Tee Sannon, directora del programa de política tecnológica de la ACLU de Washington, dijo a GeekWire que la expansión era un paso en la dirección equivocada y pidió límites exigibles y supervisión independiente. La Downtown Seattle Association apoyó la decisión y defendió las cámaras como apoyo para las investigaciones.
La auditoría no evaluó la eficacia del centro ni concluyó que las cámaras reduzcan la delincuencia. Una investigación independiente de la Universidad de Pensilvania, encargada por la oficina del inspector general, estudia sus efectos sobre la seguridad y las investigaciones. Sus resultados se esperan para finales de 2027.
