El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el lunes 21 de septiembre siete leyes que cambian las reglas para construir y operar centros de datos en el estado. El paquete obliga a transparentar el consumo de electricidad y agua, traslada a los operadores una parte de los costos de conexión y ampliación de la red, y elimina las exenciones ambientales automáticas para estos proyectos. También entrega a ciudades, condados y proveedores de agua más información para evaluar permisos, infraestructura y planes de sequía, en un momento en que la expansión de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de instalaciones de alta potencia.
La electricidad tendrá tarifas y garantías separadas
El frente eléctrico reúne SB 886, AB 2383 y SB 1168. Las tres medidas buscan impedir que los costos provocados por cargas extraordinarias de los centros de datos terminen en hogares y empresas que no participan en esos proyectos, aunque no todas crean el mismo tipo de obligación.
La SB 886 ordena a la Comisión de Servicios Públicos de California, conocida como CPUC, establecer o actualizar tarifas y reglas para las nuevas conexiones a nivel de transmisión. El texto asigna al centro de datos los costos de las mejoras de transmisión necesarias para conectarlo, incluidas ciertas ampliaciones compartidas de la red. También prevé un cargo por terminación anticipada si el cliente abandona el sistema dentro de los primeros 10 años o no alcanza la demanda eléctrica que proyectó.
La AB 2383 añade tarifas diferenciadas para transmisión, distribución y generación. Sus mecanismos deben contemplar pagos anticipados o garantías, una recuperación mínima basada en la carga prevista y cargos suficientes para proteger a otros usuarios si el proyecto no se conecta, se retira antes de tiempo o consume menos de lo anunciado. Los agregadores de elección comunitaria y los proveedores eléctricos también tendrán que adoptar tarifas de generación para centros de datos antes del 1 de enero de 2028.
La SB 1168 es más acotada en su redacción final. No fija por sí misma la tarifa que pagará cada empresa, sino que ordena a la CPUC evaluar estructuras para que los centros de datos cubran una parte razonable de sus costos de transmisión, distribución y nuevas compras de energía. La evaluación debe buscar que disminuya la presión sobre los usuarios residenciales, incluidos los inscritos en programas de apoyo para hogares de bajos ingresos.
La aplicación no será instantánea en todos los casos. La CPUC todavía tendrá que definir tarifas, contratos, umbrales y metodologías, y varias disposiciones fijan como fecha límite el 1 de enero de 2028.
El agua entra en los permisos, las licencias y los planes de sequía
La AB 2469 impide que una ciudad o un condado apruebe un permiso para construir un centro de datos, o para ampliarlo cuando aumente su consumo máximo de agua, si el solicitante no presenta una evaluación de suministro, el consumo proyectado y sus medidas de eficiencia. Desde el 1 de enero de 2028 también deberá entregar un plan de escasez que contemple distintos niveles de sequía. El desarrollador tendrá que pagar el costo total de las obras de conducción, tratamiento, almacenamiento o distribución necesarias para atender el proyecto.
La AB 2619 lleva la obligación a las licencias comerciales. Antes de solicitar la licencia inicial, el operador debe entregar al proveedor de agua y a la ciudad o el condado una estimación, bajo pena de perjurio, del consumo esperado, su fuente y los volúmenes del día máximo, el mes máximo y el promedio anual. Para renovar la licencia tendrá que informar el uso del año anterior, incluido el consumo directo y el tipo de sistema de enfriamiento. Los proveedores urbanos deberán incorporar la demanda de los centros de datos a sus evaluaciones y planes de contingencia por escasez.
La AB 1577 completa el sistema de transparencia desde el frente energético. La Comisión de Energía de California deberá recibir información sobre ubicación, tamaño, capacidad eléctrica, consumo, eficiencia, generación en el sitio, combustible y almacenamiento. Los reportes operativos se presentarán al menos una vez al año y deberán desglosarse por mes, salvo que la comisión disponga otra cosa. Cuando se solicite un permiso discrecional, el operador deberá entregar a la autoridad local estimaciones de energía, generación y ruido para evaluar la planeación territorial, la infraestructura, el suministro eléctrico y el impacto ambiental.
La revisión ambiental ya no tendrá una exención automática
La SB 887 prohíbe aplicar exenciones categóricas de la Ley de Calidad Ambiental de California, conocida como CEQA, a proyectos de centros de datos. Eso obliga a someterlos al análisis ambiental que corresponda y evita que la etiqueta de infraestructura tecnológica salte por sí sola esa revisión.
La misma ley conserva una vía de tramitación acelerada para proyectos que cumplan condiciones estatales sobre agua, energía limpia y costos de infraestructura. El gobernador puede certificarlos como Environmental Leadership Development Projects, una figura que permite beneficios de revisión y litigio más rápidos. La certificación no obliga a una ciudad o un condado a aprobar el proyecto, y cumplir con los requisitos de información tampoco convierte el permiso en automático.
El anuncio llega después de un cambio político visible. Newsom vetó en 2025 una propuesta similar de divulgación de agua porque, según explicó entonces, necesitaba entender mejor el impacto de los requisitos sobre las empresas y los consumidores. KQED reportó que desde entonces varias ciudades y condados han considerado moratorias o restricciones, mientras que Los Angeles Times citó una encuesta de julio del Public Policy Institute of California según la cual 73% de los residentes se oponía a construir un centro de datos en su comunidad.
El giro coincide con el resto de la agenda tecnológica del gobernador. Días antes, Newsom aceleró el marco de supervisión de IA y abrió el estudio de un posible mecanismo de apagado de emergencia para modelos de frontera, aunque esa orden no volvió obligatorio instalarlo, como contamos en nuestra cobertura anterior sobre la medida.
La industria advierte por costos y competitividad
En su comunicado, Newsom presentó las leyes como una forma de evitar que las familias californianas absorban los costos de la expansión y contrapuso la política estatal con la orientación desreguladora de la administración de Donald Trump. Reuters reportó que la Data Center Coalition respaldó en términos generales el crecimiento responsable, pero advirtió que los nuevos requisitos pueden generar incertidumbre, duplicar obligaciones y trasladar proyectos, empleos, inversiones en energía limpia e ingresos fiscales a estados vecinos.
El paquete no establece una moratoria estatal ni prohíbe los centros de datos. Cambia las condiciones para los proyectos nuevos y para las ampliaciones que requieran permisos, conexiones eléctricas o suministro de agua: sus promotores tendrán que demostrar cuánto consumirán, asumir costos de infraestructura y ofrecer datos que permitan a las autoridades decidir si el proyecto encaja con la red, el agua disponible y el territorio.
La aplicación concreta dependerá ahora de la CPUC, la Comisión de Energía de California, los proveedores de agua y los gobiernos locales. El efecto de las leyes se medirá cuando esas entidades conviertan los principios aprobados por la Legislatura en tarifas, formularios, planes y decisiones de permisos.
