TL;DR:
- México y Francia acordaron buscar nuevas adhesiones a su iniciativa conjunta sobre el derecho de veto.
- La propuesta cuenta con el respaldo de 120 Estados miembros, según la Cancillería mexicana.
- El compromiso sería voluntario y aplicaría ante genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
México y Francia reforzarán su campaña para limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando se cometan atrocidades masivas. El canciller mexicano Roberto Velasco y el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, acordaron buscar el respaldo de más países para una iniciativa que ya suma 120 adhesiones, pero que sigue dependiendo de la voluntad política de las cinco potencias con capacidad para bloquear resoluciones.
Velasco y Barrot hablaron por teléfono el 27 de julio de 2026 para revisar los acuerdos de cooperación derivados de la visita del presidente francés Emmanuel Macron a la presidenta Claudia Sheinbaum. La conversación también abordó la propuesta que ambos países promueven en Naciones Unidas.
“Asimismo, dialogaron ampliamente sobre los esfuerzos conjuntos para promover la iniciativa franco-mexicana para la restricción del uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en casos de atrocidades en masa y lograr la adhesión de más países a esta iniciativa”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La idea apunta al punto más sensible del Consejo de Seguridad: el poder que tienen China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, sus cinco miembros permanentes, para impedir la aprobación de una resolución aunque esta cuente con el respaldo de los demás integrantes.
Qué propone México para limitar el veto en la ONU
La iniciativa franco-mexicana pide a los cinco miembros permanentes que se abstengan voluntariamente de utilizar el veto cuando el Consejo de Seguridad deba responder ante:
- Genocidios
- Crímenes de lesa humanidad
- Crímenes de guerra a gran escala
- Otras atrocidades masivas
El objetivo es impedir que la rivalidad entre las grandes potencias paralice al órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales justo cuando existen violaciones graves del derecho internacional.
Hay un matiz importante. La propuesta no elimina el derecho de veto, tampoco obliga jurídicamente a las potencias ni plantea una reforma inmediata de la Carta de las Naciones Unidas. Su mecanismo central es un compromiso político de autorrestricción.
Eso hace que la iniciativa pueda sumar respaldo sin pasar primero por una compleja reforma institucional. También marca su principal límite: si un miembro permanente decide ignorar el compromiso, no existe una sanción automática que le impida vetar.
Una propuesta de 2015 que ya reúne 120 apoyos
México y Francia presentaron formalmente su declaración política en 2015, durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Desde entonces, ambos gobiernos han intentado ampliar el número de adhesiones y mantener la discusión abierta dentro del organismo.
El impulso ha ganado terreno en 2026. En mayo, Francia anunció la incorporación de 11 países africanos, lo que elevó entonces el respaldo a 118 Estados. La información divulgada por la Cancillería mexicana el 27 de julio sitúa ahora la cifra en 120 países.
La adhesión de más gobiernos aumenta la presión diplomática, pero el dato decisivo sigue estando entre los miembros permanentes. Francia respalda públicamente la autorrestricción y forma parte del grupo con derecho de veto. Estados Unidos, Rusia y China, en cambio, no han asumido el mismo compromiso.
Por qué el respaldo no garantiza que el Consejo actúe
El Consejo de Seguridad tiene 15 integrantes: cinco permanentes y diez elegidos por periodos de dos años. Para aprobar una resolución sustantiva necesita al menos nueve votos favorables y que ninguno de los cinco miembros permanentes ejerza el veto.
Esa estructura permite que una sola potencia frene una respuesta colectiva. La iniciativa impulsada por México y Francia intenta cerrar esa puerta en los casos más graves, pero lo hace mediante presión política y reputacional, no mediante una prohibición legal.
El número de países adheridos muestra que la propuesta dejó de ser una posición marginal. Aun así, su eficacia real dependerá de que las potencias acepten contener su propio poder cuando una crisis toque a sus aliados, sus operaciones militares o sus intereses estratégicos.
Para México, el nuevo impulso también refuerza una línea tradicional de su política exterior: apostar por soluciones multilaterales y por reglas que reduzcan la capacidad de las grandes potencias para bloquear decisiones colectivas.
La iniciativa ya tiene respaldo mayoritario entre los miembros de Naciones Unidas. El siguiente obstáculo es bastante más duro: convertir ese apoyo diplomático en una conducta efectiva de quienes tienen el veto y, por definición, menos incentivos para renunciar a él.
