El condado de Harris, en Texas, presentó el 26 de octubre de 2026 cambios para atender las alertas de sus tobilleras electrónicas las 24 horas, con prioridad en casos de violencia doméstica. La cobertura completa todavía depende de nuevas contrataciones y de una capacitación que tarda entre seis y siete meses.
El comisionado Adrian Garcia y la directora de Pretrial Services, Natalie Michailides, detallaron la ampliación en una conferencia recogida por KPRC y ABC13. Michailides informó de tres personas contratadas y 12 plazas pendientes, para un objetivo de 15 incorporaciones, según KPRC.
Commissioners Court, el órgano de gobierno del condado, aprobó los recursos en septiembre. KPRC cifra la partida en 1.4 millones de dólares; ABC13 la sitúa en 1.5 millones. Los reportes coinciden en que la plantilla sigue incompleta y aún no hay una fecha exacta para cubrir todas las plazas.
Del aviso electrónico a la respuesta policial
Según explicó Garcia, la empresa de monitoreo Sentinel notificará al juez ante una alerta de manipulación e intentará una videollamada con la persona supervisada. Si no obtiene respuesta, contactará directamente con la oficina del sheriff del condado, reportaron KPRC y ABC13.
El Houston Chronicle, por su parte, describió como preliminar el procedimiento para enviar agentes a comprobar el bienestar de las víctimas y reportó que continuaban las conversaciones sobre su aplicación. El aviso al sheriff y el despacho de una unidad son etapas distintas de la respuesta.
Garcia señaló que, con el esquema anterior, una posible infracción podía quedar sin atención hasta el siguiente día hábil. Las autoridades citadas por ABC13 contabilizaron unas 1,800 tobilleras activas en el condado y dijeron que no tenían a mano datos sobre la frecuencia con que se cortan los dispositivos.
Advocate funciona dentro de un programa autorizado
Las autoridades también presentaron Advocate como una herramienta para avisar a víctimas de violencia doméstica cuando la persona supervisada se acerca, según KPRC.
Sentinel explica que el sistema compara la ubicación del teléfono de la víctima con la del dispositivo GPS de la persona sometida a vigilancia judicial. Las zonas de exclusión pueden desplazarse con la víctima, y una aproximación que rebasa el límite establecido genera avisos a esta y a las autoridades.
El proveedor precisa que el acceso requiere registrarse como usuario autorizado después de una orientación de la autoridad supervisora. Por tanto, las notificaciones dependen de la incorporación al programa, además de la tecnología del teléfono.
"El monitoreo por GPS no puede prevenir todos los actos de violencia", advirtió Barbie Brashear, directora del Harris County Domestic Violence Coordinating Council, en la conferencia recogida por KPRC. También pidió mantener las inversiones en acompañamiento, vivienda y asistencia económica para las víctimas.
