Autoridades federales y estatales aseguraron en Tlaola, Puebla, una instalación con cerca de 300 GPU, un transformador, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital. El caso se investiga por una posible conexión irregular a infraestructura eléctrica cercana a la presa de Nuevo Necaxa y por el eventual uso de los activos virtuales para ocultar recursos de procedencia ilícita. El 13 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla añadió que también debe determinarse si autoridades municipales tuvieron algún vínculo o responsabilidad. Hasta ahora, la información pública no acredita que un cártel operara el sitio ni que la granja haya lavado dinero.
La instalación necesitaba electricidad y conexión constantes
El inmueble no contenía solo tarjetas gráficas. Los reportes describen una infraestructura eléctrica compuesta por un transformador de pedestal y cerca de 80 terminales de media tensión, además de ocho antenas de internet satelital. Ese conjunto apunta a un sitio preparado para mantener numerosos equipos conectados y activos durante periodos prolongados, aunque por sí mismo no identifica a sus operadores ni demuestra el destino de las criptomonedas generadas.
En este contexto, “minería” no significa extraer un mineral. Consiste en usar capacidad de procesamiento para realizar cálculos y validar operaciones dentro de determinadas redes de activos digitales, a cambio de posibles recompensas. Las GPU pueden ejecutar muchos cálculos en paralelo, pero también generan calor y demandan electricidad, dos factores que ayudan a explicar la elección de un inmueble remoto.
Francisco Sánchez González, titular de la SSP de Puebla, explicó que este tipo de instalaciones produce ruido y consume grandes cantidades de energía. La ubicación apartada de las comunidades fue una de las características que las autoridades tomaron en cuenta durante el seguimiento del caso.
El robo de energía es el foco principal de la investigación
El País reportó que la instalación estaba conectada presuntamente de forma irregular a una presa del complejo hidroeléctrico federal Nuevo Necaxa. La Comisión Federal de Electricidad participa en las averiguaciones junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina. Reuters también informó que las autoridades analizan si la granja tomaba electricidad de infraestructura cercana a la presa.
El inmueble y los equipos quedaron bajo resguardo de la autoridad competente. La investigación debe establecer quién instaló y operaba el centro, cuánto tiempo funcionó, cómo se obtuvo la energía y si los activos virtuales fueron utilizados en alguna operación con recursos de procedencia ilícita.
La diferencia es relevante. La presencia de GPU y la actividad de procesamiento no prueban por sí solas un delito; el expediente debe acreditar la posible conexión irregular y cualquier conducta financiera asociada. Los reportes consultados describen esas dos líneas como hipótesis de investigación, no como conclusiones judiciales.
El posible vínculo con cárteles todavía es una hipótesis
El caso adquirió una dimensión internacional porque las criptomonedas pueden aparecer en investigaciones de lavado de dinero y otros delitos financieros. Reuters citó al analista de seguridad David Saucedo, quien consideró que una operación de este tamaño habría requerido conocimientos técnicos y respaldo económico de un grupo con capacidad financiera, como un cártel poderoso. Esa es una valoración del especialista, no una confirmación de que un grupo criminal controlara la instalación de Tlaola.
La Fiscalía General de la República no hizo comentarios a Reuters debido a que la investigación sigue abierta. Tampoco se ha informado públicamente de un cártel específico como responsable de la granja. El 13 de septiembre, Sánchez González declaró que debe investigarse si la policía municipal o el gobierno de Tlaola tuvieron algún vínculo o responsabilidad, debido a que el sitio no fue detectado por esas autoridades. Esa posible responsabilidad también está por determinarse y no equivale a una acusación formal.
Como contexto global, Reuters citó a Chainalysis, firma de análisis de cadenas de bloques, que estimó que las direcciones vinculadas con actividad criminal recibieron 154,000 millones de dólares en 2025, frente a 59,000 millones en 2024. La cifra incluye transacciones relacionadas con evasión de sanciones y no demuestra que los activos de Tlaola hayan sido usados de esa manera.
Puebla ya suma varios hallazgos en la zona
Reuters reportó que la instalación de Tlaola es la cuarta granja de este tipo localizada en la zona desde inicios de 2025. El País señaló que durante 2025 se detectaron otros tres centros entre Puebla y Tlaxcala. La SSP estatal también adelantó que ampliará las pesquisas a municipios cercanos para buscar instalaciones similares.
El patrón que se repite es el de sitios alejados, con demanda eléctrica elevada y suficiente infraestructura de conectividad. Eso puede dificultar la supervisión cotidiana, pero no resuelve la pregunta central del expediente: quién financió el montaje y qué ocurrió con los activos digitales que pudo haber generado.
Por ahora, el hecho comprobado es el aseguramiento de la infraestructura en Tlaola. La FGR todavía debe determinar quién la operaba, si hubo robo de electricidad y si existió un esquema de lavado o financiamiento ilícito; el vínculo con cárteles no ha sido acreditado públicamente.
