El Congreso de Veracruz, durante una sesión extraordinaria realizó una votación especial para definir si dos alcaldes perderían el fuero. El resultado de la votación fue 40 votos a favor y 8 en contra, por lo que los alcaldes Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, ahora han quedado desaforados.
Esta determinación hace que ambos alcaldes ahora puedan ser investigados por la FGE, Fiscalía General del Estado, con total libertad y sin las limitantes que su cargo en gobernación les otorgaría.

Decisión del desafuero
La Comisión Instructora presentó el dictamen correspondiente, puesto que consideró que existen los elementos necesarios para considerar que los dos alcaldes deben enfrentar el proceso legal, y para ello se necesitaba retirarle el fuero a cada uno.
Ambos alcaldes son investigados por estar supuestamente relacionados con secuestro y asesinato.

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, está acusado por supuestamente estar relacionado con el secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Este alcalde no acudió al Congreso durante la votación.
El alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, es acusado por participar supuestamente en la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres, ocurrido el 26 de mayo de 2026. En este caso, Bravo sí asistió al Congreso, pero abandonó el edificio legislativo antes de que se realizara la votación, no sin antes asegurar que es inocente de lo que se le acusa.
“No tengo nada que temer porque no soy un delincuente ni nada, yo soy inocente”, afirmó ante medios de comunicación.

Pero tendrá que probarse en los juzgados si es que el proceso de investigación concluye que hay suficientes elementos para llevarlos a ambos ante la ley, con una acusación formal sobre lo que ahora apenas es un supuesto. Pero si no hubiera suficientes elementos para pensar que son culpables, no se les hubiera intentado, y logrado, quitar el fuero.
Antes de realizarse la votación para decidir si se les quitaría el fuero, que se realizó a puerta cerrada en el Congreso de Veracruz, los abogados de cada alcalde en cuestión, se encontraban en el Congreso, y expusieron que analizaban buscar amparos ante la justicia federal, ya que querían evitar detenciones en caso de que se realizara el retiro de los fueros, que les quitaría la protección constitucional.
“La Fiscalía está en condiciones de solicitar una orden de aprehensión; estamos trabajando en un amparo”, publicó Izaskún Moreno, representante legal de Raúl González Martínez.

El propio Izaskún Moreno aseguró que toda esta cuestión es un asunto político, desestimando la veracidad de las acusaciones que vinculan a los alcaldes con tales delitos.
Una vez que se realizó la votación y el retiro de los fueros, aunque había presencia de la FGE, no se realizaron detenciones de ninguno de los dos alcaldes, que se encontraban ya lejos de la sede para esos momentos. De ahí la razón de que abandonaran el Congreso antes de realizarse la votación.