El gobierno de Estados Unidos pidió este jueves 24 de septiembre de 2026 al Tribunal General de la Unión Europea que le permita intervenir a favor de X y de Elon Musk, que buscan anular la multa de 120 millones de euros (unos 136 millones de dólares) que la Comisión Europea impuso a la red social en diciembre de 2025. Es la primera sanción de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y, según el Departamento de Justicia, el primer caso contra una medida de ese tipo que llega a ese tribunal. Su queja central no toca las faltas de transparencia que motivaron el castigo: acusa a Bruselas de haber extendido la responsabilidad a Musk como persona y a otras empresas suyas sin relación con X.
Qué le reprocha Washington a Bruselas
La solicitud se presentó en dos expedientes ante el tribunal con sede en Luxemburgo: el de X Internet y X Holdings contra la Comisión (T-114/26) y el de Musk contra la Comisión (T-121/26). El Departamento de Justicia la preparó junto con el Departamento de Estado, por lo que considera un interés amplio en proteger a las empresas estadounidenses de la aplicación extraterritorial de normas extranjeras.
"La Comisión Europea intentó de forma inapropiada ampliar su autoridad regulatoria para alcanzar a empresas estadounidenses que no están presentes ni operan dentro de su jurisdicción", dijo Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia.
El argumento de fondo tiene que ver con la forma en que se calculó y repartió la multa. Según el comunicado, la Comisión impuso la sanción de manera solidaria y la basó en la facturación mundial anual de la unidad económica que controla Musk, o en la de X Holdings Corp. Para Washington, ese enfoque choca con el principio del "velo corporativo", que en general impide mirar detrás de una estructura empresarial para actuar contra sus accionistas. El texto subraya que la decisión alcanzó a Musk como particular y a entidades estadounidenses de su propiedad que, sostiene, no tienen conexión con los servicios digitales en cuestión.
Shumate fue más allá: aseguró que su gobierno no tolerará que la Comisión caiga en una extralimitación regulatoria para intentar controlar a los motores estadounidenses de innovación y crecimiento económico.
La multa castigó tres fallas de transparencia
La Comisión anunció la sanción el 5 de diciembre de 2025, tras una investigación abierta dos años antes. Según su decisión, reportada por AP, X incumplió la DSA en tres frentes. El primero, la marca azul: desde que Musk compró la plataforma en 2022, cualquiera puede obtenerla pagando 8 dólares al mes, sin una verificación real de quién está detrás de la cuenta, lo que a juicio de Bruselas expone a los usuarios a estafas y manipulación. El segundo, el repositorio de anuncios, que obstaculizaba el análisis con barreras de acceso y demoras excesivas. El tercero, los obstáculos para que investigadores accedan a datos públicos de la plataforma.
"Engañar a los usuarios con marcas azules, ocultar información sobre anuncios y dejar fuera a los investigadores no tiene cabida en internet en la UE. La DSA protege a los usuarios", dijo entonces Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.
La DSA permite multas de hasta el 6% de la facturación mundial anual de una empresa, de acuerdo con AFP. Ese techo es el que vuelve relevante la discusión sobre qué patrimonio cuenta como la empresa sancionada.
X ya corrigió, pero sigue en el tribunal
X, cuya sede europea está en Irlanda, apeló en febrero con el argumento de que la multa violó su derecho al debido proceso, informó AFP. Al mismo tiempo, se movió para cumplir: en julio, la Comisión aceptó su plan para corregir las infracciones, que amplía el acceso de los investigadores a datos como los de publicidad y queda sujeto a una auditoría independiente. La red social también cambió la etiqueta de sus marcas azules de "verificado" a "premium".
Por eso lo que queda en juego en Luxemburgo va más allá del caso de X. El Departamento de Justicia advierte que, si se confirma el criterio de la Comisión, habría consecuencias para las "plataformas en línea de muy gran tamaño" que operan en la UE, muchas de ellas con matriz en Estados Unidos.
Un pleito que ya había escalado a lo diplomático
La multa abrió desde el primer día un frente político. El secretario de Estado, Marco Rubio, la calificó en diciembre como un ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y contra el pueblo de Estados Unidos. Semanas después, el Departamento de Estado anunció sanciones contra cinco personas, entre ellas el excomisario europeo Thierry Breton. Bruselas ha rechazado que la ley sirva para censurar: su portavoz Thomas Regnier dijo en diciembre que la Comisión no apunta contra ninguna empresa ni jurisdicción por su país de origen y que la decisión salió de un proceso democrático.
La ofensiva contra la regulación digital extranjera tampoco se limita a Europa: Washington también tachó de censura el plan de Australia para que los usuarios puedan apagar el algoritmo de sus redes.
El siguiente paso le toca al Tribunal General, que debe decidir si admite a Estados Unidos en el proceso; el comunicado del Departamento de Justicia no menciona un plazo. Si entra, Washington defenderá ante un tribunal europeo una tesis que, de prosperar, limitaría cuánto puede cobrar Bruselas a los grandes grupos tecnológicos y a quién puede hacer responsable.
