El caso La Rose contra Canadá llega este 26 de octubre de 2026 a juicio ante el Tribunal Federal en Vancouver. Sus 15 demandantes sostienen que la respuesta del gobierno al cambio climático vulnera sus derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal. Buscan una orden que obligue a preparar y ejecutar un plan de reducción de emisiones acorde con la ciencia.
El calendario oficial del tribunal prevé 19 jornadas de juicio entre el 26 de octubre y el 4 de diciembre de 2026. El proceso examinará una reclamación constitucional que los jóvenes presentaron originalmente en 2019.
Los testimonios personales forman parte del caso. Sadie Vipond relató a Inside Climate News que su familia tuvo que evacuar su vivienda en Calgary durante las inundaciones de 2013. Los demandantes alegan que el calentamiento ya afecta su salud, sus comunidades y sus posibilidades de desarrollar actividades culturales.
La demanda busca un plan con supervisión judicial
El escrito modificado del 13 de enero de 2025 concentra la impugnación en la Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act, la ley federal de rendición de cuentas sobre emisiones netas cero, y el plan de reducción para 2030 elaborado bajo esa norma. Los jóvenes sostienen que ambas medidas mantienen una trayectoria de emisiones incompatible con la protección de sus derechos.
Piden que el tribunal declare esa vulneración y reconozca una obligación constitucional de mantener las emisiones canadienses en una trayectoria compatible con un clima capaz de sostener la vida y la seguridad de las personas. También solicitan que ordene desarrollar y aplicar un plan de recuperación climática y les permita volver a la corte si el gobierno no cumple en un plazo razonable.
El alcance actual es más concreto que el de la demanda inicial. Según la revisión jurídica de Catherine Savard publicada por el Centro Sabin de Columbia, la apelación de 2023 permitió reformular la reclamación basada en el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Mantuvo el rechazo de la reclamación de igualdad del artículo 15.
El vínculo entre las políticas y los daños debe probarse
Savard identifica dos cuestiones centrales: si el artículo 7 exige al Estado actuar para proteger esos derechos frente al cambio climático y si existe una conexión causal suficiente entre las medidas federales impugnadas y los daños alegados. La obligación de actuar que reclaman los jóvenes sigue siendo una cuestión por resolver.
La defensa federal, según ese análisis de su escrito de contestación, rechaza que la jurisprudencia respalde esa obligación y cuestiona que se haya establecido el vínculo causal. Argumenta que la propia ley busca reducir las emisiones. El juicio deberá examinar esas objeciones junto con la evidencia de los demandantes.
Una orden del juez Simon Fothergill, emitida el 17 de junio de 2026, autorizó a los jóvenes a presentar ocho peritos. Entre ellos figuran los climatólogos Kirsten Zickfeld y Simon Donner, autores de informes del IPCC. Los dictámenes previstos abarcan ciencia climática, salud infantil, impactos en pueblos indígenas y viabilidad de la transición energética.
Esa prueba permitirá examinar cómo las trayectorias de emisiones se relacionan con los daños denunciados y qué alternativas existen. Si los demandantes obtienen las medidas que solicitan, el gobierno tendría que ejecutar un plan climático sujeto a la posibilidad de una nueva revisión judicial por incumplimiento.
