Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron el 26 de octubre de 2026 un fiscal especial para investigar los presuntos vínculos delictivos de Donald Trump con Jeffrey Epstein y la gestión de los expedientes por el Departamento de Justicia. La Casa Blanca negó las acusaciones.
El informe de 53 páginas, difundido por Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango del comité, reúne relatos relacionados con 11 mujeres. Según sus autores, cinco acusan directamente a Trump de violación o agresión sexual en compañía o presencia de Epstein. AFP informó que el presidente no enfrenta cargos penales relacionados con el caso.
La portavoz de la Casa Blanca Lauren Bis rechazó las acusaciones y atribuyó la publicación a una maniobra electoral demócrata, según la declaración recogida por TIME.
El relato ampliado y sus límites
Una de las novedades es la versión que la modelo suiza Beatrice Keul dio al personal del comité. Según el informe, afirmó que Trump la violó en una suite del hotel Plaza de Nueva York en noviembre de 1993, cuando tenía 24 años.
La nota al pie 49 precisa que esa sección se basa exclusivamente en conversaciones entre Keul y el personal del comité durante varias semanas. También reconoce que su relato público anterior describía un intento de violación que ella había logrado detener.
Los autores presentan coincidencias con otros testimonios sobre el certamen y las promesas de ayuda profesional como respaldo de su credibilidad. TIME señaló que no pudo verificar de forma independiente los detalles del relato de Keul.
Quién puede nombrar al fiscal especial
Los demócratas acusan a Justicia de retener información y obstaculizar las pesquisas sobre posibles cómplices de Epstein. Piden que la investigación abarque también la actuación del departamento, encabezado por Todd Blanche, quien antes fue abogado personal de Trump.
El reglamento federal, en el apartado 600.1 del título 28, atribuye el nombramiento al fiscal general o a quien lo sustituya si se aparta del asunto. Exige determinar que una investigación penal está justificada, que existe un conflicto de interés u otra circunstancia extraordinaria y que designar a un fiscal externo sirve al interés público.
La autonomía tiene límites definidos. El apartado 600.7 excluye la supervisión cotidiana de Justicia, pero permite al fiscal general revisar determinadas decisiones y frenar actuaciones que considere improcedentes conforme a las prácticas del departamento. Por tanto, la figura solicitada mantendría una relación de supervisión con la institución cuestionada.
Justicia rechaza el señalamiento de encubrimiento
En una declaración recogida por NBC News, Justicia sostuvo que cumplió la ley de transparencia sobre los archivos de Epstein y ofreció a los congresistas consultar documentos sin tachaduras. Afirmó que las acusaciones habían sido investigadas por agentes y rechazó el informe por considerarlo engañoso.
La petición llega antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Según NBC News, recuperar una mayoría permitiría a los demócratas impulsar citaciones y exigir documentos sin depender del apoyo republicano. Ese cambio ampliaría su capacidad de supervisión parlamentaria; la designación de un fiscal especial seguiría correspondiendo a Justicia.
