TL;DR:
- La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó por 2 votos contra 1 el bloqueo al requisito de monitoreo y filtrado de la SCOPE Act de Texas: la Sección 230 lo desplaza.
- El mismo panel anuló por unanimidad la otra orden judicial, así que las reglas sobre anuncios dirigidos a menores, anuncios de productos prohibidos y verificación de edad quedan sin freno.
- Los jueces se negaron a decidir si la ley viola la Primera Enmienda, de modo que la pelea constitucional sigue abierta.
Las redes sociales no tendrán que rastrear y filtrar lo que ven los adolescentes de Texas. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. resolvió este viernes 24 de julio de 2026 que ese requisito de la SCOPE Act, la ley estatal HB 18, choca con la Sección 230 de la Communications Decency Act, la norma federal que impide tratar a una plataforma como responsable de lo que publican sus usuarios. La jueza Dana M. Douglas firmó la opinión y la acompañó Patrick Higginbotham; James C. Ho votó en contra de esa parte. El mismo fallo le devuelve terreno a Texas: anula la orden que congelaba las reglas de publicidad dirigida a menores y de verificación de edad, porque los demandantes que las impugnaron no acreditaron legitimación para hacerlo.
La SCOPE Act (HB 18) es una ley texana vigente desde el 1 de septiembre de 2024 que obliga a los proveedores de servicios digitales a proteger a los menores identificados en sus plataformas. El paquete tiene cinco piezas y el fallo las trata por separado:
- Monitoreo y filtrado: implementar una estrategia para evitar que los menores vean "material dañino" y contenido que promueva, glorifique o facilite suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, abuso de sustancias, acoso, hostigamiento, grooming o explotación sexual.
- Registro de edad: pedir la edad del usuario antes de crear una cuenta.
- Anuncios dirigidos: prohibido mostrar publicidad segmentada a un menor sin consentimiento de un padre verificado.
- Anuncios ilegales: esfuerzo comercialmente razonable para impedir que los anunciantes ofrezcan a menores productos o actividades ilegales en el estado.
- Verificación de edad: los servicios cuyo contenido sea en más de un tercio material dañino u obsceno deben confirmar que quien entra es mayor de 18 años.
Quien vigila el cumplimiento es la División de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Texas, y los padres de un menor afectado pueden pedir a un juez una declaración o una orden contra la plataforma. La ley exime a los sitios de noticias, deportes y comercio con funciones sociales apenas incidentales.
La Sección 230 resolvió el caso y la Primera Enmienda quedó intacta
El juez federal Robert Pitman, en Austin, había frenado el filtro el 30 de agosto de 2024 con tres argumentos: la norma no supera el escrutinio estricto, es vaga y está desplazada por la ley federal. El Quinto Circuito se quedó solo con el tercero. Es una diferencia práctica enorme. Un fallo constitucional habría cerrado la puerta a cualquier ley estatal parecida; uno de preempción deja el resultado colgado de un estatuto de 1996 que el Congreso puede reformar cuando quiera.
La mayoría razonó que exigir a una plataforma que monitoree, revise y borre publicaciones es pedirle exactamente lo que hace un editor, y que castigarla por no hacerlo bien la trata como editora de contenido ajeno. Eso es justo lo que la Sección 230 prohíbe. Douglas admitió que la conclusión incomoda:
"Reconocemos con franqueza que esta decisión, aunque no hace más que aplicar sin adornos los precedentes de nuestra corte, puede alimentar el temor de que la Sección 230 funcione demasiado a menudo como una 'tarjeta para salir libre de la cárcel', que inmuniza a las empresas de redes sociales frente a todas las consecuencias del funcionamiento de sus productos, salvo las más flagrantes." Dana M. Douglas, jueza del Quinto Circuito
El fiscal general Ken Paxton intentó un atajo apoyado en Moody v. NetChoice, la sentencia de la Corte Suprema de 2024 que reconoció que curar un feed es expresión propia de la plataforma. Si el algoritmo es voz de la empresa, argumentó, entonces la ley no la está tratando como editora de terceros. La mayoría no compró la idea y respondió que las dos protecciones conviven sin problema: la Primera Enmienda blinda el criterio editorial frente al gobierno y la Sección 230 lo blinda frente a demandas civiles por contenido de usuarios.
El voto disidente abre una grieta que puede terminar en la Corte Suprema
James C. Ho aceptó anular parte de la orden, pero habría levantado el bloqueo completo. Su tesis es la distinción entre publicar y curar: la Sección 230 cubre lo primero, no lo segundo, y la SCOPE Act, según su lectura, no castiga a nadie por lo que suben los usuarios sino por cómo la empresa organiza ese material.
"Para usar una analogía, cuando un niño se porta mal, eso no significa (necesariamente) que el padre haya fallado." James C. Ho, juez del Quinto Circuito
No es una postura aislada. Ho se apoya en Anderson v. TikTok, donde el Tercer Circuito sostuvo en 2024 que el algoritmo de recomendación es expresión propia de la plataforma y queda fuera del paraguas de la Sección 230. La mayoría del Quinto Circuito le dedicó una nota al pie para decir que ese criterio inaugura un camino nuevo y parte de una premisa equivocada. Dos cortes federales de apelación leyendo la misma frase de 1996 de manera distinta es el tipo de desacuerdo que suele terminar en la Corte Suprema.
Los anunciantes son los que sí sienten el cambio
La segunda demanda la llevaron Students Engaged in Advancing Texas (SEAT), un estudiante de 16 años, la agencia de publicidad Ampersand Group y el creador Brandon Closson. El panel resolvió por unanimidad que ninguno tiene legitimación, porque la ley no los regula a ellos sino a las plataformas, y nadie demostró que las empresas vayan a filtrar justamente su contenido. La corte calificó de inherentemente especulativo que sus publicaciones lleguen a activar una sanción.
La prueba más fuerte que ofrecieron fue la declaración de un directivo de YouTube, quien advirtió que para cumplir la ley la plataforma podría verse obligada a moderar de más. Los jueces contestaron que decir lo que una empresa podría hacer no demuestra lo que hará.
El efecto práctico es concreto:
- El filtro de contenido sigue frenado, ahora con respaldo de la corte de apelaciones.
- El registro de edad nunca estuvo bloqueado y continúa vigente.
- Las reglas sobre anuncios dirigidos y anuncios de productos ilegales se quedan sin la orden que las congelaba.
- El reclamo contra la verificación de edad quedó cerrado tras Free Speech Coalition v. Paxton, el fallo de la Corte Suprema de 2025 que avaló un requisito equivalente para sitios pornográficos.
Ampersand, agencia con base en Austin, ya había contado al tribunal que desde que la ley entró en vigor dejó de perseguir presupuestos para campañas dirigidas a adolescentes, incluida una para la organización de seguridad escolar Sandy Hook Promise. Ese cálculo vuelve a la mesa para cualquier marca o agencia que compre pauta hacia audiencias jóvenes en Texas, uno de los estados con mayor población hispana del país. Y la fiscalía ya demostró que la ley no es decorativa: mantiene un procedimiento abierto contra TikTok por la HB 18, aunque por otras disposiciones.
Preguntas rápidas sobre la SCOPE Act
¿La SCOPE Act de Texas quedó anulada?
No. La corte de apelaciones solo mantuvo bloqueado el requisito de monitoreo y filtrado de contenido para menores, por preempción de la Sección 230. El resto de la ley, incluido el registro de edad obligatorio antes de abrir una cuenta, sigue en pie y la Fiscalía de Texas puede aplicarlo.
¿Texas ya puede exigir consentimiento de los padres para los anuncios dirigidos a menores?
La orden judicial que frenaba esa regla quedó sin efecto porque los demandantes carecían de legitimación, no porque un tribunal la haya validado en el fondo. El expediente regresa al juzgado federal de Austin, donde pueden volver a intentarlo con pruebas más firmes.
El caso vuelve ahora al tribunal de primera instancia y el propio fallo deja abierta la puerta a que la falla de legitimación se corrija con mejor evidencia. Mientras tanto, ninguna corte ha dicho todavía si obligar a las redes a filtrar lo que ven los menores viola la Constitución, y hasta que alguna lo diga, cada estado que copie el modelo texano va a chocar primero contra la misma ley federal de 1996.
