TL;DR:
- Siete senadores demócratas rechazaron el nuevo texto de la Clarity Act publicado el 22 de julio de 2026; sin ellos no hay 60 votos en el Senado.
- La minoría del Comité Bancario enumeró cinco huecos legales que dejarían intactos los ingresos cripto de Trump, unos 1,400 millones de dólares solo en 2025.
- La Casa Blanca rechaza dos de las objeciones y la industria presiona para votar antes del receso de agosto.
Siete senadores demócratas cuyo voto necesitan los republicanos rechazaron el nuevo texto de la Clarity Act, la ley que fijaría las reglas del mercado de activos digitales en Estados Unidos, porque su capítulo de ética sigue sin cerrar el conflicto de interés del presidente Donald Trump. El borrador, publicado el 22 de julio de 2026 y negociado entre la Casa Blanca y los senadores republicanos Cynthia Lummis (Wyoming) y Bernie Moreno (Ohio), prohibiría al presidente, al vicepresidente, a legisladores, a jueces federales y a sus cónyuges emitir o patrocinar activos digitales a cambio de una remuneración mientras ocupen el cargo. La minoría demócrata del Comité Bancario del Senado respondió con un análisis que enumera cinco huecos por los que, sostiene, el presidente podría seguir cobrando igual. Sin al menos siete demócratas, el proyecto no alcanza los 60 votos que necesita.
La Clarity Act es el proyecto federal que repartiría la supervisión del mercado de activos digitales entre la SEC y la CFTC, fijaría reglas para intermediarios y exchanges y añadiría disposiciones sobre autocustodia y finanzas ilícitas. La Cámara de Representantes aprobó su versión en julio de 2025 por 294 votos contra 134, y el Comité Bancario del Senado sacó adelante la suya en mayo por 15 a 9, con dos demócratas cruzando la línea. Lo que trabó la negociación esta semana no fueron los artículos técnicos. Fue el capítulo de ética: quién puede lucrar con criptomonedas desde un cargo público y quién puede cobrárselo.
El texto nuevo obliga a los funcionarios cubiertos a vender sus criptoactivos o meterlos en fideicomisos ciegos que no controlen, exige reportar cualquier venta superior a 1,000 dólares y le da al Departamento de Justicia facultades de aplicación civil, incluida la posibilidad de demandar a los exchanges que listen tokens prohibidos. La restricción tampoco es permanente: vence el 20 de enero de 2029, el día en que termina el mandato presidencial.
Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en el Comité Bancario, sostiene que el texto no impide que Trump sume otros 1,400 millones de dólares en ganancias cripto y que, aunque lo hiciera, no habría quién se lo cobrara. Su declaración oficial cierra sin matices:
"Este proyecto debería estar muerto de entrada".
Los cinco huecos que denuncia la minoría demócrata
El equipo de Warren publicó un documento de dos páginas que desglosa por dónde, a su juicio, seguiría entrando el dinero:
- Los ingresos que llegan por intermediarios y acuerdos de licencia ligados a World Liberty Financial, incluidas ventas de tokens, reservas de stablecoins y regalías, quedarían fuera del alcance de la prohibición.
- Un negocio nuevo podría lanzarse a nombre de familiares o de una empresa afiliada, sin que el presidente aparezca como emisor ni patrocinador.
- El texto establece que quien ya usa el nombre o la imagen del presidente no se considera en falta si sigue acuñando o vendiendo activos, lo que mantendría vivo el flujo del memecoin $TRUMP.
- Nada le impediría comprar, mantener o negociar criptomonedas sin límite mientras firma políticas y regulaciones que mueven el precio de esos mismos activos.
- La aplicación quedaría solo en manos del Departamento de Justicia mientras Trump esté en el cargo, con los fiscales generales estatales y los particulares expresamente excluidos, y una cláusula de caducidad que impediría a la siguiente administración perseguir esas violaciones.
Según ese análisis, basado en las declaraciones financieras del presidente, Trump reportó 799 millones de dólares provenientes de World Liberty Financial y 636 millones del memecoin $TRUMP durante 2025, además de al menos 100 millones en bitcoin y ether. El total de sus negocios cripto ese año rondó los 1,400 millones de dólares.
La pelea de fondo es quién puede aplicar la ley
Patrick Witt, asesor de la Casa Blanca en temas cripto, escribió el 22 de julio en X que la discusión quedó reducida a dos puntos: si los fiscales generales estatales deben poder hacer cumplir las normas de ética y si la ley debe alcanzar la actividad cripto anterior del presidente. Sobre el primero argumentó que dejarlos fuera es consistente con las leyes federales de ética que ya existen, porque ninguna de ellas se aplica por esa vía.
Democrat opposition to the historic ethics provision in the Clarity Act appears to take one of two forms, either:
— Patrick Witt (@patrickjwitt) July 22, 2026
(1) An ethics provision that lacks enforcement by state AGs is meaningless.
(2) An ethics provision that does not penalize President Trump for prior crypto…
La senadora Angela Alsobrooks, una de las dos demócratas que votaron a favor en comisión en mayo, calificó de descabellada y poco seria la idea de dejar la aplicación exclusivamente en manos del Departamento de Justicia. Amanda Fischer, de la organización Better Markets, apuntó a la letra chica: el borrador no obliga a desinvertir de inmediato, deja fuera a los hijos de los funcionarios y no cubre con claridad los ingresos por comisiones de operación ni por activos de reserva. Además exige probar que la falta se cometió a sabiendas y de forma deliberada antes de que el Departamento de Justicia pueda imponer sanciones civiles, un estándar que en su lectura vuelve mucho más difícil cualquier caso.
Del lado republicano el argumento corre al revés: sus defensores describen estas cláusulas como las restricciones federales más severas que se hayan propuesto para activos digitales, con penas que llegan al decomiso de las ganancias prohibidas. El New York Times, cuyo reporte retomó la revista Inc., recogió las dos lecturas que hoy dominan Washington. Cody Carbone, director ejecutivo de una asociación de la industria cripto, dijo al diario que la ética se volvió el asunto más importante para los demócratas y la bisagra de todo el apoyo bipartidista. Scott Greytak, de Transparency International U.S., respondió que la versión republicana deja los negocios, los flujos de ingresos y los arreglos familiares del presidente prácticamente intactos.
La industria pide firmar ya y el calendario aprieta
Para las empresas del sector, tumbar la ley por el capítulo de ética significa quedarse otra temporada sin reglas. Stuart Alderoty, director jurídico de Ripple, defendió el texto por sus obligaciones antilavado y por las herramientas que da a las autoridades:
"Lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno".
Brad Garlinghouse, director ejecutivo de Ripple, respaldó la frase de su abogado. Brian Armstrong, de Coinbase, sostuvo que el proyecto es un acuerdo bipartidista real y que ya está listo para votarse en el pleno, y advirtió que sin marco federal parte de la industria seguirá operando fuera del alcance regulatorio estadounidense. Miles Jennings, de la división cripto de a16z, planteó el mismo cálculo: si la negociación se cae, se caen con ella las reglas para exchanges, intermediarios y finanzas ilícitas.
Ese argumento tiene lectura directa para quien opera desde México, España o cualquier país de América Latina. La Clarity Act define el reglamento del mercado más grande del mundo y, con él, el estándar de cumplimiento de plataformas que también dan servicio fuera de Estados Unidos. En abril, más de 120 organizaciones del sector, entre ellas Ripple, Coinbase, Kraken y Circle, le pidieron al Senado que actuara.
Los demócratas que negocian rechazan la idea de que oponerse hoy equivalga a conservar el estatus quo: dicen que todavía hay tiempo de endurecer el texto antes de aprobar un marco que después será difícil de corregir. Los mercados de predicción, mientras tanto, se enfriaron. Las probabilidades de aprobación este año superaban el 70% tras el voto en comisión y cayeron a alrededor del 31% esta semana, según CryptoPotato. Chris Giancarlo, expresidente de la CFTC, calcula más de 50% de posibilidades de que la Clarity Act termine fracasando, aunque considera que la SEC y la CFTC ya construyeron marcos que sostienen al sector aun sin la ley.
El conteo tampoco está cerrado del lado republicano. Thom Tillis pidió más cambios en materia de ética antes de dar su voto y John Kennedy tiene reparos con otras partes del texto, entre ellas las recompensas de stablecoins.
Preguntas rápidas sobre la Clarity Act
¿Qué es la Clarity Act?
Es el proyecto de ley federal que repartiría la supervisión del mercado de activos digitales en Estados Unidos entre la SEC y la CFTC, fijaría reglas para intermediarios y exchanges y añadiría disposiciones sobre autocustodia y finanzas ilícitas. La Cámara de Representantes aprobó su versión en julio de 2025 por 294 votos contra 134.
¿Qué le prohibiría a Trump el nuevo texto?
El borrador del 22 de julio de 2026 prohíbe al presidente, al vicepresidente, a legisladores, jueces federales y sus cónyuges emitir o patrocinar activos digitales a cambio de una remuneración mientras ocupen el cargo, y los obliga a vender sus criptomonedas o colocarlas en fideicomisos ciegos. La restricción vence el 20 de enero de 2029.
¿Cuándo se vota la Clarity Act en el Senado?
No hay fecha fijada. Los republicanos apuntan a votarla antes del receso de agosto, pero necesitan al menos siete demócratas para llegar a los 60 votos y los siete que negociaban rechazaron el borrador actual. Los mercados de predicción daban alrededor de 31% de probabilidad de aprobación esta semana, según CryptoPotato.
Estados Unidos sigue sin un marco federal para el mercado que fija el precio de referencia de las criptomonedas en el mundo, y cada semana sin votación acerca el receso de agosto y, detrás, la campaña de las elecciones intermedias de noviembre. La ley que la industria lleva un año pidiendo depende hoy de una discusión sobre quién tiene facultades para sentar a un presidente frente a un juez.
