TL;DR:
- Rubén Rocha Moya publicó un pronunciamiento el 9 de julio de 2026 en el que asegura que no ha salido de su casa en Culiacán desde el 1 de mayo y que ninguna corporación federal lo resguarda.
- La FGR informó el 8 de julio que la solicitud estadounidense no alcanza el mínimo probatorio que exige la ley mexicana; investiga a diez personas por la petición de detención con fines de extradición.
- Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad desmintieron que el Ejército lo tenga escondido en instalaciones militares.
Rubén Rocha Moya rompió el silencio. El gobernador con licencia de Sinaloa publicó este jueves 9 de julio de 2026 un pronunciamiento en su cuenta de X donde asegura que no se ha movido de su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo y que ningún elemento federal lo protege. El texto responde a dos columnas aparecidas esa misma mañana: la de Carlos Loret de Mola en El Universal, titulada "El operativo", y la de Raymundo Riva Palacio en El Financiero, "¿Dónde está Rocha Moya?", que afirmaron que el Ejército lo tenía resguardado en instalaciones militares. El Gabinete de Seguridad respondió con una tarjeta informativa: "Ambas versiones son absolutamente falsas". El pleito por su paradero, sin embargo, es apenas la superficie de un expediente mayor. Estados Unidos pidió a México detenerlo con fines de extradición por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
En su mensaje, Rocha Moya cuenta que pidió licencia para quedarse sin fuero constitucional y que compareció ante la Fiscalía General de la República, donde respondió a las preguntas del Ministerio Público Federal. Sobre la versión de Loret de Mola fue tajante.
"No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna", escribió Rubén Rocha Moya.
Habla de una "atroz embestida mediática de calumnias", califica de falsas las imputaciones formuladas por una oficina del gobierno estadounidense y atribuye el ataque a la ultraderecha, con la intención, dice, de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación.
El Gabinete de Seguridad desmiente el operativo militar
La respuesta oficial llegó temprano y sin matices. El Gabinete de Seguridad que coordina Omar García Harfuch negó que alguna de sus instituciones haya montado un operativo para mover u ocultar al gobernador con licencia, y descartó que este se encuentre o haya estado en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación castrense del país.
En la conferencia matutina del 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue igual de directa.
"El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal", dijo Claudia Sheinbaum.
La mandataria agregó que su gobierno no defiende a nadie, pero tampoco acepta señalamientos sin sustento, y recordó que Washington ha recurrido en otras ocasiones a la acusación de vínculos con el narcotráfico como herramienta de presión política sobre gobiernos extranjeros. Si aparecen pruebas contra un gobernador, un alcalde o cualquier funcionario, sostuvo, se procederá y el propio gobierno pondrá la denuncia ante la FGR.
El comunicado del Gabinete acompañó el desmentido con su hoja de resultados:
- Más de 56 mil personas detenidas por delitos de alto impacto en la actual administración.
- 87 servidores y exservidores públicos detenidos como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.
- Una reducción de 46% en el promedio diario de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, equivalente a 39 asesinatos menos por día, según cifras oficiales.
La FGR investiga a diez personas y dice que no le alcanzan las pruebas
Un día antes del pronunciamiento, la Fiscalía General de la República ya había puesto su carta sobre la mesa. David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), explicó en conferencia que la institución sí investiga a Rocha Moya y a los demás señalados, con base en la petición estadounidense de detenerlos para efectos de extradición, pero que hasta ahora la solicitud no alcanza el mínimo probatorio que exige el derecho mexicano.
Boone describió una indagatoria exhaustiva: entrevistas ministeriales a las diez personas citadas, reportes e informes recibidos. También descartó cualquier entrega "exprés" por la vía de la Ley de Seguridad Nacional y precisó que México ya pidió a Estados Unidos explicar por qué considera urgente la detención. Un dato que casi nadie subrayó: la investigación de la FGR no incluye delitos financieros, así que las finanzas de los requeridos no están siendo revisadas, pese a que la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera solicitaron el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Qué acusa Washington: fentanilo, ametralladoras y sobornos de Los Chapitos
El origen de todo está fechado el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Entre ellos figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Según la ficha de cargos que la Secretaría de Relaciones Exteriores elaboró ese mismo día y difundió esta semana, los diez enfrentan imputaciones por conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. La acusación estadounidense sostiene que recibieron sobornos de la facción de Los Chapitos a cambio de dejarla operar y avisarle de los operativos en su contra.
Dos de los diez ya cruzaron la frontera por su cuenta: el 15 de mayo se informó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, extitular de Administración y Finanzas, se entregaron a las autoridades estadounidenses.
La reserva de cinco años que la Presidencia abrió solo a medias
Aquí viene el pliegue más interesante del expediente. El martes se supo, a partir de una solicitud de acceso a la información, que la Cancillería había reservado por cinco años las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos, fichas informativas y minutas del caso. Esa reserva fue confirmada el 23 de junio por el Comité de Transparencia y sigue vigente. Lo que se transparentó por instrucción de Sheinbaum son tres oficios cuya naturaleza permitía difundirlos, según reportó La Jornada.
Esos tres documentos cuentan una historia incómoda para Washington. Estados Unidos pidió a México mantener en confidencialidad las solicitudes de detención, y un día después la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos y los nombres. El 30 de abril, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE reclamó a la embajada estadounidense que esa difusión impedía a México garantizar la confidencialidad solicitada y vulneraba el debido proceso de los acusados. En las líneas de comunicación internas, la Cancillería fijó la postura: sin pruebas sólidas no procede acción judicial alguna bajo el sistema penal acusatorio, y México coopera con Estados Unidos sin aceptar injerencias externas.
Preguntas rápidas sobre el caso Rocha Moya
¿Dónde está Rubén Rocha Moya?
Él asegura que en su domicilio de Culiacán, sin moverse desde el 1 de mayo de 2026. La presidenta Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad respaldan esa versión y niegan que esté en instalaciones militares. Los columnistas Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio sostienen lo contrario, sin documento público que lo acredite.
¿Rocha Moya sigue siendo gobernador de Sinaloa?
Solicitó licencia al cargo el 1 de mayo de 2026, no renunció. Él explica que lo hizo para quedar sin la protección del fuero constitucional y permitir que las autoridades competentes lo investiguen sin obstáculos. El 26 de mayo compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán.
¿Qué dice la FGR sobre las pruebas de Estados Unidos?
David Boone de la Garza, titular de la FECOR, informó el 8 de julio de 2026 que la investigación ha sido exhaustiva, con entrevistas a las diez personas señaladas, pero que la solicitud estadounidense no alcanza el parámetro probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para ejercer acción penal.
Mientras Estados Unidos no entregue las pruebas y la reserva de cinco años siga en pie, el caso vive en un limbo que le conviene a todos y a nadie: Rocha Moya se defiende sin ser procesado, la FGR investiga sin poder acusar y la Presidencia sostiene que no protege a nadie sin poder demostrar lo contrario. Sinaloa, con las cuentas bancarias de diez de sus funcionarios bloqueadas y su gobernador contando los días desde una casa en Culiacán, gobierna mientras tanto.
