TL;DR:
- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "todo parece indicar" que el exembajador Ken Salazar mintió al negar la participación de agencias de Estados Unidos en el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada.
- El detonante fue un reportaje del 2 de julio de 2026: el avión que llevó al capo a Estados Unidos se exhibe en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México, con el FBI atribuyéndose el operativo.
- Estados Unidos no ha confirmado esa participación. De comprobarse, violaría la Constitución mexicana y tratados internacionales, según Gobernación.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda este 7 de julio de 2026 la versión que durante casi dos años sostuvo Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada. Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que "todo parece indicar" que el diplomático mintió al negar que agencias estadounidenses, en particular el FBI, hubieran participado en el traslado del líder del Cártel de Sinaloa a territorio de Estados Unidos el 25 de julio de 2024. El gobierno pedirá a la FGR revisar si hubo algún delito y solicitará información directa al FBI. El punto de fondo no es menor: si una agencia extranjera operó en México sin autorización, se habría vulnerado la soberanía nacional.
La controversia reabrió una herida diplomática que parecía archivada. En agosto de 2024, semanas después de la detención, Salazar fue tajante ante la prensa:
"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro", dijo el entonces embajador.
Esa fue, palabra por palabra, la respuesta que Washington entregó a México. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Cancillería, había pedido en varias ocasiones que Estados Unidos explicara cómo salieron del país "El Mayo" y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La contestación siempre fue la misma: ninguna agencia estadounidense intervino.
El avión del FBI que reabrió el caso
Lo que cambió el tablero fue un reportaje del periodista Luis Chaparro para el medio Pie de Nota, publicado el 2 de julio de 2026. La investigación reveló que la aeronave que trasladó a Zambada y a Guzmán López a Estados Unidos, un Beechcraft King Air, se exhibe hoy en el War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México. En esa muestra, el propio FBI presenta el avión como parte de un operativo de la agencia.
Sheinbaum lo resumió sin rodeos: hay dos versiones de un mismo hecho y no coinciden.
"En este caso, todo parece indicar que el embajador (Salazar) mintió", afirmó la presidenta en la conferencia matutina.
La contradicción es el corazón del asunto. O el FBI se atribuye un operativo que no realizó, o Salazar negó durante años algo que sí ocurrió. No hay una tercera lectura cómoda.
Lo que Salazar escribió sobre AMLO, y lo que aclaró después
El momento no es casual. El diplomático publicará el 28 de julio sus memorias, tituladas Borderlands: My Fight for an Inclusive America, de las que Reforma difundió un adelanto el 21 de junio. En el libro, Salazar relata que un empresario influyente y cercano a López Obrador le transmitió la preocupación del entonces presidente por lo que "El Mayo" pudiera revelar a las autoridades estadounidenses sobre posibles vínculos entre el narcotráfico y funcionarios mexicanos.
Aquí conviene separar el señalamiento de la prueba. En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, publicada el 3 de julio, el propio Salazar puso un límite a esa insinuación:
"Yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó", dijo.
Sobre la captura, mantuvo su versión de 2024. "No fue nuestra operación", insistió, y la atribuyó a la presión que ambos gobiernos ejercían sobre el Cártel de Sinaloa, presión que habría llevado a Guzmán López a actuar por cuenta propia y entregar a "El Mayo" sin conocimiento de las autoridades de uno u otro país.
El riesgo legal: soberanía, Constitución y tratados
El expediente dejó de ser solo político. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó una cronología del caso y fue directa:
"Las versiones son contradictorias. Alguien mintió", declaró.
Rodríguez advirtió que, de confirmarse que una agencia estadounidense intervino en territorio mexicano sin avisar ni pedir autorización, se habría violado la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Puso una condición explícita: esa conclusión depende de que la participación se confirme de manera oficial.
Mientras tanto, la maquinaria institucional ya se movió. La Cancillería anunció que solicitará formalmente al FBI, por la vía de la FGR, información sobre su presunta participación. Sheinbaum también instruyó a la Fiscalía a informar sobre las carpetas que abrió el exfiscal Alejandro Gertz Manero y las que siguen vigentes, tanto en el caso de Sinaloa como en el de Chihuahua.
Una disputa de dignidad, no de ruptura
Sheinbaum cuidó de marcar la línea. El reclamo no significa romper la cooperación en seguridad con Estados Unidos, ni defender a Zambada, que ya se declaró culpable en una corte federal de Nueva York en agosto de 2025.
"México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros. El asunto es cómo respondemos. Y nosotros respondemos con dignidad porque representamos al pueblo de México. Es un pueblo digno", sostuvo.
El peso del señalamiento se explica por quién es el aludido. Salazar fue, hasta enero de 2025, el principal interlocutor entre los gobiernos de Joe Biden y López Obrador en los temas más ásperos de la agenda: fentanilo, extradiciones, el Título 42 y la negociación del T-MEC. Su palabra cargaba peso de Estado.
El gobierno mexicano sumó otra pregunta al expediente, de la mano de Rodríguez: si a la detención de un capo le siguieron la llegada de su avión a Nuevo México y la recepción en Estados Unidos de 17 familiares ligados al Cártel de Sinaloa en 2025, ¿quién pactó realmente con la delincuencia organizada?
Por ahora, la respuesta a esa y a otras preguntas cuelga de un solo dato que aún no llega: la confirmación, o el desmentido, del FBI. Dos años después de una operación que Estados Unidos presentó como un golpe histórico al narcotráfico, el caso se convirtió en una prueba sobre los términos en que México y Washington acuerdan trabajar juntos.
