OpenAI dejará de usar acuerdos de confidencialidad con funcionarios públicos cuando negocie o discuta futuras ubicaciones para centros de datos, informó Reuters. La compañía también dará a los residentes acceso a planes de construcción y a información sobre posibles efectos en el tráfico, el ruido y la iluminación.
Las medidas se presentaron el 5 de noviembre, dos días después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que las instalaciones de inteligencia artificial fueron objeto de debate. Reuters señala que OpenAI trabajaba en ellas desde agosto, por lo que su preparación comenzó antes de la votación.
Según la agencia, cierta información empresarial seguirá siendo reservada. El reporte no precisa si la política modificará acuerdos firmados con anterioridad ni cómo se aplicará a los socios que desarrollan instalaciones para OpenAI. La compañía usa infraestructura construida y propiedad de otras empresas, entre ellas Oracle.
Georgia muestra cómo funcionó la confidencialidad
El cambio responde a una práctica que la propia OpenAI había utilizado. En el condado de Effingham, Georgia, la compañía pidió a funcionarios locales firmar acuerdos de confidencialidad mientras evaluaba posibles ubicaciones para su centro de datos, reportó The Atlanta Journal-Constitution tras revisar registros públicos y entrevistar a autoridades.
El proyecto, llamado Camellia, se anunció el 22 de julio. El diario recogió la sorpresa de residentes que no habían conocido los planes durante las negociaciones. También explicó que la ubicación no necesitaba cambios de zonificación u otras modificaciones de autorización que exigieran una revisión gubernamental de ese tipo.
Un compromiso para futuras conversaciones puede permitir que los funcionarios hablen antes con sus comunidades. Por sí solo, no establece que se publiquen todos los contratos: Reuters indica que OpenAI mantendrá protegida cierta información comercial y no detalla cuándo ni con qué alcance estarán disponibles los planes para los vecinos.
La promesa eléctrica tiene un programa anterior
El costo de la electricidad es otra preocupación ligada a estas instalaciones. El 2 de noviembre, antes de las elecciones, OpenAI presentó Grid Protectors, un programa con el que busca pactar reducciones temporales de demanda cuando la red esté bajo presión. La empresa dice que los acuerdos variarán según la ubicación y que sus instalaciones deben cubrir los costos que generen.
Camellia será el piloto. OpenAI afirma que su acuerdo con Georgia Power contempla una reducción de hasta 1,000 megavatios de demanda cuando sea necesario. La cifra es un máximo de potencia durante esos periodos, no una reducción garantizada del consumo eléctrico anual. La empresa también se comprometió a cubrir la infraestructura y el servicio eléctrico necesarios para ese proyecto.
Patricia Rodriguez
Los detalles de las futuras reducciones, incluida su duración y rapidez, se tendrán que acordar con las eléctricas y las autoridades correspondientes. El efecto en las facturas dependerá de los términos y costos de cada sistema, aunque OpenAI sostiene que otros clientes no deberían subsidiar sus centros.
El debate también llegó a las urnas
Reuters, con datos de Ballotpedia, reportó que 40 de las 41 medidas locales sobre centros de datos sometidas a votación esa semana tuvieron resultados favorables a mayores límites o contrarios a facilitar su desarrollo. Las propuestas no eran equivalentes: algunas eran consultas, mientras que otras modificaban reglas locales.
En Bloomington, Illinois, los votantes aprobaron una consulta que recomienda una moratoria para construir grandes centros de datos. En Ottawa, Kansas, aprobaron una prohibición para los que superen 25 megavatios de demanda eléctrica, de acuerdo con el registro de Ballotpedia.
OpenAI también defiende los posibles beneficios económicos de sus proyectos. Chris Lehane, director de asuntos globales de la compañía, dijo a Reuters que una instalación prevista en el sur de Ohio podría generar 2,500 empleos de operación a largo plazo, con un salario anual promedio de 80,000 dólares. Se trata de una previsión para ese proyecto, no de puestos ya creados.
La nueva política abre la puerta a conocer antes las propuestas que se negocien con funcionarios. En cada sede, el alcance de la información disponible y los acuerdos sobre electricidad seguirán siendo necesarios para evaluar qué implica el proyecto para sus vecinos.
