El gobierno de Columbia Británica presentó el 21 de septiembre una demanda federal en California contra OpenAI y Sam Altman por el manejo de las conversaciones de ChatGPT vinculadas con el atacante del tiroteo de Tumbler Ridge. La provincia alega que el sistema de seguridad de la empresa detectó intercambios sobre violencia armada, pero que OpenAI desactivó la cuenta sin avisar a la Real Policía Montada de Canadá; también sostiene que el producto fue diseñado sin salvaguardas suficientes. La demanda busca recuperar costos de reconstrucción y atención de salud mental, además de imponer cambios en la forma en que ChatGPT responde a amenazas. Ninguna de esas acusaciones ha sido probada en juicio.
Qué reclama la demanda de Columbia Británica
El escrito fue presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, y también incluye al distrito escolar Peace River South. La provincia acusa a OpenAI y a su director ejecutivo de negligencia, de ayudar y facilitar un tiroteo masivo y de responsabilidad por un producto defectuoso. El expediente solicita un juicio con jurado.
La demanda no fija una cifra final. Reclama más de 75,000 dólares, daños punitivos, intereses y costos, además de las cantidades que puedan demostrarse durante el proceso. Entre los gastos que Columbia Británica identifica están la construcción de una nueva escuela secundaria y la atención de salud mental para la comunidad.
El ataque del 10 de febrero dejó ocho víctimas mortales y más de 25 personas heridas. El atacante también murió. En la demanda, la provincia sostiene que una alerta a la policía podría haber permitido intervenir antes, porque la Real Policía Montada de Canadá ya había tenido contacto con la persona y había respondido anteriormente a preocupaciones de salud mental.
La acusación sobre las cuentas de ChatGPT
Según la demanda y las declaraciones de la fiscal general Niki Sharma, una conversación de ChatGPT vinculada con el atacante fue lo bastante preocupante como para activar una revisión interna de OpenAI. La provincia sostiene que el equipo de seguridad identificó señales relacionadas con violencia armada, pero la empresa no avisó a la policía y desactivó la cuenta en lugar de aplicar medidas más amplias.
El escrito alega que el atacante abrió después una segunda cuenta y continuó usando el servicio. También afirma que OpenAI no impidió de forma efectiva ese acceso ni aplicó una vigilancia reforzada, pese a que la primera cuenta ya había sido marcada por su posible riesgo.
El contenido completo de las conversaciones no es público. Sharma dijo que la provincia pidió revisar esos intercambios y que OpenAI no los ha entregado. Esa ausencia impide reconstruir con independencia qué respuestas produjo exactamente el chatbot, qué información recibió la persona y cómo evolucionó la conversación. La demanda presenta una versión de esos hechos, pero el tribunal todavía debe evaluar los registros, los reportes de moderación y las comunicaciones internas.
OpenAI defiende el umbral que aplicó en 2025
OpenAI describió el tiroteo como una tragedia indescriptible y dijo que mantiene su compromiso de trabajar con gobiernos y fuerzas de seguridad mientras continúa sus medidas de protección. En declaraciones previas citadas por Reuters, la empresa sostuvo que las interacciones detectadas no alcanzaban su criterio interno de un riesgo inminente y creíble de daño físico grave contra otras personas.
La compañía ha dicho también que, bajo sus protocolos actuales, un caso con esas características habría sido remitido a las autoridades. Sam Altman publicó en abril una disculpa a la comunidad de Tumbler Ridge por no haber contactado a la policía, pero la disculpa no determina por sí misma si OpenAI incumplió una obligación legal ni si existe una relación causal con el ataque.
El proceso provincial se suma a más de 30 demandas presentadas por familiares, sobrevivientes, docentes y estudiantes. La cobertura anterior de FomoEra documentó esa primera oleada de reclamaciones, que también acusa a OpenAI de negligencia y de haber facilitado el ataque.
La nueva acción cambia el alcance de la disputa. Columbia Británica y el distrito escolar no solo reclaman compensaciones para personas afectadas, sino también el reembolso de costos públicos y una orden judicial para que OpenAI modifique la manera en que sus sistemas rechazan, terminan o desescalan conversaciones relacionadas con violencia.
El tribunal deberá separar la alerta de la causalidad
Para que la demanda prospere, no bastará con demostrar que OpenAI detectó una conversación y decidió no reportarla. El proceso tendrá que determinar qué sabía cada equipo, qué deber legal existía en ese momento, si las medidas adoptadas fueron razonables y si una alerta habría cambiado el resultado. También deberá examinar si el diseño del producto contribuyó al daño en el sentido que sostiene la provincia.
Por ahora, el caso establece una disputa judicial sobre la responsabilidad de las plataformas de IA, no una conclusión de que ChatGPT causó el tiroteo. La evidencia sobre los chats, las decisiones internas y la respuesta policial será la que defina si esas acusaciones pueden convertirse en responsabilidad civil.
