TL;DR:
- La sentencia a El Mayo coincide con la mayor tensión en años entre México y Estados Unidos por el combate al narcotráfico.
- La DEA advirtió que irá por funcionarios corruptos, mientras EE. UU. pide extraditar al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios.
- Sheinbaum se niega a entregarlos sin pruebas y cuestiona si Washington violó la soberanía mexicana en la captura de Zambada.
La cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada no solo cierra un capítulo criminal: cae en el punto más delicado de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El mismo día de la sentencia, el director de la DEA advirtió que su agencia irá también tras "funcionarios gubernamentales corruptos". Y esa frase, lejos de ser abstracta, tiene un caso concreto sobre la mesa: Washington pidió a México la detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios, acusados por una fiscalía de Nueva York de proteger al cártel. La presidenta Claudia Sheinbaum se niega a entregarlos sin pruebas sólidas y, al mismo tiempo, cuestiona si Estados Unidos violó la soberanía mexicana en la forma en que capturó a Zambada. Dos lecturas opuestas del mismo caso.
La DEA dijo que va por funcionarios corruptos
Tras la sentencia, el director de la DEA, Terry Cole, fue explícito: "Ya sean narcotraficantes o funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA irá tras ustedes". Sostuvo que Zambada usó durante años el soborno y la intimidación para blindar al cártel, dentro y fuera de México. La fiscalía reforzó el mensaje: el fiscal federal de Brooklyn, Joseph Nocella, atribuyó la condena a la "incansable cooperación bilateral" entre las fuerzas del orden de ambos países. Esa es la versión estadounidense del caso, colaboración y presión sobre la corrupción. La versión mexicana es más incómoda.
El caso Rocha Moya: el pulso que ya tensa la relación
El aviso de la DEA tiene nombre y apellido en la política mexicana. Desde abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa que pidió licencia, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, entre ellos el senador Enrique Inzunza. Se les señala por conspiración para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, por delitos con armas y por presuntamente usar sus cargos para proteger a la facción de Los Chapitos. Estados Unidos pidió a México su detención con fines de extradición. Es la primera vez que se acusa así a un gobernador en funciones.
Sheinbaum respondió que no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero condicionó cualquier extradición a que Washington entregue pruebas suficientes, algo que, según su gobierno, no ha ocurrido. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones y dice esperar esas pruebas. En julio, tras una solicitud de transparencia, la Cancillería publicó los documentos del caso, pese a que Estados Unidos había pedido mantenerlos en reserva.
La captura que México todavía no digiere
Detrás de la tensión hay una herida más vieja: cómo llegó El Mayo a Estados Unidos. Zambada asegura que fue secuestrado, llevado con engaños a una reunión, golpeado y subido esposado a una avioneta rumbo a Texas, entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Nocella confirmó ante la corte que Guzmán López admitió haber orquestado ese secuestro con la expectativa de ganarse el favor del gobierno estadounidense, y subrayó que Estados Unidos "no tolera el secuestro" y no le dará ningún crédito por ello.
Del lado mexicano, la duda es otra: si alguna agencia de Estados Unidos participó en un operativo en territorio nacional. Sheinbaum ha dicho que su gobierno investiga esa posibilidad, que podría implicar una violación a la soberanía, y ha cuestionado si Washington entregó información falsa a México al negar cualquier participación. El caso incluso salpicó al exembajador Ken Salazar, señalado por Sheinbaum, y a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos habla de cooperación; México, de líneas que no se deben cruzar.
La sentencia a Zambada le da a Estados Unidos una victoria judicial contundente, pero también sube la temperatura de una relación ya caliente. La pregunta que queda no es sobre El Mayo, cuyo destino está sellado, sino sobre hasta dónde llegarán las acusaciones estadounidenses contra la clase política mexicana y cómo responderá Sheinbaum sin ceder soberanía ni parecer que encubre. Ese pulso, a diferencia del juicio, apenas empieza.
