Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ordenó limitar una solicitud del Departamento de Justicia para obtener registros de periodistas en LinkedIn. Los jueces concluyeron que la petición podía exponer fuentes confidenciales sin relación con una investigación por filtración de información militar, aunque permitieron que esa investigación continúe.
La decisión unánime del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, emitida el 10 de noviembre de 2026, devolvió el caso a un juzgado de Virginia. La corte consideró demasiado amplias tanto la orden de entrega de datos como la de confidencialidad que impedía a LinkedIn informar de la solicitud. A la vez, rechazó anular ambas órdenes por completo.
El caso surgió después de que un medio publicara un artículo sobre una operación militar estadounidense ultrasecreta en el extranjero. Según la sentencia, la nota reveló información clasificada que no se había publicado antes. El documento judicial no identifica al medio ni a los periodistas involucrados.
Los registros podían revelar contactos ajenos al caso
La orden de entrega abarcaba 18 meses de metadatos de los periodistas. Son datos sobre una comunicación: en LinkedIn, las solicitudes de conexión y los mensajes privados pueden generar registros del remitente, el destinatario, la fecha y la hora, explicó el tribunal.
Esos datos pueden mostrar quién se comunicó con quién sin revelar el texto de los mensajes. En este caso, los jueces advirtieron que una recopilación amplia también podría identificar fuentes confidenciales consultadas para reportajes sin relación con la filtración investigada.
Durante el periodo cubierto, los periodistas publicaron en conjunto casi 1,000 artículos sobre distintos temas. Menos del 5% parecían relacionados con el asunto de la investigación, según la sentencia. Esa proporción se refiere a los artículos, no a las fuentes o a los mensajes.
The Washington Sun informó, con base en información de Politico, que la petición cubría cerca de 1,900 interacciones en LinkedIn. La sentencia pública no precisa cuántos periodistas fueron objeto de la orden.
El juez J. Harvie Wilkinson III, autor de la opinión, escribió que "la confidencialidad de las fuentes es la savia de una prensa libre". El tribunal sostuvo que revelar contactos ajenos al caso podría perjudicar tanto a las fuentes como a la capacidad de la prensa para informar sobre asuntos de interés público.
La orden de silencio también deberá revisarse
Una segunda orden prohibía a LinkedIn revelar durante un año la existencia de la solicitud a los periodistas, al medio o a otras personas, con una excepción para sus propios abogados. LinkedIn propuso comunicarla a un solo abogado del medio que ya había sido examinado por el gobierno, para buscar formas de acotar la entrega.
La corte de apelaciones pidió al juzgado considerar esa alternativa y dar al gobierno la oportunidad de explicar si comprometería la investigación. Si la respuesta no resulta más convincente que las razones presentadas hasta entonces, deberá adoptarse la excepción propuesta, señala el fallo. La resolución no autoriza una notificación general inmediata a todos los usuarios afectados.
El tribunal reconoció el interés del gobierno en investigar filtraciones que puedan poner en riesgo operaciones y personal de seguridad nacional. También confirmó la negativa a entregar a LinkedIn los documentos que el gobierno había presentado en privado ante el juzgado para solicitar las órdenes.
La disputa continuará en el juzgado de Virginia
LinkedIn, propiedad de Microsoft, había cuestionado el alcance de las dos órdenes. En septiembre, durante la apelación, el director jurídico de Microsoft, Jon Palmer, sostuvo que las solicitudes de datos y las restricciones de notificación deben tener límites y supervisión judicial.
Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, celebró la resolución en una declaración a The Washington Sun. La organización había respaldado la posición de LinkedIn ante la corte.
Ahora corresponde al juzgado revisar qué datos son pertinentes para la investigación y cómo debe ajustarse la restricción de confidencialidad. El fallo permite al gobierno seguir buscando información relacionada con la filtración, pero exige una nueva evaluación del alcance de sus pedidos.
