TL;DR:
- La EPA determinó que las plantas eléctricas "aisladas", sin ninguna conexión a la red pública, quedan fuera del Programa de Lluvia Ácida de la Ley de Aire Limpio.
- El memo del 16 de julio de 2026 nació de la consulta de una empresa sobre una central de gas de unos 500 MW pensada para alimentar a un solo centro de datos vecino.
- La propia agencia aclara en el documento que no se trata de una decisión final y que los permisos del programa los aplican los estados, con reglas que pueden variar.
El gobierno de Estados Unidos decidió que las plantas eléctricas construidas para alimentar exclusivamente a un centro de datos no están sujetas al programa federal que desde 1995 recorta las emisiones causantes de la lluvia ácida. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) hizo pública el 27 de julio de 2026 una guía firmada once días antes por Aaron Szabo, administrador adjunto de la Oficina de Aire y Radiación, que saca del Programa de Lluvia Ácida a las llamadas plantas "aisladas" (islanded), aquellas sin conexión física alguna con la red eléctrica pública. La lectura práctica es corta: quien levante una central de gas junto a su propio centro de datos y no venda un solo kilovatio a la red se ahorra los permisos, el tope de dióxido de azufre y el monitoreo continuo de emisiones que sí cargan las eléctricas tradicionales.
La EPA vendió la decisión con dos argumentos a la vez, la carrera de la inteligencia artificial y el recibo de luz del vecino.
"Garantizar que Estados Unidos mantenga nuestro dominio en inteligencia artificial es esencial para la seguridad nacional y la prosperidad económica. Al mismo tiempo, es igual de importante que protejamos a nuestras comunidades de las alzas en las tarifas eléctricas. Esta guía ofrece una vía para hacer las dos cosas. La EPA se enorgullece de impulsar la agenda del presidente mediante enfoques regulatorios de sentido común", dijo Aaron Szabo.
El comunicado enmarca la guía dentro del Ratepayer Protection Pledge de Donald Trump, el compromiso que la Casa Blanca amplió la semana pasada en un evento en la propia EPA y que pide a los desarrolladores construir, traer o comprar toda la energía que consuman sus instalaciones, y pagar el costo completo de esa energía y de su infraestructura de soporte.
Un formulario de 1990 decide qué planta contamina bajo permiso
El razonamiento no toca los límites de contaminación. Toca la definición de quién es una compañía eléctrica, y ahí está lo interesante del documento. El memo recorre una cadena de tres eslabones:
- El Programa de Lluvia Ácida se aplica a los equipos de combustión de fósiles operados por una "utility" que sirve a un "generator" que produce electricidad para venta.
- El reglamento define "utility" como cualquier persona que venda electricidad, y "generator" como el aparato que debía reportarse en el Formulario 860 del Departamento de Energía, edición 1990.
- Ese formulario, a su vez, define compañía eléctrica como la entidad que genera, transmite, distribuye o vende energía "principalmente para uso del público".
De ahí sale la conclusión de la EPA: si la planta genera para un consumidor privado y jamás toca la red, no entra en la obligación de reporte de 1990 y, por lo tanto, no entra en el programa. Un formulario en papel de hace 36 años define hoy si una turbina de gas junto a un campus de IA necesita comprar permisos de azufre.
El ejemplo que aparece en el memo no es hipotético. Una empresa consultó a la agencia sobre un proyecto de unos 500 megavatios en turbinas de gas de ciclo simple y motores reciprocantes para alimentar en exclusiva a un centro de datos contiguo, propiedad de un tercero.
El programa que se esquiva es el caso de éxito regulatorio más citado de EE. UU.
Conviene dimensionar de qué se está saliendo esta industria. Según la propia EPA, el Programa de Lluvia Ácida nació con el Título IV de las enmiendas de 1990 a la Ley de Aire Limpio y fue el primer esquema nacional de tope y comercio del país. Arrancó en 1995 y su tope final de dióxido de azufre para 2010 quedó en 8.95 millones de toneladas, alrededor de la mitad de lo que emitía el sector eléctrico en 1980. En paralelo pidió recortar dos millones de toneladas de óxidos de nitrógeno respecto a ese mismo año base.
La segunda fase del programa cubre más de 2,000 unidades y alcanza a las que sirven a generadores de más de 25 megavatios. La planta del ejemplo, de 500 MW, supera veinte veces ese umbral. Lo único que la deja fuera es el cable que no se conecta.
E&E News, de Politico, resumió el alcance sin adornos: las plantas aisladas quedan fuera tanto del mercado de permisos de azufre como de los controles de óxidos de nitrógeno. Engadget, por su parte, contabiliza cerca de 60 plantas de este tipo operando o en construcción en Estados Unidos, apoyado en un reporte previo de Reuters sobre centrales aceleradas con poco escrutinio público.
La propia EPA aclara que su memo no es una decisión final
Aquí está el matiz que la mayoría de los titulares dejó fuera y que cambia la lectura del asunto. El documento firmado por Szabo aclara que no pretende constituir una determinación final ni una acción final de la agencia sobre la aplicabilidad del programa a ninguna instalación concreta, y que tampoco cubre todos los escenarios posibles. Deja fuera, además, cualquier otra disposición de la Ley de Aire Limpio: la exención es de un solo programa, no de la ley entera.
Hay dos avisos más en la letra chica. El primero: si una empresa construye la planta sin conexión y después la conecta a la red, la instalación puede quedar sujeta al programa. El segundo, el que más pesa en la práctica, es que los permisos del programa los administran las agencias estatales de aire bajo programas aprobados, y sus reglas pueden diferir de las federales. El memo recomienda a las fuentes consultarlo con su autoridad estatal.
Patricia Rodriguez
Los otros frentes abiertos: refrigerantes, turbinas y tribunales
La guía llegó el mismo día en que la EPA recibía presión por el lado contrario. Una coalición de 17 organizaciones ambientales encabezada por Earthjustice pidió a la agencia rechazar la aprobación acelerada del Opteon 2P50, un fluido PFAS que Chemours propone para refrigeración bifásica de centros de datos. Según reportó DataCenterDynamics a partir de la información publicada por The Guardian el 27 de julio, la coalición acusa a la empresa de apoyarse en ciencia deficiente para minimizar la toxicidad del compuesto. Chemours respondió que los comentarios ignoran que esos sistemas operan en circuito cerrado. Es un expediente distinto al de la lluvia ácida, con su propio calendario.
El contexto tampoco es nuevo. El clúster de supercómputo de xAI cerca de Memphis instaló decenas de turbinas de gas para arrancar sin esperar la conexión definitiva con la red, y en abril grupos ambientales presentaron impugnaciones legales alegando que operaron esas turbinas antes de obtener los permisos locales de aire, de acuerdo con The Center Square. El gobierno de Trump respaldó después a la empresa en tribunales frente a la demanda por contaminación de la NAACP, según reportó The Hill. Y el 25 de julio, de acuerdo con CNBC, el propio presidente le dijo a las comunidades que se oponen a estos proyectos que no tiene caso pelear y que lo que toca es sumarse.
México empuja el mismo modelo de generación propia, con otras reglas
Nada de esto aplica fuera de Estados Unidos: es la interpretación de una ley federal estadounidense. Lo que sí viaja es el modelo de negocio, y en México ya está en marcha.
La Asociación Mexicana de Data Centers proyecta unos 18,000 millones de dólares de inversión entre 2025 y 2030 para sumar alrededor de 1,516 megavatios de capacidad, sobre una base instalada que a finales de 2025 no llegaba a 500 MW, según cifras publicadas por Expansión. Ante el cuello de botella de la red, los operadores mexicanos ya combinan contratos con la CFE, generación propia y subestaciones dedicadas. En Querétaro, que concentra la mayor parte de estos proyectos, el gobierno estatal informó en marzo que los centros de datos deberán sumarse a su plan piloto de generación eléctrica con gas natural para parques industriales, de acuerdo con Diario de Querétaro.
La diferencia está en el marco legal. Allá acaba de definirse qué obligación federal desaparece cuando la planta se desconecta de la red; acá la regulación de ese esquema todavía se está escribiendo, y el debate sobre agua, aire y tarifas apenas empieza a instalarse en la agenda pública.
Mientras tanto, cada planta aislada que arranque en Estados Unidos emitirá azufre y óxidos de nitrógeno sin comprar un solo permiso, y el aire que reciba la colonia de junto no distinguirá si esos kilovatios iban a la red o a un rack de GPU.
