Los abogados de la congresista demócrata Joyce Beatty acusan a la dirección del Kennedy Center de haber ocultado a su junta un cálculo que situaba en 41 millones de dólares el costo adicional de una renovación por etapas. Con ese argumento, la legisladora pide a un juez federal mantener una medida cautelar frente al plan de cerrar el centro cultural de Washington durante dos años.
El escrito, presentado el 30 de octubre, sostiene que la junta recibió una estimación mucho mayor para las obras sin cierre total, pero no vio una versión actualizada del plan de la consultora JLL. Beatty, quien integra la junta por su cargo en el Congreso, afirma que los responsables retuvieron información que contradecía su justificación para cerrar.
El Departamento de Justicia reconoció el 21 de octubre que la junta no había recibido esa versión actualizada, entregada al centro el 20 de agosto. En una fe de erratas retiró referencias a la comparación de costos de un escrito anterior, porque procedían de ese informe y no del que se entregó a los consejeros antes de una reunión de agosto. La corrección no establece si la omisión fue deliberada.
Dos estimaciones con alcances distintos
Según la demanda, la consultora Delta presentó a la junta un escenario de renovación por etapas con un costo de 560 millones de dólares. El escrito afirma que a los consejeros se les dijo que mantener el inmueble en funcionamiento durante las obras duplicaría el costo.
El cálculo posterior de JLL situaba el costo adicional de construcción de su alternativa por etapas en 41 millones de dólares frente a un cierre temporal, de acuerdo con el escrito de Beatty y la corrección del gobierno. Los abogados de la congresista dicen que JLL también consideró técnicamente viable la renovación por fases.
Las cifras no describen exactamente lo mismo: los 560 millones corresponden al costo de un escenario de Delta, mientras que los 41 millones son la diferencia de costos de construcción que calculó JLL. El propio escrito de Beatty reconoce que los planes podrían tener alcances distintos. El tribunal todavía no ha determinado cuál estimación debe prevalecer.
Donaciones y finanzas en disputa
Beatty también cuestiona la relación entre las finanzas del centro y los intentos de añadir el nombre del presidente Donald Trump al edificio. Su escrito afirma que una fundación transfirió 17.5 millones de dólares a la institución en 2026 y cita mensajes internos que advertían de suspensiones laborales si el dinero debía devolverse.
Los abogados señalan que el gobierno había sostenido ante una corte de apelaciones que las aportaciones estaban sujetas a una condición relacionada con el nombre de Trump. El director ejecutivo del centro, Matt Floca, declaró que los fondos no estaban restringidos ni sujetos a devolución, según reconoce el mismo escrito. Los mensajes citados no establecen si el dinero fue devuelto.
Otro mensaje citado en la demanda recoge lo que la vicepresidenta de la junta, Jennifer Fischer, habría dicho al secretario de Comercio, Howard Lutnick: que el centro necesitaba cerrar porque estaba perdiendo dinero. El mensaje fue enviado a Floca por la responsable de finanzas del centro. Los abogados de Beatty consideran que la conversación apunta a problemas de gestión como motivo del cierre.
Qué sigue en el tribunal
En mayo, el juez Christopher Cooper bloqueó de forma preliminar el cierre aprobado por la junta en marzo, al considerar que la decisión probablemente no había cumplido los deberes de sus integrantes. También ordenó retirar el nombre de Trump de la institución. La junta volvió a votar por el cierre en agosto y septiembre, y los demandados pidieron levantar la medida sobre el cierre.
Floca ordenó en septiembre una clausura temporal del edificio principal por riesgos de seguridad. La administración la distinguió del plan de renovación de dos años, según ABC News. The Washington Post informó que el centro no respondió de inmediato a su solicitud de comentarios sobre las acusaciones.
Beatty también pidió que Floca vuelva a declarar ante el tribunal. Los demandados se opusieron y argumentaron que otra declaración duplicaría la evidencia existente, según la posición reproducida en una petición judicial separada.
El 3 de noviembre está prevista otra audiencia sobre la solicitud de Beatty para obtener documentos que el gobierno ha retenido invocando privilegio ejecutivo, informó Washington Litigation Group, uno de los despachos que la representa. Esa audiencia es independiente de la petición sobre la medida que afecta al cierre.
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