Un juez federal del sur de Texas rechazó este lunes frenar el canje de terrenos entre SpaceX y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, y despejó el camino para que la empresa de Elon Musk se quede con 715 acres del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Bajo Río Grande, pegados a su complejo Starbase. El juez de distrito Fernando Rodriguez Jr. negó la medida cautelar que pedían cuatro grupos ambientales e indígenas, al concluir que no acreditaron legitimación para demandar ni un daño irreparable inmediato. El gobierno y SpaceX firmaron el acuerdo el 1 de septiembre y prevén transferir el título este 22 de septiembre. No es la palabra final: la demanda de fondo sigue su curso y los demandantes avisaron que no dejarán de pelear.
El fallo negó una cautelar, no zanjó la demanda
La decisión del lunes resuelve un pedido puntual, no el fondo del caso. Rodriguez rechazó la medida cautelar preliminar con la que los demandantes buscaban detener el traspaso mientras avanza el juicio. Para el juez, los grupos no demostraron que tuvieran legitimación para demandar ni que fueran a sufrir un daño irreparable e inmediato si el intercambio seguía adelante.
Uno de los argumentos era que sus integrantes ya no podrían entrar al refugio ni observar la fauna desde terrenos vecinos. Un abogado del Servicio de Pesca y Vida Silvestre respondió en una audiencia de este mes que el acceso a esa zona exige un permiso que no siempre se concede, y el juez coincidió en que no había garantía de que pudieran ingresar aunque el canje se frenara. Sobre el temor a que la actividad de SpaceX les impidiera ver especies como el ocelote, en peligro de extinción, Rodriguez consideró que esas alegaciones se basaban en lo que los demandantes creían que la empresa haría en el futuro, sin pruebas que lo sostuvieran.
El juez calificó de débil la evidencia de daño ambiental y escribió que, si bien la preservación de la vida silvestre sirve al interés público, los demandantes no aportaron pruebas de que la propiedad vaya a degradarse mientras dure el litigio. Añadió que una orden cautelar obligaría a modificar los planes de desarrollo de SpaceX y cargaría a la empresa con obstáculos para cumplir sus plazos y compromisos contractuales, según reportó The Associated Press.
Los demandantes, encabezados por el Center for Biological Diversity, avisaron que la pelea legal continúa pese al revés. Laiken Jordahl, defensor de tierras públicas de esa organización, acusó al gobierno de Donald Trump y al secretario del Interior, Doug Burgum, de entregar tierras públicas a SpaceX y de abrir paso a las excavadoras sobre el refugio. Advirtió que no se detendrán:
Esta orden judicial no es la última palabra.
Jordahl sostuvo que esas tierras tienen un valor espiritual, histórico y de conservación irremplazable para el sur de Texas.
El intercambio da 715 acres a SpaceX a cambio de 683
Por el acuerdo, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre cede 715 acres dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Bajo Río Grande y, a cambio, recibe 683 acres de propiedad privada de SpaceX ubicados junto al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Laguna Atascosa. La agencia aprobó avanzar con el canje en junio y lo venía estudiando desde 2023 con el argumento de consolidar sus terrenos, hoy fragmentados en la zona.
En junio, la agencia publicó una evaluación ambiental final que determinó que el intercambio no causaría un impacto significativo y que representaría un "beneficio neto de conservación", con mayor conectividad de hábitat entre los refugios del sur de Texas. El refugio del Bajo Río Grande abarca unos 103,000 acres repartidos en cuatro condados de la frontera y alberga hábitats de fauna y sitios históricos, según AP.
Los terrenos que obtiene SpaceX quedan más cerca de su plataforma de lanzamiento, junto a la frontera con México. La empresa planea usarlos para ampliar hacia el este el Massey Test Site, una instalación de pruebas de cohetes cercana a Starbase, y para construir un camino de servicio que conecte ese sitio con la Carretera Estatal 4 en un punto más próximo a Starbase, de acuerdo con el Texas Tribune.
Las quejas ambientales y la huella de SpaceX en la frontera
El pleito se libra en el Valle del Río Grande, en la frontera de Texas con México. Los cuatro demandantes, el Center for Biological Diversity, Save RGV, la Nación Carrizo/Comecrudo de Texas y la South Texas Environmental Justice Network, presentaron la demanda en junio y alegan que las pruebas de cohetes de SpaceX ya deterioran la zona al lanzar escombros sobre tierras del refugio.
Es la continuación de años de fricción por la expansión de la empresa, con quejas por la pérdida de acceso a playas y por cohetes que estallan durante las pruebas. La agencia federal, en cambio, defiende que el canje ordena sus terrenos y mejora la conservación a escala de paisaje. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre no respondió a solicitudes de comentario sobre el fallo, y SpaceX tampoco.
Sobre las especies en peligro, el juez se apoyó en la evaluación de la agencia, que concluyó que es improbable que haya ocelotes en el área que pasaría a SpaceX. Un abogado de la empresa, Tyler Welti, admitió en la audiencia que SpaceX probablemente desarrollará esos terrenos de una forma que afectará a la fauna y la vegetación, pero sostuvo que el daño a los demandantes quedaba "a varios pasos de distancia", según el Texas Tribune.
El traspaso del título está previsto para el 22 de septiembre, apenas un día después del fallo, y SpaceX podría empezar pronto las obras en su nuevo terreno. La empresa, que llegó al sur de Texas hace más de una década y cuyos empleados votaron el año pasado por convertir Starbase en una ciudad, suma así otra porción de la costa para su programa espacial. La demanda de fondo seguirá decidiéndose en la corte, y con ella la disputa por el refugio.
