El demócrata Wendell Griffen se impuso en la elección para dirigir el condado de Pulaski, Arkansas, según el cómputo no oficial de la comisión electoral. Su llegada al puesto coincide con una disputa judicial por las reglas para centros de datos que ayudó a redactar y que podrían aplicarse a un proyecto de AVAIO Digital.
El reporte de la Comisión Electoral del Condado de Pulaski, fechado la noche del 3 de noviembre, atribuye a Griffen 84,418 votos, el 65.53%, frente a los 44,414 votos, o 34.47%, del republicano Michael Rushin. El informe identifica esas cifras como resultados no oficiales.
Si se confirma el resultado, Griffen sustituirá a Barry Hyde, a quien derrotó en las primarias demócratas de marzo. Aunque el cargo se llama "juez del condado", en Arkansas su función es principalmente administrativa: encabeza el gobierno del condado. Griffen, por su parte, también tiene experiencia judicial como exjuez de circuito y de apelaciones.
Las reglas para centros de datos ya están vigentes
La elección no creó la normativa. El 27 de octubre, el Quorum Court, órgano legislativo del condado, anuló por 10 votos contra cuatro el veto de Hyde a la ordenanza sobre infraestructura digital de alta intensidad. Griffen había participado en su redacción y la legisladora local Julie Blackwood la presentó.
La ordenanza se aplica a las zonas no incorporadas de Pulaski, es decir, las áreas que no están administradas por una ciudad. Clasifica estas instalaciones como uso industrial pesado y establece un proceso de permiso condicional, junto con requisitos de supervisión y desmantelamiento, según el propio condado.
Entre los documentos que deben presentarse figuran análisis de demanda eléctrica, planes de agua y aguas residuales, estudios de uso de suelo y un plan para el eventual cierre de la instalación. También se exige demostrar que el desarrollo no perjudicará de forma significativa los servicios públicos y la infraestructura que atienden a los inmuebles cercanos, informó Arkansas Advocate.
Esa distinción importa para entender el debate: la norma exige información y evaluaciones, pero no fija una cantidad máxima general de agua o electricidad que pueda consumir un centro de datos. Su alcance territorial tampoco equivale a una regulación de todas las instalaciones dentro de los límites de Little Rock.
En una entrevista con Little Rock Public Radio, Griffen sostuvo que el condado carecía de facultades para prohibir los centros de datos y defendió un marco que los regulara durante su ciclo de vida. Rushin dijo al mismo medio que veía oportunidades para colaborar con las empresas tecnológicas, aunque también cuestionó el control estatal sobre las prohibiciones locales.
AVAIO cuestiona la autoridad del condado
El proyecto en el centro del conflicto está al sur de Little Rock, en una zona no incorporada de Pulaski. En enero, AVAIO anunció una inversión inicial prevista de 6,000 millones de dólares para su primera fase, junto con sus socios. La cifra es un plan de inversión, no un monto que se haya demostrado ya desembolsado.
El 29 de octubre, una filial de la compañía, ADP Little Rock Data Hub, presentó una demanda en un tribunal federal del este de Arkansas. Según Arkansas Advocate, la empresa sostiene que las reglas invaden competencias federales sobre la transmisión eléctrica y el comercio interestatal. Pide, entre otras medidas, que se impida aplicarlas a su proyecto y se le concedan daños monetarios.
La demanda también menciona a Griffen por su participación en la elaboración de la norma. Él defendió la facultad del condado para regular estos desarrollos y rechazó la caracterización de la empresa sobre sus conversaciones con integrantes del Quorum Court. Las alegaciones de la demanda no constituyen una resolución judicial.
Hyde había vetado la ordenanza en septiembre por sus dudas sobre los riesgos legales y financieros para el condado. La patrocinadora de la medida sostuvo que el proyecto de AVAIO tendría que cumplirla; la compañía impugna precisamente su aplicación.
Las finanzas también entraron en la campaña
Griffen planteó revisar el presupuesto y criticó la falta de transparencia en las finanzas del condado durante la campaña, según Little Rock Public Radio. En junio, el Quorum Court aprobó recursos para una auditoría financiera forense solicitada.
Así, el resultado preliminar sitúa a Griffen ante una regulación que entró en vigor antes de la elección y una demanda federal presentada por el desarrollador del proyecto.
