Un informe publicado el 10 de septiembre por la Environmental Protection Network (EPN), una organización independiente integrada por exfuncionarios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), identifica al menos 30 acciones federales adoptadas o propuestas desde enero de 2025 que, según el grupo, pueden aumentar los riesgos sanitarios asociados con la contaminación de los centros de datos de inteligencia artificial. El reporte sostiene que 17 de esas medidas mencionan de forma explícita a la IA o los centros de datos, mientras que las otras afectan la generación eléctrica, los permisos, la vigilancia o la aplicación de las normas ambientales.
Qué incluye el conteo de 30 acciones
El documento no presenta las 30 medidas como un solo decreto ni afirma que todas hayan producido ya un daño cuantificable. Las describe como un cambio de dirección en la política federal que puede facilitar una expansión más contaminante y dejar a las comunidades con menos información y capacidad de respuesta.
Entre los ejemplos que cita el informe están:
- La permanencia de plantas de carbón y gas, junto con cambios o retrocesos propuestos para límites sobre hollín, mercurio, contaminantes tóxicos, smog interestatal, emisiones de petróleo y gas, aguas residuales y cenizas de carbón.
- La posibilidad de que ciertos proyectos comiencen obras antes de resolver todos sus permisos de contaminación, además de propuestas para reducir los avisos públicos y los periodos de comentarios en algunos permisos de aire.
- La reducción de capacidades de ciencia, monitoreo y aplicación de la ley que, de acuerdo con EPN, son necesarias para medir emisiones, inspeccionar instalaciones y comprobar el cumplimiento de las normas.
El grupo también señala acciones de la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Energía, el Departamento de Justicia y otras oficinas federales. Su argumento es que no debe analizarse cada cambio de forma aislada, porque la combinación puede mantener más generación fósil en operación, acelerar proyectos y reducir la supervisión al mismo tiempo.
La contaminación puede originarse lejos del centro de datos
Los campus de servidores pueden emitir contaminación local mediante generadores diésel y turbinas de gas, pero la mayor parte del impacto modelado por el estudio citado en el informe provendría de las plantas eléctricas que les suministran energía. EPN afirma que más del 90 % de los efectos sanitarios estimados en ese análisis se originó en la generación eléctrica, no en los equipos instalados dentro de los centros de datos.
El informe también cita un análisis de Environmental Integrity Project que identificó al menos 74 plantas de gas propuestas específicamente para atender centros de datos. Si esas instalaciones se construyen y operan en los niveles previstos, la contaminación podría afectar a comunidades ubicadas a muchos kilómetros de los campus tecnológicos y cruzar fronteras estatales.
La expansión ya está provocando respuestas distintas entre los estados. Massachusetts, por ejemplo, condicionó los permisos de nuevos centros de datos de más de 25 megavatios a un acuerdo con su comunidad y a la incorporación de generación limpia nueva para cubrir su consumo anual, como contamos en este análisis de la Orden Ejecutiva 658.
Las cifras son una proyección, no un balance de daños ya medidos
El estudio de investigadores de UC Riverside, Caltech y el Rochester Institute of Technology proyecta que la contaminación atmosférica relacionada con los centros de datos podría generar entre 11.7 y 20.9 mil millones de dólares anuales en costos de salud pública para 2028. En su escenario de mayor crecimiento, calcula alrededor de 600,000 casos de síntomas de asma y 1,300 muertes prematuras.
Esas cifras representan una modelación bajo determinados supuestos de crecimiento, emisiones y generación eléctrica. No incluyen el efecto adicional de las 30 acciones documentadas por EPN. La propia organización reconoce que todavía no existe un análisis público que permita calcular cuánto cambiarían esas proyecciones si se debilitan las salvaguardas, se retrasan cierres de plantas fósiles o se construyen nuevas centrales de gas.
La distribución del daño tampoco sería uniforme. El estudio estima que los costos por hogar podrían ser hasta siete veces mayores en los condados más afectados que en el promedio nacional. La cercanía física con un centro de datos no es el único criterio: también importan la ubicación de las plantas eléctricas y las comunidades que reciben sus emisiones.
La EPA defiende sus cambios
La portavoz de la EPA, Cora Mandy, dijo a The Verge que las medidas de la agencia buscan devolver las regulaciones a la mejor interpretación de la Clean Air Act después de años de excesos de administraciones anteriores. También reiteró que la EPA mantiene como prioridades proteger la salud humana y el ambiente, al mismo tiempo que impulsa el objetivo de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de la IA.
EPN pide que la administración revierta los retrocesos, mantenga controles sobre contaminantes, exija que los proyectos resuelvan sus obligaciones ambientales antes de comenzar obras y publique datos sobre emisiones y exposición. También propone un “Data Center Health Protection Pledge”, un compromiso para evaluar de forma específica cómo el crecimiento de la infraestructura de IA cambia la contaminación y los riesgos para la salud.
El dato que todavía falta es federal: una evaluación que conecte cada cambio normativo con emisiones, exposición y efectos sanitarios. Por ahora, las 30 acciones documentan una dirección de política que EPN considera riesgosa, mientras las cifras de muertes y costos siguen siendo proyecciones del crecimiento de los centros de datos, no un conteo adicional causado por esas medidas.
