La próxima mayoría demócrata del Congreso de Estados Unidos buscará recuperar personal de la agencia federal de ciberseguridad CISA y extender las ayudas para defensas digitales locales, dijo el representante Bennie Thompson a Cybersecurity Dive. Especialistas también prevén una mayor supervisión de los riesgos de inteligencia artificial y de los recortes vinculados con DOGE. Una decisión podría llegar antes: la ley que protege el intercambio de información sobre amenazas vence el 11 de diciembre de 2026.
Associated Press proyectó que los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del 3 de noviembre. El nuevo Congreso comienza el 3 de enero de 2027; hasta entonces continúa en funciones el actual, con mayoría republicana.
El cambio dará a los demócratas más influencia para convocar audiencias y solicitar información a las agencias. Aprobar leyes y conseguir recursos seguirá exigiendo acuerdos en ambas cámaras, además de resolver el trámite ante el presidente Donald Trump. Las presidencias y la composición de las comisiones para el nuevo periodo todavía deben definirse.
Recuperar personal para CISA
CISA protege redes civiles federales y ayuda a organizaciones que operan infraestructura esencial, como servicios de agua y telecomunicaciones. Thompson, demócrata de Misisipi y posible próximo presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara, dijo a Cybersecurity Dive que quiere acelerar la recuperación de personal y asegurar que la agencia tenga experiencia suficiente para apoyar a esos sectores.
En una carta enviada en agosto a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, o GAO, Thompson y otros demócratas solicitaron examinar los efectos de los recortes. Los legisladores citaron reportes según los cuales casi 1,000 trabajadores, alrededor de un tercio de la plantilla de CISA, habían salido o sido apartados del servicio activo hacia mediados de 2025.
La administración Trump ha iniciado esfuerzos para contratar de nuevo. En septiembre de 2026, el director interino de CISA, Nick Andersen, dijo que cientos de candidatos habían recibido ofertas condicionales y esperaban una fecha de ingreso, informó Cybersecurity Dive.
En septiembre, Thompson, James Walkinshaw y Delia Ramirez presentaron además un proyecto para que CISA evalúe si cuenta con el personal, la formación y los recursos necesarios para cumplir su misión. Si se convierte en ley, la agencia tendría que informar al Congreso sobre sus hallazgos y recomendaciones.
Una ley vence antes de que cambie el Congreso
La Cybersecurity Information Sharing Act de 2015 es distinta de la agencia CISA, aunque en inglés se use la misma sigla para ambas. La ley ofrece protecciones de responsabilidad a empresas que comparten voluntariamente información sobre amenazas con otras compañías y con el gobierno federal.
Tras vencer inicialmente en 2025, sus disposiciones recibieron prórrogas temporales. La actual termina el 11 de diciembre, según CyberScoop. El Congreso saliente podría extenderla antes de esa fecha; si no llega a un acuerdo, el siguiente podría heredar el asunto con las protecciones vencidas.
La renovación a largo plazo tiene respaldo empresarial y apoyo de legisladores de ambos partidos, pero ha encontrado obstáculos. El senador republicano Rand Paul ha condicionado su apoyo a medidas para limitar la presión de funcionarios federales sobre las redes sociales, informó CyberScoop. El cambio de mayoría no garantiza por sí solo un acuerdo.
Las ayudas locales necesitan autorización y dinero
Thompson también dijo que impulsará la extensión del State and Local Cybersecurity Grant Program y un mejor apoyo a sectores con pocos recursos, en especial los servicios de agua. La autorización del programa y su financiamiento para nuevas ayudas vencieron, informó Cybersecurity Dive.
La GAO registró 839 proyectos de ciberseguridad estatales y locales aprobados al 1 de agosto de 2024 con subvenciones del programa. Entre los usos previstos estaban la actualización de equipos, la contratación de especialistas y la autenticación multifactor. La cifra corresponde a los proyectos revisados en ese momento, no al total acumulado hasta 2026.
La iniciativa de renovarlo no nació con la nueva mayoría. En diciembre de 2025, la senadora demócrata Maggie Hassan y el republicano John Cornyn presentaron una propuesta para extenderlo. Reautorizar el programa y asignarle dinero son decisiones distintas: aun con una extensión, el Congreso tendría que destinar recursos para financiar nuevas ayudas.
La IA y el posible escrutinio de DOGE
Thompson también quiere que CISA pueda apoyar el desarrollo y uso seguro de la inteligencia artificial, según Cybersecurity Dive. El medio señaló que los legisladores podrían examinar las salvaguardas de los desarrolladores de modelos avanzados, aunque los demócratas todavía no tienen una estrategia integral común sobre IA.
En octubre, Thompson y el representante demócrata Troy Carter reintrodujeron un proyecto para crear un grupo de trabajo sobre seguridad de IA dentro de CISA. La propuesta aún tendría que superar el trámite legislativo.
La discusión llegará junto con nuevos representantes que hicieron campaña a favor de controles sobre la tecnología o los centros de datos.
Gerardo Pavez
Nicholas Leiserson, del Institute for Security and Technology, dijo a CyberScoop que los demócratas podrían revisar los recortes de personal de ciberseguridad asociados al Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, y la integridad de sistemas federales a los que sus integrantes tuvieron acceso privilegiado. Planteó esos temas como posibles áreas de supervisión, no como hallazgos de una investigación ya concluida.
Antes de que esa agenda llegue a las nuevas comisiones, el Congreso actual tendrá la oportunidad de decidir si prolonga la ley de intercambio de amenazas. Dejarla para después del 11 de diciembre podría abrir un periodo de incertidumbre para las empresas que dependen de sus protecciones.
