TL;DR:
- La FGR señala a tres agentes aduanales, ya detenidos, como el eslabón que permitió ingresar combustible declarado como cloruro de calcio en la presunta red de Ernesto Ruffo.
- La Fiscalía estima un daño al erario de más de 4 mil millones de pesos y describe una red que movía combustible en carrotanques por ocho estados.
- La defensa de Ruffo responde que no hay pruebas en su contra y que el exgobernador solo posee el 30% de la empresa Ingemar, sin control operativo.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a tres agentes aduanales, ya detenidos, como el eslabón que hizo funcionar la presunta red de huachicol fiscal que atribuye al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel. Según la causa penal, esos agentes tramitaron el ingreso al país de combustible declarado como otra sustancia, lo que habría permitido que los hidrocarburos cruzaran la aduana sin ser detectados. Ruffo permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano y la Fiscalía calcula un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos. Su defensa lo niega y exige pruebas.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos describió el caso como la mayor operación de contrabando de combustible detectada hasta ahora, con carrotanques de ferrocarril que operaban en ocho estados. En un primer bloque, la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión. Dentro de esa estructura, los agentes aduanales son el punto donde una declaración falsa en el papel abre la puerta de la aduana.
"La más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento."
Así la definió la titular de la FGR al anunciar las detenciones.
Por qué la Fiscalía los pone en el centro
Un agente aduanal firma electrónicamente los pedimentos de importación y responde, bajo protesta de decir verdad, por la veracidad y exactitud de lo que declara: qué mercancía entra, en qué volumen y bajo qué régimen. Por eso la causa penal sostiene que sin su intervención la mercancía no habría podido ingresar de forma irregular. La Fiscalía afirma que estamparon su firma en pedimentos que reportaban el cargamento como cloruro de calcio, un producto legal y de trámite distinto, para que el diesel y la gasolina pasaran sin encender alertas.
La causa penal detalla operaciones concretas atribuidas a dos agentes y a un dependiente autorizado, todos ya detenidos:
- Víctor José Carretero Zardeneta, ligado a la empresa Servicios Aduanales JR, habría tramitado el carrotanque TAEX2710, declarado como 652,250 litros de cloruro de calcio, que según los peritajes contenía en realidad 111,391 litros de diesel automotriz.
- Del mismo agente, el carrotanque UTLX205538 se reportó con 796,241 litros de cloruro de calcio y, de acuerdo con los dictámenes, transportaba 114,242 litros de gasolina regular.
- Juan Hermilo Chávez Rodríguez, como mandatario de la empresa Ingemar, habría intervenido en la importación de 161 carrotanques con mercancía en exceso a la declarada.
- Luis Antonio Barrientos Juárez, dependiente autorizado de Chávez Rodríguez, aparece vinculado a cinco unidades y fue notificado de un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA).
Sobre el primero, la causa penal añade que ya cuenta con antecedentes por conductas similares en otros expedientes.
Ingemar, el origen que la FGR coloca en la red
La Fiscalía describe a Ingemar, empresa ligada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por Ruffo, como el punto de partida y el nodo financiero del esquema: la firma que recibía los ingresos del contrabando y los canalizaba hacia compañías en el extranjero. Una vez que los petrolíferos entraban sin declararse, según la causa penal, Ingemar los vendía y distribuía a empresas registradas como destinatarios finales, entre ellas Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G y Crismon Hidrocarburos y Derivados, con lo que se buscaba aparentar operaciones lícitas.
El expediente forma parte de la causa penal 253/2026. Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada y trasladado a instalaciones de la FGR en Tijuana; la audiencia inicial arrancó el 17 de julio en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, a puerta cerrada y por videoconferencia.
La defensa dice que no hay pruebas
El abogado Fernando Gómez Mont afirma que la FGR no presentó pruebas que vinculen a Ruffo con delincuencia organizada ni con el contrabando de hidrocarburos. Sostiene que el exgobernador es accionista minoritario, con 30% de Ingemar, que no operaba la empresa ni intervenía en la logística o el transporte, y que la firma contaba con permisos legales para importar combustible. La defensa pidió que enfrentara el proceso en prisión domiciliaria por su edad, algo que el juez negó; solo dos de los imputados de mayor edad obtuvieron esa medida.
El proceso apenas comienza y no existe sentencia. En el plano político, el PAN presenta a Ruffo como preso político, mientras Morena responde que se trata de huachicol fiscal y no de persecución.
Para los agentes aduanales, el mensaje de la causa es directo: la firma electrónica con la que validan un pedimento dejó de ser un trámite y pasó a ser, en la versión de la Fiscalía, la prueba de cómo el combustible entró disfrazado. Ruffo lo rechaza y su defensa exige evidencia; por lo pronto, la causa 253/2026 sentó a los agentes en el mismo proceso que a los presuntos operadores de la red.
