TL;DR:

• Correos incorporados a un expediente judicial, reportados por The Wall Street Journal, exponen meses de negociación entre Dario Amodei (Anthropic) y el subsecretario de Defensa Emil Michael por los límites al uso militar de Claude.
• El choque se centró en dos "líneas rojas" de Anthropic: nada de armas totalmente autónomas sin supervisión humana ni vigilancia masiva de estadounidenses. El Pentágono exigía usar la IA "para cualquier fin legal".
• Tras caerse el contrato de 200 millones de dólares, el Departamento de Defensa designó a Anthropic "riesgo para la cadena de suministro". Hoy dos tribunales federales sostienen fallos opuestos y el caso sigue sin resolverse.

Los correos que Anthropic y el Pentágono intercambiaron durante meses ya son públicos, y cuentan una historia más enredada que la que cada bando dio por separado. Un reporte de The Wall Street Journal, basado en documentos de un expediente judicial, muestra el ida y vuelta entre el CEO de Anthropic, Dario Amodei, y el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael, sobre las salvaguardas para el uso de Claude en tareas militares. El detalle incómodo: en varios de esos mensajes las dos partes se veían cerca de un acuerdo, algo que contrasta con el discurso posterior del gobierno, que terminó calificando a la empresa como una amenaza para la seguridad nacional. La disputa pesa mucho más allá de un contrato: está fijando el precedente de cuánto puede un desarrollador de IA de frontera poner condiciones a cómo lo usa el ejército de Estados Unidos.

El choque se redujo a dos "líneas rojas"

En julio de 2025, el Departamento de Defensa firmó contratos de hasta 200 millones de dólares cada uno con Anthropic, Google, OpenAI y xAI para acelerar el uso de IA avanzada en seguridad nacional. Claude fue el primer modelo de frontera desplegado en las redes clasificadas del ejército y, según la propia empresa, el más usado dentro del Departamento. Reportes de prensa y un documento del Servicio de Investigación del Congreso indican que llegó a usarse en operaciones reales, entre ellas la redada de enero de 2026 que capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro y labores de inteligencia en el conflicto de EE. UU. con Irán. Por eso perderlo, o perder el control sobre él, pesaba tanto para ambos lados.

Ahí empezó el problema. Cuando llegó el momento de renegociar el uso de Claude en toda la estructura militar, el Pentágono pidió acceso "para cualquier fin legal". Anthropic aceptó casi todo, menos dos casos de uso: armas totalmente autónomas que maten sin supervisión humana significativa y vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. Amodei defendió esa postura en una declaración pública el 26 de febrero de 2026:

"En un conjunto limitado de casos, creemos que la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos. Algunos usos simplemente exceden los límites de lo que la tecnología actual puede hacer de forma segura y fiable."

Según el relato que Amodei envió a su equipo, el punto que reventó la mesa fue casi quirúrgico: el Pentágono ofreció aceptar las condiciones de Anthropic si la empresa borraba una frase del contrato sobre "análisis de datos adquiridos de forma masiva", justo la línea que, escribió, describía el escenario que más le preocupaba. Anthropic dijo que no. El secretario de Defensa Pete Hegseth puso un ultimátum: ceder antes de las 17:01 del viernes o atenerse a las consecuencias. Al vencerse el plazo, Trump ordenó a las agencias federales cortar con la empresa y Hegseth la designó "riesgo para la cadena de suministro".

Qué muestran los correos y por qué complican la versión oficial

Aquí es donde los correos pesan. Una parte del expediente ya se conocía: en un mensaje del 4 de marzo, un día después de que el Pentágono formalizara por escrito la designación de riesgo, Michael le escribió a Amodei que las dos partes estaban "muy cerca" en los dos temas que el gobierno usaría después como prueba de que Anthropic era un peligro. Según los correos reportados por The Wall Street Journal, Michael incluso llegó a señalar que no quería forzar un acuerdo si los dos lados quedaban demasiado distantes. Ese tono cordial fue, semanas más tarde, munición para la jueza del caso en California, que citó esos mensajes amables para concluir que la etiqueta de amenaza nacional resultaba "arbitraria y caprichosa".

El Pentágono cuenta otra película. Para Michael, la cordialidad de los correos no borra el problema de fondo: acusa a Anthropic de haber convertido una negociación técnica en una campaña de relaciones públicas, al publicar sus líneas rojas en un blog el jueves previo al plazo, sin avisar, cuando ya habían llegado a un acuerdo conceptual. En una entrevista con la revista TIME lo dijo sin filtro:

"Convirtieron esto en un tema de relaciones públicas. Cuando haces eso, eres un riesgo para la cadena de suministro."

El temor que el gobierno puso sobre la mesa fue el de un proveedor cuyo software pudiera fallar, ser manipulado o "envenenado" en plena operación militar y poner en riesgo la vida de los soldados. Anthropic respondió con un argumento técnico: su jefe de sector público, Thiyagu Ramasamy, declaró bajo juramento que, una vez que Claude corre dentro de un sistema aislado y operado por un tercero, la empresa no tiene acceso remoto, ni un botón de apagado, ni forma de meter actualizaciones no autorizadas. Su jefa de política, Sarah Heck, negó además que Anthropic pidiera algún papel de aprobación sobre las operaciones militares.

El Pentágono habla de control operativo; Anthropic, de represalia

Las dos partes ni siquiera coinciden en qué se está peleando. El gobierno insiste en que el pleito es sobre control operativo, no sobre libertad de expresión: sostiene que un proveedor privado no puede meterse en la cadena de mando militar, y que la vigilancia masiva y las armas autónomas ya están limitadas por leyes y políticas internas, así que las líneas rojas de Anthropic sobraban. El tono se salió de control rápido. Michael llegó a llamar mentiroso a Amodei y a atribuirle un "complejo de Dios". Hegseth calificó la postura de la empresa como una lección de "arrogancia y traición" y acusó a Amodei de intentar "someter" al ejército estadounidense. Donald Trump ordenó a las agencias federales cortar con Anthropic y la tachó de "empresa woke de izquierda radical".

Anthropic enmarca lo contrario: dice que la castigaron por ejercer un punto de vista protegido por la Primera Enmienda, el de advertir sobre los límites de su propia tecnología. Amodei afirmó que la compañía "no tenía otra opción" que ir a tribunales. La empresa también apuntó al calendario: OpenAI cerró su propio acuerdo con el Pentágono a las pocas horas de que se cayera el de Anthropic, usando el estándar de "cualquier fin legal", y Amodei calificó ese pacto de "teatro de seguridad". Hay además un factor político que Anthropic no esconde: no donó a Trump, mientras que figuras de OpenAI sí lo hicieron.

Dos tribunales, dos resultados y un precedente para toda la industria

El 9 de marzo, Anthropic presentó dos demandas federales, y el caso se partió en dos. La jueza Rita Lin, en el Distrito Norte de California, concedió a la empresa una medida cautelar el 26 de marzo y fue durísima con el gobierno: llamó "orwelliana" a la maniobra y dijo que no parecía dirigida a la seguridad nacional sino a castigar a la compañía. Su frase más citada apuntó directo al argumento del Pentágono:

"Si lo que preocupa es la integridad de la cadena de mando operativa, el Departamento de Defensa simplemente podría dejar de usar Claude."

En Washington, el resultado fue el opuesto. La Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. negó, el 8 de abril, la suspensión que pedía Anthropic, con el argumento de que frenarla obligaría al ejército a seguir atado a un "proveedor no deseado" de IA crítica en plena guerra. Ese mismo tribunal restó peso al daño alegado por la empresa: lo consideró sobre todo financiero y señaló que Anthropic incluso pudo beneficiarse del choque, con un repunte de descargas de su app. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, celebró el fallo como una "victoria rotunda para la preparación militar". En la audiencia de fondo del 19 de mayo, el panel se mostró dividido: la jueza Karen Henderson habló de un "exceso espectacular" del Departamento, mientras que los jueces Neomi Rao y Gregory Katsas cuestionaron que una empresa privada se reserve una especie de veto sobre cómo el ejército usa un producto comercial. El Departamento de Justicia sostuvo que Anthropic sí tiene capacidad técnica para interferir en operaciones militares críticas.

El saldo práctico es claro: Anthropic queda fuera de los contratos directos del Departamento de Defensa, pero puede seguir con otras agencias. Y explica por qué el pleito trascendió al sector: científicos de OpenAI y Google DeepMind, junto con grupos de la industria como CCIA e ITI, presentaron escritos ante los tribunales advirtiendo del riesgo para la competitividad de EE. UU. si el gobierno puede usar contra una empresa nacional una etiqueta reservada normalmente para adversarios extranjeros. Según Michael, citado por el Journal, cerca de dos tercios de las operaciones del Pentágono que usaban tecnología de Anthropic ya migraron a otras herramientas.

Preguntas rápidas sobre el caso Anthropic y el Pentágono

Más allá de quién tenga la razón sobre esos correos, el resultado del caso va a delimitar algo que ninguna otra disputa había puesto a prueba: cuánto puede el gobierno de Estados Unidos usar una etiqueta de seguridad nacional para castigar a una empresa con la que no está de acuerdo, y cuánto puede una compañía de IA decidir para qué sirve su tecnología en la guerra. Los dos fallos que hoy conviven, uno a favor y otro en contra, garantizan que la respuesta saldrá de los tribunales y sentará jurisprudencia para el resto del sector.

Fuentes: 1, 2, 3