Google y Meta han objetado o demorado algunas solicitudes de datos de usuarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), al que pertenece ICE, según un reportaje de The Wall Street Journal publicado el 29 de octubre de 2026. El medio atribuye a personas familiarizadas con las deliberaciones internas la preocupación de los ejecutivos por un posible mayor escrutinio demócrata tras las elecciones legislativas. Los casos conocidos muestran que cuestionar una solicitud no siempre impide que una plataforma considere entregar los datos.
Dos casos muestran hasta dónde llega la resistencia
En abril de 2026, el DHS pidió a YouTube nombres y direcciones IP asociados a seis canales de periodistas y medios, entre ellos los de Megyn Kelly y el Milwaukee Journal Sentinel. Google dijo al U.S. Press Freedom Tracker que no cumplió con esa citación administrativa. El registro del caso señala que un juez había rechazado antes dos solicitudes de orden judicial para obtener información de otros dos de esos canales.
Meta reaccionó de otra manera ante una citación de septiembre de 2025 dirigida a identificar usuarios de Instagram y Facebook que seguían la actividad migratoria en Pensilvania. Según correspondencia del DHS obtenida por la Electronic Frontier Foundation (EFF), Meta cuestionó la autoridad legal invocada y pidió más detalles. Después avisó a los usuarios que entregaría los datos si no impugnaban la petición en diez días. Los afectados acudieron a los tribunales con ayuda de la ACLU y el gobierno retiró las citaciones.
Una citación administrativa puede ser emitida por la agencia sin aprobación judicial previa. Ese mecanismo explica por qué la decisión de la empresa de exigir una justificación, avisar a la persona afectada o responder cambia el curso de cada caso. La EFF sostiene que las plataformas deberían asumir la defensa judicial en vez de dejarla en manos de los usuarios. ICE declaró al Journal que sus operaciones se ajustan a la ley y a sus políticas; la Casa Blanca afirmó que respeta la libertad de expresión, pero señaló que las amenazas y la violencia no están protegidas por la Primera Enmienda.
Los legisladores ya solicitaron cifras a diez empresas
La fiscalización no depende únicamente del resultado de noviembre. El 25 de febrero de 2026, tres congresistas demócratas enviaron cartas a diez empresas, entre ellas Google, Meta, Reddit y TikTok, para pedir el número de solicitudes del DHS recibidas, atendidas o rechazadas, además de información sobre los avisos a los usuarios. Es una investigación impulsada por legisladores de la minoría, distinta de la posibilidad de nuevas investigaciones bajo un Congreso con liderazgo demócrata que plantea el Journal.
El reportaje describe preocupaciones dentro de las compañías y nuevas tácticas para discutir solicitudes amplias, pero sus fuentes sobre esas motivaciones no están identificadas por nombre. Los casos documentados permiten comprobar respuestas concretas; las cartas de los congresistas muestran que todavía se busca establecer cuántos datos se entregaron y con qué aviso a las personas afectadas.
