Chris Hughes, cofundador de Facebook, propuso el 23 de septiembre de 2026 que Estados Unidos vigile a los laboratorios de inteligencia artificial de frontera como vigila a los grandes bancos: con equipos de supervisores del gobierno instalados dentro de cada empresa, pruebas de estrés periódicas y poder para disciplinar a quien no cumpla. La idea, publicada como columna de opinión en el Financial Times, parte del plan de evaluadores externos que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, lanzó 11 días antes, pero lo saca del terreno voluntario: los supervisores responderían a una agencia pública que Hughes sugiere llamar Oficina de Supervisión de la IA.
Qué haría la Oficina de Supervisión de la IA
El modelo que Hughes copia existe desde hace décadas. En su columna, que también publicó íntegra en su boletín Marketcraft, describe cómo la Reserva Federal, la FDIC y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) mantienen equipos dentro de los bancos comerciales que supervisan: se reúnen con empleados y directivos, revisan documentación interna y siguen la operación diaria. Su tarea es juzgar si la dirección gestiona bien el riesgo, no solo si el papeleo está en orden, y pueden obligar al banco a corregir lo que falle.
Trasladado a la IA, cada laboratorio de frontera trabajaría con un equipo de supervisores que entienda su tecnología. Estarían presentes desde el diseño y la revisión de los modelos, con la misión de asegurar que las personas y los agentes de IA que construyen esos sistemas se concentren en evitar comportamientos indebidos.
La segunda pieza son las pruebas de estrés. Hughes recuerda que los bancos más grandes deben demostrar cada año cómo resistirían una recesión severa, con escenarios que la Reserva Federal actualiza y que mantuvo confidenciales hasta hace poco para que nadie entrenara para el examen. En su versión para la IA, cada empresa tendría que probar que su personal todavía puede anular o apagar un modelo que hubiera tomado control de sistemas eléctricos, de pagos o de transporte, frente a escenarios que no conoció de antemano.
Los tres años son un tope de rotación
El dato que más circuló en los resúmenes, un plazo de tres años para evitar la captura regulatoria, no se refiere a la vida de la oficina. Hughes lo plantea para los supervisores de mayor rango, que deberían rotar entre empresas como ocurre en la banca. La OCC limita a cinco años la permanencia de un examinador a cargo en un mismo banco; dado lo rápido que se mueve la IA, él propone tres.
La rotación responde a un riesgo que el propio autor reconoce en el modelo bancario. Los supervisores a veces detectaron peligros y no actuaron, otras veces sus jefes redujeron la supervisión a listas de verificación rígidas, y en ocasiones terminaron capturados por la industria que vigilaban. Por eso pide personal que entienda la tecnología y no tenga miedo de usar su poder.
«Un modelo de supervisión bancaria para regular la IA crea una vía para que funcionarios públicos y expertos privados evalúen juntos esas compensaciones, y a la vez garantiza que las empresas que se benefician de una decisión no sean sus únicos jueces», escribe Hughes.
La diferencia con el plan de Amodei
Hughes abre su texto con el ensayo que Amodei publicó el 12 de septiembre de 2026, We Must Pace the Frontier. Ahí, el director de Anthropic se compromete a recibir un equipo de evaluadores externos, de organizaciones como METR, con escritorios en sus oficinas, credenciales, laptops de la empresa y permisos comparables a los de sus equipos internos de riesgo. Amodei mismo citó a los supervisores bancarios como precedente y pidió a los gobiernos exigir el mismo paso al resto de los laboratorios.
La propuesta de Hughes cambia quién manda. En el esquema de Amodei, los evaluadores son terceros privados que la empresa invita; en el de Hughes, son funcionarios de una agencia con facultades para sancionar. OpenAI también dijo en X que apoya evaluaciones independientes con acceso profundo al entrenamiento, la evaluación y el despliegue, pero eso sigue siendo un compromiso de empresa, no una obligación legal.
Por qué el FRONTIER Act no le basta
El Congreso ya discute una idea cercana. El FRONTIER Act, de los representantes Jay Obernolte, republicano de California, y Lori Trahan, demócrata de Massachusetts, obligaría a las mayores compañías de IA a someter sus modelos a auditorías independientes, publicar reportes y revelar incidentes de seguridad. Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, respaldó la parte de las auditorías externas, aunque la empresa aclaró a CBS News que no apoya el proyecto completo.
Para Hughes, el proyecto se queda corto por un problema de incentivos: las empresas podrían contratar a sus propios evaluadores, con el riesgo de repetir los conflictos que comprometieron a las calificadoras de crédito antes de la crisis de 2008. Además, no crearía una agencia independiente ni supervisores integrados como en la banca.
El marco federal vigente va todavía más lejos de su propuesta. La orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 2 de junio de 2026 pide a los desarrolladores, de forma voluntaria, dar al gobierno acceso a ciertos modelos de frontera hasta 30 días antes de liberarlos a otros socios, y descarta de manera expresa crear licencias o permisos obligatorios.
El mensajero también cuenta
Hughes no llega nuevo a este debate. En 2019 publicó en The New York Times una columna que pedía dividir Facebook y regular su contenido. El periodista Alex Heath lo leyó en ese registro y comentó en X que el ciclo ya llegó al punto en que regresan quienes intentaron regular las redes sociales, según recogió Techmeme. Joe Weisenthal, de Bloomberg, compartió la columna como un argumento a favor de usar la supervisión bancaria de plantilla.
La columna deja abiertas las preguntas prácticas: no dice en qué dependencia viviría la oficina, con qué presupuesto ni cómo reclutaría a especialistas capaces de revisar modelos que sus propios creadores no terminan de entender. Hughes sí fija el orden: el Congreso no necesita una ley enorme sobre IA, sino empezar por la seguridad de los modelos, el error que según él se cometió con las redes sociales al intentar resolver todo a la vez.
Por ahora, los evaluadores con acceso interno a un laboratorio de IA son los que la propia empresa decide invitar. La propuesta de Hughes necesitaría una ley del Congreso y una agencia nueva para que esa presencia deje de depender de la buena voluntad de quien es vigilado.
