El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos desestimó el 26 de octubre la apelación federal para obligar a California a apartar boletas por correo de personas que el gobierno considera posibles no ciudadanas. La petición se apoya en una lista de más de 20,000 registros. La decisión, por dos votos contra uno, mantiene el conteo sin la restricción solicitada mientras el litigio continúa en primera instancia.
La mayoría concluyó que el Departamento de Justicia no había dado al juez de distrito una oportunidad adecuada para resolver su solicitud urgente. Por eso se declaró sin jurisdicción para conocer la apelación. La demanda sigue abierta y el fallo no determina la ciudadanía de las personas incluidas en la lista.
En su demanda del 15 de octubre, el gobierno pidió impedir que se tabularan las boletas de las personas señaladas hasta verificar su ciudadanía. Invocó la prohibición federal de que los no ciudadanos voten en elecciones federales y acusó a California de facilitar su incumplimiento. El estado y el condado de Los Ángeles cuestionan tanto la evidencia como la autoridad para imponer ese procedimiento.
La muestra de Los Ángeles contiene registros cancelados
El registrador del condado, Dean Logan, precisó en un comunicado del 21 de octubre que la lista federal contenía 20,930 registros. De ellos, 7,035 tenían direcciones en Los Ángeles, el 33.6 % del total. La cifra estatal describe registros señalados por el gobierno, no un recuento de boletas devueltas o votos ilegales comprobados.
En una declaración judicial del 20 de octubre, la funcionaria electoral Monica Flores explicó que 112 de los 200 registros revisados correspondían a inscripciones canceladas o inactivas, por lo que no se les había enviado una boleta para esta elección. Entre los registros con información utilizable sobre el lugar de nacimiento, el 38.9 % indicaba nacimiento en Estados Unidos. Ese porcentaje corresponde a ese subconjunto, no a toda la muestra.
La revisión era preliminar. Logan advirtió que sus resultados tampoco debían interpretarse como determinaciones de ciudadanía. La existencia de nombres en la lista, su inscripción vigente y la emisión de una boleta son cuestiones distintas que requieren comprobación.
El secreto de la boleta complica la separación
Los documentos del condado explican que, después de verificar y separar una boleta de su sobre identificativo, ya no puede asociarse con quien la emitió. Esa protección del voto secreto impide localizar posteriormente la boleta de una persona concreta.
El gobierno sostiene que esa mezcla vuelve irreparable el eventual conteo de un voto ilegal y exige intervenir de inmediato. Los Ángeles responde que reorganizar el proceso durante la elección desviaría personal y podría dejar sin contar votos de personas elegibles.
En opiniones concurrentes, Mark Bennett y Gabriel Sánchez advirtieron sobre el riesgo de privación del voto y de alterar las reglas con la elección en marcha. Patrick Bumatay discrepó: consideró que el tribunal debía intervenir para preservar la posibilidad de separar las boletas cuestionadas.
La siguiente audiencia está fijada para el 27 de octubre ante el juez federal David O. Carter. Su tribunal debe examinar la solicitud urgente a una semana de las elecciones del 3 de noviembre, mientras California continúa procesando las boletas conforme a sus procedimientos vigentes.
