La jueza federal Jennifer L. Rochon ordenó suspender por 14 días los anuncios televisivos que promocionan a Donald Trump y se pagan con fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida, emitida el 11 de octubre de 2026 en Nueva York, frena una compra publicitaria de 20 millones de dólares antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.
El caso fue presentado por Common Cause, el candidato demócrata a la legislatura de Alabama Robert Hunter, el sindicato SEIU Local 32BJ y su comité político Empire State 32BJ SEIU PAC. La coalición sostiene que el gobierno utilizó dinero público para favorecer a candidatos republicanos.
La suspensión también alcanza pagos y contratos
La orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York exige cancelar los espacios pendientes, incluidos los programados para la noche del 11 de octubre. También suspende los pagos futuros de la orden de compra y prohíbe celebrar, renovar o ampliar acuerdos para los anuncios cuestionados.
El mandato obliga a funcionarios y contratistas, incluida LMD Agency, la empresa encargada de colocar la publicidad. La vigencia inicial de dos semanas puede ampliarse por decisión del tribunal.
Qué representan los 20 millones de dólares
Según la declaración de la funcionaria del DHS Holly Mehringer recogida por CNN, LMD había comprado espacios hasta el 11 de octubre por aproximadamente 19 millones de dólares. El gobierno le había indicado que no realizara compras adicionales después de esa fecha.
Los 20 millones corresponden al dinero asignado. El encargo a LMD cubría la colocación de los anuncios; su producción quedaba fuera de ese importe, según el expediente. Además, la factura final seguía pendiente. Por eso, presupuesto autorizado, espacios comprados y pagos todavía adeudados representan etapas distintas del gasto.
El Departamento de Justicia había argumentado que la intervención judicial era innecesaria porque la campaña terminaría el domingo. Esa explicación no convenció a Rochon.
Por qué la promesa de retirarlos no cerró el caso
En su opinión publicada el 12 de octubre, la jueza señaló que el contrato seguía vigente, que aún había pagos pendientes y que la declaración de que el DHS carecía de planes para nuevas compras no descartaba suficientemente una reanudación.
Rochon también consideró que los demandantes tenían una probabilidad clara de demostrar que el gasto vulneraba las restricciones presupuestarias y la prohibición de financiar propaganda no autorizada por el Congreso. Citó "Final Battle", una pieza prácticamente idéntica a un anuncio de la campaña de Trump de 2024, ahora con un aviso de financiación gubernamental.
La resolución es cautelar: protege a los demandantes mientras continúa la revisión judicial, sin constituir una sentencia definitiva sobre todas sus reclamaciones.
La Casa Blanca defendió los anuncios como mensajes de servicio público similares a los de gobiernos anteriores, informó Associated Press. El uso de fondos públicos también recibió críticas del líder republicano del Senado, John Thune.
Trump anunció el 5 de octubre que financiaría futuras piezas con dinero recaudado para MAGA Inc., según CNN. Ese cambio se refiere a nuevos anuncios: una portavoz de la Casa Blanca dijo al medio que el presidente no planeaba reembolsar el gasto ya realizado.
La orden exige al gobierno presentar, dentro de las 24 horas siguientes a su entrada, un informe que confirme el cumplimiento de la suspensión.
