El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la comisionada de policía Jessica Tisch anunciaron el 16 de noviembre la disolución del Strategic Response Group (SRG), una unidad de unos 500 agentes que atendía tanto amenazas terroristas como manifestaciones. El cambio separará esas funciones, pero la división civil que dialogará con los organizadores de protestas no comenzará a operar hasta 2028, según aclaró Mamdani al día siguiente. Durante la transición habrá agentes dedicados al diálogo y otra unidad policial podrá intervenir si hacen falta arrestos.
La primera etapa seguirá a cargo de la policía
La alcaldía presentó la reorganización como un nuevo enfoque encabezado por civiles. En una comparecencia del 17 de noviembre, Mamdani precisó el calendario: el plan empezará a aplicarse en 90 días, mientras que la Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD), alojada en la Oficina de Seguridad Comunitaria, se estrenará en 2028. La ciudad prevé contratar inicialmente a unas 30 personas para esa división, que no portará armas ni tendrá facultades de arresto.
Hasta entonces, un equipo de 30 policías uniformados, llamado First Amendment Support Team (FAST), asumirá las tareas de comunicación y desescalada. Mamdani dijo que FAST conservará una función de enlace, aunque con menor actividad, una vez que la división civil esté operativa. También explicó que los civiles intervendrán antes y durante las primeras etapas de una protesta; si surge violencia, la policía seguirá presente.
El SRG se disolverá hacia la primavera de 2027, de acuerdo con la entrevista que Mamdani y Tisch dieron a ABC7 Nueva York. Sus aproximadamente 500 agentes serán reasignados dentro del departamento, algunos a tareas antiterroristas. La alcaldía dice que esas funciones pasarán a la Oficina de Inteligencia y Antiterrorismo del NYPD y que el cambio no alterará la plantilla total del cuerpo.
La nueva Patrol Support Division (PSD) reunirá a policías seleccionados y capacitados para gestionar multitudes. Según la alcaldía, pasarán la mayor parte del tiempo apoyando tareas ordinarias de patrullaje, pero podrán intervenir en manifestaciones y realizar arrestos cuando sea necesario en casos excepcionales. Esa facultad distingue a la PSD del equipo civil y explica por qué el fin del SRG no supone retirar a los policías de las protestas.
Las restricciones y la discusión sobre la nueva unidad
El plan formaliza la prohibición de cercar a manifestantes para impedirles salir, una táctica conocida como kettling, y prohíbe las armas largas y los gases lacrimógenos durante actividades protegidas por la Primera Enmienda. El gas pimienta dejará de usarse como herramienta general de control de multitudes y los dispositivos acústicos de largo alcance tendrán un límite de 90 decibelios, según la alcaldía.
Parte de esos límites tiene antecedentes. En 2023, la fiscalía general del estado de Nueva York anunció un acuerdo por las demandas sobre detenciones y uso excesivo de fuerza durante las protestas de 2020. El pacto ya restringía el despliegue indiscriminado del SRG y la práctica de cercar a manifestantes, que ahora figura entre las restricciones de la reorganización.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), que participó en ese acuerdo, celebró la disolución, pero advirtió que vigilará a la PSD para comprobar que cumpla el pacto de 2023. La organización pide que el Concejo Municipal apruebe la propuesta CURB Act para convertir las protecciones en normas que una administración posterior no pueda revertir fácilmente. Mamdani respalda el proyecto; ese apoyo no equivale a su aprobación legislativa.
Tisch sostuvo en su entrevista con ABC7 que, en situaciones de control de grandes multitudes como una celebración deportiva, los neoyorquinos pueden esperar una respuesta policial similar a la habitual. Esa afirmación se refiere a esos operativos y no elimina las restricciones anunciadas para protestas. La Asociación Benevolente de la Policía, por su parte, criticó el plan por sus posibles efectos sobre la seguridad.
La reorganización comenzará con agentes en el diálogo durante la transición hacia el equipo civil. El Concejo Municipal decidirá por separado si convierte las restricciones a la policía en una ley.