Lyft acordó pagar US$272.5 millones para resolver demandas por la presunta clasificación indebida de sus conductores como contratistas independientes en California. El acuerdo, anunciado el 1 de octubre de 2026 por la fiscalía estatal y las ciudades de San Francisco, Los Ángeles y San Diego, abarca trabajo realizado entre el 5 de abril de 2016 y el 15 de diciembre de 2020. Al menos US$237 millones se reservarán para conductores, pero el pacto necesita la aprobación del Tribunal Superior de San Francisco antes de que empiecen los pagos.
Haber conducido en ese periodo no garantiza un pago
El acuerdo presentado ante el tribunal considera "cubierto" a quien realizó al menos un viaje que comenzó o terminó en California durante esas fechas. Para recibir dinero, sin embargo, deberá superar un mínimo de horas de conducción durante la recogida y el traslado de pasajeros. Las autoridades fijarán ese umbral después de recibir los datos de Lyft. También serán elegibles los conductores que ya tenían reclamaciones salariales pendientes ante la oficina de la comisionada laboral cuando se presentó su demanda.
El fondo destinado a conductores equivale al menos al 87% de los US$272.5 millones. Según el plan judicial, una parte de US$5.45 millones se asignará a quienes habían presentado esas reclamaciones; el resto se distribuirá principalmente en proporción a las millas recorridas para recoger y transportar pasajeros, con una ponderación mayor para ese grupo de reclamantes. Todavía no hay una cifra de pago por persona.
La Fiscalía General de California indicó que, una vez aprobado el acuerdo y cuando Lyft comience a aportar al fondo, un administrador contactará a los trabajadores elegibles. Se habilitarán un sitio, un correo y una línea telefónica para consultar la elegibilidad y los pagos. El estado anunciará después los detalles de esos canales.
El acuerdo cubre el periodo anterior a la Proposición 22
California acusó a Lyft de negar a sus conductores protecciones como salario mínimo, pago de horas extra y reembolso de gastos laborales al tratarlos como contratistas. En una declaración recogida por Reuters, Lyft sostuvo que siempre los clasificó conforme a la ley. El documento judicial establece que la resolución no constituye una admisión de responsabilidad de la empresa.
El periodo reclamado termina el 15 de diciembre de 2020, un día antes de que entrara en vigor la Proposición 22, que modificó las reglas aplicables a ciertos conductores de plataformas. En su reporte ante la SEC, Lyft precisa que el pacto no le impone cambios operativos futuros y que puede completar los aportes al fondo a lo largo de cuatro años, con intereses a partir del segundo. Ese calendario de aportes no fija por sí mismo cuándo cobrará cada conductor.
El acuerdo, precisa el texto judicial, no resuelve las demandas contra Uber coordinadas en el mismo expediente. Para los conductores de Lyft, los siguientes pasos son la aprobación judicial, la definición del mínimo de horas y la puesta en marcha del mecanismo de pago.
