El Senado de Estados Unidos aprobó el 19 de noviembre de 2026, por 62 votos a 33, la Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA), una reforma de los permisos federales para proyectos de energía e infraestructura. El texto busca acelerar obras de transmisión eléctrica y evitar que otros clientes paguen los costos adicionales de abastecer a centros de datos. La votación no convierte el proyecto en ley: todavía debe pasar por la Cámara de Representantes y recibir la firma presidencial.
Los centros de datos pagarían las ampliaciones que necesitan
La enmienda aprobada plantea dos niveles de protección. Primero, encarga a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) revisar las tarifas de transmisión para cobrar a los clientes de centros de datos el uso de la red existente y una evaluación de los costos adicionales de transmisión que generen. La comisión tendría que desarrollar reglas para aplicar ese cambio.
En el suministro eléctrico minorista, el texto impide cargar a otros clientes los costos adicionales de generación, transmisión y distribución atribuibles a una instalación de cómputo cubierta. También exige garantías financieras antes de construir las obras necesarias y mantiene el cobro de esos costos si el operador deja de comprar energía antes de pagarlos. Esta parte aplicaría a instalaciones que se conecten desde la eventual promulgación; los acuerdos anteriores conservarían su vigencia, aunque los estados podrían revisarlos donde su legislación lo permita.
Una diferencia importa al comparar versiones: el proyecto presentado en septiembre fijaba un umbral de 20 megavatios (MW) para definir la carga cubierta. La enmienda que adoptó el Senado el 18 de noviembre reemplazó esa definición por la de instalaciones de cómputo, sin repetir aquel umbral. Por eso, usar los 20 MW para describir a quién alcanzaría el texto votado puede inducir a error. La aplicación concreta de las tarifas de transmisión también quedaría sujeta a las reglas de FERC.
FomoEra había explicado otra iniciativa aprobada por la Cámara en septiembre: proponía que los estados consideraran un estándar para centros de datos de 100 MW o más, pero les permitía rechazarlo. La votación actual corresponde a BAAJA, un proyecto distinto.
El ahorro previsto corresponde a una versión anterior
Rhodium Group calculó que ciertas disposiciones de BAAJA podrían reducir la factura eléctrica promedio de los hogares estadounidenses entre 50 y 78 dólares al año en 2040, frente a un escenario sin esa reforma. Es una proyección, no un descuento inmediato ni un ahorro garantizado. El propio análisis indica que modeló componentes de la versión inicial del 30 de septiembre, antes de los cambios que llegaron a la votación, y que dejó fuera disposiciones sobre la estabilidad de los permisos por su difícil interpretación.
La reforma no se limita a la red eléctrica. Modifica procesos vinculados con la ley federal de evaluación ambiental, la protección del agua, las especies amenazadas y el patrimonio histórico. También acorta plazos de revisión y limita algunas impugnaciones judiciales. Esas reglas podrían acelerar proyectos renovables, pero abarcan igualmente otras obras energéticas, incluidas instalaciones de combustibles fósiles.
La organización ambiental Earthjustice reconoce las disposiciones que podrían ampliar la red y facilitar la energía limpia, pero advierte que otros cambios debilitarían la revisión ambiental. El Congreso Nacional de Indígenas Americanos (NCAI) sostuvo el 17 de noviembre que las modificaciones propuestas no habían resuelto sus objeciones sobre consulta, soberanía y protección de lugares sagrados. Shelley Moore Capito, una de las promotoras, defendió tras la votación que el acuerdo ayudará a construir infraestructura y a atender el costo de la energía.
La Cámara de Representantes decidirá ahora si acepta el texto aprobado por el Senado. Mientras no concluya el trámite legislativo, las obligaciones para los centros de datos y los nuevos plazos de permisos siguen siendo propuestas.