Jeffrey Kessler, subsecretario de Comercio de Estados Unidos y responsable de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), presionó al personal para acelerar las licencias de exportación de chips Nvidia H200 a China, según tres personas con conocimiento del asunto citadas por The Information el 18 de noviembre de 2026. Dos de ellas afirmaron que, en algunos casos, Kessler ordenó aprobar exportaciones pese a objeciones de otras dependencias federales. El relato abre una pregunta sobre cómo se examinaron esas solicitudes, sujetas a una revisión individual por razones de seguridad nacional.
Las objeciones proceden de fuentes citadas por el medio
La descripción pública que The Information ofrece de su investigación distingue dos afirmaciones. Tres personas dijeron al medio que Kessler presionó para acelerar las aprobaciones; dos le atribuyeron órdenes para sacar adelante algunas solicitudes pese a las objeciones de otras agencias. El medio no identifica a esas personas en el texto abierto consultado. Tampoco aparecen allí los expedientes de las licencias ni las comunicaciones de las dependencias que habrían objetado los permisos.
Con esa información no se puede establecer qué agencias se opusieron a cada caso, si formularon una negativa formal o cómo resolvió BIS cada desacuerdo. La presión descrita es una alegación publicada por The Information. El anuncio de una política que permite estudiar ventas del H200 no demuestra por sí mismo que Kessler interviniera en una licencia concreta.
Una investigación de CBS News publicada antes de esta denuncia recogió testimonios de exfuncionarios que acusaban a Kessler de concentrar decisiones y obstaculizar labores de control en BIS. Es reportería independiente sobre el funcionamiento de la oficina, pero no verifica las órdenes específicas sobre permisos del H200 descritas por The Information.
La regla del H200 y la revisión de otras agencias
La BIS anunció el 13 de enero de 2026 que pasaría de presumir la denegación a estudiar caso por caso las solicitudes para exportar H200 y chips comparables a China. La regla, que entró en vigor el 15 de enero, exige información sobre el comprador, medidas para identificar a sus clientes y pruebas independientes del producto en Estados Unidos. No concede una autorización general para cualquier empresa china.
Las reglas de tramitación de BIS facultan a Defensa, Energía y Estado para revisar solicitudes. También contemplan situaciones en las que una agencia delega esa revisión y fijan un procedimiento para elevar desacuerdos formales. Por eso, una objeción mencionada por fuentes anónimas no permite concluir automáticamente que se incumplió el procedimiento: harían falta los documentos de los casos y saber qué facultades ejerció cada dependencia.
El debate público sobre los requisitos ya tenía otro antecedente. En una cobertura anterior, FomoEra relató lo que Semafor atribuyó al director jurídico de Nvidia durante una discusión sobre condiciones para exportar H200. Aquella conversación sobre propuestas para licencias y la presunta presión interna descrita ahora por The Information son episodios diferentes.
El Congreso pide explicaciones; la licencia no equivale a una venta
El 18 de noviembre, el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes pidió reuniones informativas a Nvidia y al Departamento de Comercio sobre el control de exportaciones y las noticias relativas a Megaspeed. Solicitó que se celebraran a más tardar el 2 de diciembre. Esa petición forma parte de una investigación parlamentaria más amplia; el comunicado del comité no confirma las acusaciones sobre la tramitación acelerada de licencias publicadas por The Information.
Por su parte, Nvidia dijo en sus resultados del 17 de noviembre que no prevé ingresos de cómputo para centros de datos procedentes de China en su pronóstico para el cuarto trimestre de su año fiscal 2027. Es una previsión de la empresa, no un recuento de permisos otorgados ni una respuesta a las acusaciones contra Kessler. Autorizar una exportación tampoco acredita que el producto haya sido entregado o vendido.
La discrepancia que plantea el reportaje requiere conocer el historial de las solicitudes señaladas: las revisiones de las agencias, sus objeciones y las decisiones finales. La norma pública describe el procedimiento, pero no muestra qué ocurrió en esos expedientes.