El Pentágono anunció que planea transmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, programada para el 3 de diciembre de 2026 en Fort Hood, Texas. La propuesta abrió una disputa sobre la exposición pública de una condena militar y sobre las vías judiciales que todavía puede utilizar su defensa.
El Ejército de Estados Unidos informó el 7 de octubre que Donald Trump aprobó la pena de muerte el día 2. El secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó la fecha el 6 de octubre. Ese comunicado establece el calendario de la ejecución, mientras que la emisión fue anunciada después por el Pentágono.
Hasan, expsiquiatra militar, fue condenado a muerte en 2013. El ataque que cometió en Fort Hood en 2009 dejó 13 muertos y 32 heridos, según ABC News.
La emisión sigue en discusión dentro del gobierno
Axios reportó el 12 de octubre que Trump expresó dudas en privado, según cuatro personas que hablaron con él.
El 10 de octubre, Trump dijo ante periodistas: "Al final, tomaré una decisión", según The Washington Post.
Dos días antes, un funcionario del Pentágono había confirmado a ABC News que la ejecución se transmitiría en directo. Pete Hegseth, jefe del departamento, defendió el acceso público como una forma de mostrar las consecuencias del ataque.
El 11 de octubre, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, dijo en CBS: "Nadie tiene que verlo si no quiere".
La senadora republicana Lisa Murkowski advirtió que exhibir la muerte daría a Hasan la notoriedad que busca, recogió CBS News.
La aprobación presidencial deja abierta la vía federal
El Ejército sostiene que Trump autorizó la pena después de concluir el proceso de apelaciones que confirmó la condena. El Tribunal Supremo rechazó examinar el caso el 31 de marzo de 2025, señala el comunicado militar.
La misma fuente explica que la normativa exige fijar una fecha entre 60 y 150 días después de la aprobación presidencial. Ese plazo organiza el calendario militar; la posibilidad de acudir a la justicia federal es una cuestión distinta.
John Galligan, abogado civil de Hasan y exjuez militar, dijo a ABC News que presentar una petición de habeas corpus era una posibilidad, aunque todavía no habían decidido cómo proceder. Ese recurso permite solicitar a un tribunal federal que revise la legalidad de la detención y podría retrasar la ejecución. La declaración del abogado describe una opción procesal, no una impugnación ya presentada.
Dan Urman, profesor de derecho constitucional en Northeastern, identifica otra controversia: si hacer pública la muerte añade humillación y degradación al castigo. Según su análisis, la defensa podría plantearlo bajo la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Es un argumento posible, no un fallo que haya declarado ilegal la transmisión.
Los medios también conservan su autonomía editorial. John Wihbey, profesor de comunicación de Northeastern, explicó que los radiodifusores tienen derechos bajo la Primera Enmienda y podrían optar por no emitirla. Para quienes decidan sobre esa cobertura, la voluntad del gobierno de mostrar una ejecución no sustituye su propia decisión de difundirla.
