La Fiscalía General de Texas anunció el 15 de octubre de 2026 que envió cartas a 156 proyectos de centros de datos para exigir información actualizada sobre su uso de agua. La acción forma parte de una investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones de reporte del sector.
El comunicado de Ken Paxton enumera proyectos en 32 condados, incluidos Harris, Dallas y Bexar. La investigación incluye instalaciones que no respondieron al cuestionario del Texas Water Development Board (TWDB), el organismo estatal de planificación hídrica. El anuncio no identifica empresas ni detalla infracciones individuales.
Omitir el reporte puede afectar ciertos permisos
El TWDB explica que su encuesta anual recoge información de instalaciones en funcionamiento para planificar el suministro de agua a escala estatal y regional. Quienes reciben la notificación deben responder. El cuestionario ordinario excluye los proyectos todavía planeados o en construcción, una distinción relevante frente al conjunto de desarrollos que investiga la fiscalía.
Según la sección 16.012(m) del Texas Water Code, reproducida por el TWDB, no completar y devolver el cuestionario a tiempo impide acceder a financiamiento del organismo y a permisos, modificaciones o renovaciones de derechos de agua bajo el capítulo 11. La omisión está tipificada como delito menor de clase C, con una multa máxima de 500 dólares, según The Texas Tribune.
Ryan Vise, director de relaciones externas de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), explicó a The Texas Tribune que esa omisión no permite revocar ni suspender permisos ya concedidos. La restricción afecta nuevas solicitudes, modificaciones o renovaciones.
En 2025 respondieron 97 de 329 centros encuestados, según el análisis de The Texas Tribune. Son datos de un cuestionario anual, un universo distinto al de los 156 proyectos que recibieron cartas.
La Data Center Coalition dijo al medio que respalda los reportes anuales y que problemas con los datos de contacto contribuyeron a la baja respuesta.
La auditoría añade una condición para avanzar
A la obligación anual de informar se sumó una suspensión más amplia. El 21 de septiembre de 2026, el gobernador Greg Abbott ordenó a la TCEQ, la autoridad ambiental estatal, detener todos los permisos solicitados por centros de datos hasta que el operador de la red eléctrica ERCOT completara su auditoría. La revisión aborda los proyectos que buscan conectarse a esa red.
La orden vincula las aprobaciones regulatorias a la información que requieren los organismos de electricidad y agua. Abbott fijó el 19 de octubre de 2026 como fecha para que la TCEQ informe a su oficina cómo cumple esa instrucción.
