El juez Wayne M. Ozzi ordenó el 29 de septiembre que Nueva York cancele los avisos enviados sobre su impuesto a segundas viviendas y determine de nuevo, caso por caso, quién está sujeto al recargo. La ciudad apeló ese mismo día e invocó una suspensión automática para continuar la implementación. La resolución cuestiona el procedimiento utilizado por el Departamento de Finanzas, mientras la ley que creó el impuesto sigue vigente.
El expediente judicial recoge dos medidas centrales: retirar el padrón suplementario de más de 900,000 propiedades y cancelar las aproximadamente 17,000 notificaciones enviadas a propietarios. Ozzi, de la Supreme Court estatal en el condado de Richmond, en Staten Island, exige que los nuevos avisos identifiquen la vivienda y expliquen los factores y documentos que sustentan la decisión de gravarla.
La ciudad debía comprobar la residencia antes de enviar los avisos
El artículo 1352 de la ley tributaria estatal establece una secuencia: el Departamento de Finanzas debe hacer una determinación inicial con la información que tiene disponible y después notificar al propietario, que puede presentar pruebas de residencia. Esa obligación de revisar primero los registros está en el centro del litigio.
Según la revisión del fallo publicada por Thomson Reuters el 1 de octubre, el departamento descartó utilizar las declaraciones fiscales de 2024 para establecer la residencia y trasladó a los propietarios la carga de demostrar que vivían en sus casas. El juez consideró que ese procedimiento vulneraba sus derechos al debido proceso.
La revisión posterior con datos fiscales más recientes corrigió parte del resultado: Thomson Reuters reportó que la ciudad envió avisos a 1,210 propietarios para informarles que no estaban sujetos al recargo. También remitió cartas actualizadas a unos 10,800 propietarios cuyos datos no permitían confirmar la residencia principal.
El tamaño del padrón tampoco equivale al número de contribuyentes obligados a pagar. El propio Departamento de Finanzas explica en su web que aparecer en ese registro no demuestra que una propiedad esté sujeta al impuesto y que la gran mayoría de los inmuebles listados no recibiría una notificación.
La apelación mantiene abierta la disputa sobre el procedimiento
Nueva York presentó su recurso ante la División de Apelaciones, Segundo Departamento. Commercial Observer informó el 30 de septiembre que, según funcionarios municipales, la ciudad invocó una suspensión automática y continuaría aplicando el recargo durante la apelación. El portavoz de Mamdani, Matt Rauschenbach, defendió la medida como una contribución de los propietarios de segundas viviendas de lujo al financiamiento de los servicios públicos.
El alcance de esa suspensión requiere un matiz. En su análisis del 30 de septiembre, el abogado Joshua Wurtzel, de Schlam Stone & Dolan, explica que la suspensión automática alcanza las órdenes que exigen ejecutar una acción, pero no borra las declaraciones jurídicas del fallo.
Por eso, sostiene Wurtzel, las instrucciones de retirar el padrón y cancelar las cartas probablemente quedan suspendidas. La declaración de que los avisos eran ilegales y la eliminación del procedimiento de "exención" plantean una cuestión distinta sobre lo que la ciudad puede continuar haciendo. La instancia de apelación puede limitar o dejar sin efecto la suspensión.
A quién alcanza el impuesto y qué plazos sigue anunciando la ciudad
La ley estatal establece el recargo desde el 1 de julio de 2026. Para los ejercicios fiscales 2026-2027 y 2027-2028, fija umbrales de US$5 millones para viviendas de una a tres familias y de US$1 millón para unidades de condominios y cooperativas, conforme a las valoraciones previstas en la norma. El uso como residencia principal también determina si la propiedad queda sujeta al impuesto.
El Departamento de Finanzas precisa que esas cifras corresponden a su valoración de los inmuebles. Además, contempla que la propiedad sea residencia principal del dueño, un inquilino o un familiar inmediato, entre otros supuestos.
Al 1 de octubre, el portal municipal seguía anunciando el 6 de octubre de 2026 como fecha límite para las solicitudes que denomina exenciones. También indicaba que los cargos correspondientes aparecerían en las facturas de impuesto inmobiliario con vencimiento el 1 de enero de 2027. Es el calendario que publica la ciudad mientras continúa la controversia judicial.
La administración estatal ha defendido el recargo como una fuente de unos US$500 millones anuales, según Commercial Observer. Esa cantidad es una proyección de ingresos; el litigio sobre las notificaciones sigue pendiente de revisión en apelación.
