Las autoridades federales que investigan los documentos migratorios de Ilhan Omar incautaron su teléfono y emitieron más de una docena de citaciones, algunas para familiares de la congresista demócrata por Minnesota, informó Associated Press el 15 de octubre de 2026. Un gran jurado reúne las pruebas en ese estado.
AP obtuvo los detalles de una persona informada sobre la pesquisa, que habló bajo anonimato por no estar autorizada a comentarla. Reuters corroboró la incautación y las citaciones con dos personas conocedoras de la investigación.
El registro de su vivienda en Washington ocurrió el 12 de octubre. Aquella actuación llegó en plena campaña de reelección de la representante.
Gerardo Pavez
Omar ha negado irregularidades y atribuye el operativo a una campaña de intimidación política de Donald Trump, según AP.
El gran jurado evalúa si hay base para acusar
Un gran jurado examina las pruebas presentadas por la Fiscalía para decidir si existe causa probable para formular una acusación y llevar a una persona a juicio, explica el portal de los tribunales federales de Estados Unidos. Sus sesiones son privadas. Esta etapa no determina culpabilidad ni revoca la ciudadanía.
Una fuente de Reuters dijo que un posible objetivo sería retirarle la ciudadanía a Omar y deportarla. El Departamento de Justicia declinó comentar la investigación ante la agencia.
Qué exigiría una revocación de ciudadanía
La vía civil de la sección 1451(a) del Código de Estados Unidos requiere un procedimiento ante un tribunal federal. Las causales incluyen haber obtenido la naturalización ilegalmente, ocultando un hecho material o mediante una falsedad deliberada.
La sección 1451(e) prevé otra vía: la revocación tras una condena por obtener ilegalmente la naturalización. La acción civil puede tramitarse sin esa condena penal previa.
Omar obtuvo la ciudadanía en 2000 mediante la naturalización de su padre, según Axios. La sección 1451(d) también contempla efectos sobre la ciudadanía derivada de los hijos si se revoca la naturalización del progenitor por ocultación de un hecho material o falsedad deliberada.
Una coalición de 14 medios, incluida Reuters, pidió el 15 de octubre a un juez que haga públicos los expedientes vinculados al registro.
