Eric Deters, donante republicano, demandó por difamación a Kimberly Guilfoyle, exembajadora de Estados Unidos en Grecia, y a sus abogados el 15 de octubre. El litigio llega dos días después de su renuncia, mientras los demócratas del Comité de Supervisión mantienen su solicitud de documentos financieros y comunicaciones.
El escrito se presentó en el Tribunal de Circuito del condado de Kenton, Kentucky, y señala también a Jesse Binnall, David M. Schwartz y sus firmas. Deters sostiene que dañaron su reputación al afirmar que los mensajes que entregó a la prensa eran falsos, que era un chantajista y que debía dinero a Guilfoyle.
La demanda incluye otras reclamaciones por presentar públicamente a Deters de forma engañosa y por incumplimiento de contrato, esta última solo contra Guilfoyle. Solicita indemnizaciones que determine un jurado. El escrito expone las alegaciones del demandante.
Los mensajes sobre 100,000 dólares y la respuesta de Guilfoyle
The Wall Street Journal informó el 7 de octubre que revisó mensajes en los que Guilfoyle pidió a Deters 100,000 dólares para cubrir una deuda con American Express antes de su audiencia de confirmación en 2025. El donante buscaba su ayuda con asuntos fiscales y legales y, según el diario, ella ofrecía utilizar sus contactos en la Administración.
Su defensa cuestionó la autenticidad de los mensajes y sostuvo que reclamaba pagos pendientes por viajes y participación en eventos organizados por Deters, según Forbes. Él niega esa deuda. La reclamación por difamación se refiere a las declaraciones sobre Deters que surgieron al responder a sus acusaciones.
Trump había dicho que evaluaba su destitución antes de que la Casa Blanca le pidiera dejar el cargo. Guilfoyle anunció su renuncia el 13 de octubre y rechazó las acusaciones, según Forbes.
Los demócratas mantienen la petición de registros
Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, escribió a Guilfoyle el 14 de octubre para reiterar que la indagación de su grupo continuaría tras su salida de la embajada.
La carta pide conservar registros y entregar comunicaciones desde enero de 2024 con Deters y distintos funcionarios. También solicita información financiera personal y empresarial y los documentos utilizados en sus declaraciones patrimoniales.
Los dos procedimientos persiguen objetivos distintos: Deters pide una reparación por el supuesto daño a su reputación; la solicitud parlamentaria busca documentación sobre posibles conflictos entre intereses privados y responsabilidades públicas. Garcia mantiene el 22 de octubre como plazo para recibir los registros.
