La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el 16 de noviembre un recurso del gobierno de Donald Trump contra una orden que protege subvenciones de investigación de la Universidad de California. Las ayudas habían sido canceladas por los puntos de vista que las agencias atribuían a los proyectos sobre diversidad, equidad e inclusión.
La decisión mantiene vigente una medida cautelar favorable a los investigadores mientras continúa el litigio. La Corte no explicó su negativa ni emitió una sentencia propia sobre el fondo del conflicto; ningún magistrado dejó constancia pública de un voto en contra, informó Reuters.
El expediente, identificado como Trump v. Thakur, figura entre las solicitudes de revisión rechazadas en la lista de órdenes del tribunal. Al no admitirla, la Corte dejó en pie la resolución del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que había confirmado la protección para las ayudas cubiertas.
Qué decían las agencias y los investigadores
El caso comenzó en 2025, después de que varias agencias federales enviaran cartas para cancelar subvenciones ya concedidas. Las comunicaciones sostenían que los proyectos habían dejado de coincidir con las prioridades de las instituciones o del gobierno.
Seis investigadores del sistema de la Universidad de California demandaron en representación de otras personas afectadas. La jueza federal Rita Lin ordenó inicialmente restituir las ayudas, y el Noveno Circuito revisó esa medida. Entre los organismos involucrados en el litigio original estaban la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), la Fundación Nacional para las Humanidades (NEH) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El tribunal de apelaciones concluyó en mayo de 2026 que los investigadores probablemente podrían demostrar una violación de la Primera Enmienda. Sus jueces distinguieron entre la facultad del gobierno de elegir qué programas financiar y la cancelación de subvenciones individuales por las opiniones que atribuía a sus beneficiarios.
El gobierno defendió una interpretación distinta. En su petición a la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer argumentó que las agencias tienen margen para elegir qué proyectos respaldar y que un cambio de administración puede traer prioridades de gasto diferentes.
Qué significan los 59, 150 y 324 millones de dólares
Las cifras mencionadas en el expediente describen conjuntos y momentos diferentes. El Departamento de Justicia señaló en su recurso que las subvenciones de la NSF y la NEH en discusión habían recibido una asignación conjunta de aproximadamente 150 millones de dólares.
Cuando esas ayudas fueron canceladas, quedaban alrededor de 59 millones de dólares por desembolsar, según el mismo escrito. Ese importe corresponde al saldo de entonces: el documento no lo presenta como el dinero pendiente al 16 de noviembre de 2026.
La orden inicial de la jueza Lin, fechada en junio de 2025, recogió una revisión de los demandantes basada en datos federales que identificaba más de 324 millones de dólares en subvenciones canceladas al sistema de la Universidad de California. Esa estimación abarcaba una revisión más amplia de cancelaciones y no representa el saldo actual de las ayudas tratadas en el recurso.
La protección no cubre todas las reclamaciones por igual
El Noveno Circuito mantuvo la medida cautelar para el grupo que impugnó cancelaciones vinculadas a sus puntos de vista percibidos sobre diversidad y equidad. Sin embargo, revocó otra parte de la orden que protegía a quienes cuestionaban las cancelaciones por haber recibido cartas genéricas sin una explicación individual.
Sobre ese segundo grupo, los jueces consideraron que el tribunal de distrito probablemente carecía de competencia para resolver la reclamación administrativa porque, en esencia, buscaba hacer cumplir obligaciones de pago. Ese tipo de reclamo contractual corresponde, en general, al Tribunal de Reclamaciones Federales.
La negativa de la Corte Suprema deja vigente la protección provisional confirmada por el tribunal de apelaciones. El caso de los investigadores de California continúa en instancias inferiores y la decisión no establece por sí sola una regla definitiva para todas las subvenciones federales.