El juzgado que supervisa la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) autorizó hasta 90 días naturales para negociar un consorcio de acreedores que busque comprarlas. La decisión mantiene abierto el proceso de venta tras el incumplimiento de la garantía exigida a los postores.
La jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, emitió el acuerdo el 14 de octubre de 2026. La sindicatura difundió una versión simplificada, reproducida por El Tiempo de Monclova.
En su comunicado 33/2026, la sindicatura informó que el plazo para exhibir la garantía de 56.3 millones de dólares venció el 13 de octubre sin que ninguno de los postores precalificados cubriera el monto requerido, incluida Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA).
Cargill y Afirme mantienen una alternativa de compra
Los acreedores garantizados Cargill y Afirme habían solicitado integrar un consorcio para participar en la adquisición de ambas empresas, según ese comunicado. La resolución permite negociar su formación con la sindicatura para intentar concretar la venta como unidad productiva.
Los 90 días son el plazo máximo para buscar un acuerdo. El juzgado estableció un calendario para informar de los avances y dispuso que el procedimiento de venta continúe durante las conversaciones. La adjudicación de las empresas sigue pendiente.
El depósito de CIESA y la remisión a la FGR
José Arturo Domínguez Arteaga, representante de CIESA, había ofrecido 1,400 millones de dólares por AHMSA y Minosa en la audiencia del 25 de septiembre. De acuerdo con Vanguardia y la versión simplificada del acuerdo, el postor únicamente exhibió 5,000 pesos mexicanos, por lo que el juzgado determinó que incumplió la garantía.
La jueza ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si los hechos constituyen el posible delito de falsedad en declaraciones, previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal. Esa remisión no supone una declaración de culpabilidad.
El Financiero recogió el 14 de octubre una carta en la que Domínguez afirmaba haber cubierto la garantía y prometía avanzar en los pagos laborales. Esa afirmación sobre el depósito contradice lo informado por la sindicatura. No se localizó en las fuentes consultadas una respuesta pública verificable de CIESA o su representante a la orden sobre la FGR.
Los trabajadores conservan la prioridad de pago en los términos autorizados el 7 de septiembre de 2026, señala el resumen judicial. La resolución del 14 de octubre mantiene esa protección mientras los acreedores negocian la alternativa de compra.
