TL;DR:
- El juez Alvin K. Hellerstein fijó el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores en una corte federal de Manhattan.
- Maduro afronta cuatro cargos por narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos con armas, y podría recibir cadena perpetua; Flores enfrenta tres.
- Antes del juicio vienen dos rondas de mociones: la defensa alegará inmunidad soberana y falta de jurisdicción, un recurso que, de prosperar, cerraría el caso sin llegar a juicio.
El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó este miércoles el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un tribunal del distrito sur de Nueva York. La decisión llegó al final de una breve audiencia de seguimiento en Manhattan, la tercera desde que un operativo militar estadounidense capturó a la pareja en Caracas el 3 de enero de 2026. Maduro, de 63 años, afronta cuatro cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos con armas; Flores, de 69, enfrenta tres. Los dos podrían terminar con cadena perpetua. Pero la fecha pesa menos de lo que aparenta: antes de junio de 2027, la defensa peleará la inmunidad del exmandatario y la autoridad misma de la corte para juzgarlo, y si ese recurso avanza, no habrá juicio.
La vista duró unos 18 minutos y transcurrió sin sorpresas. Maduro entró a la sala con el uniforme caqui de la prisión federal de Brooklyn donde permanece recluido, siguió la sesión con los auriculares de traducción y no tomó la palabra. Apareció más delgado que en comparecencias anteriores y caminó sin la cojera que había mostrado en marzo. La fiscalía y la defensa ya habían acordado el cronograma por escrito, así que el papel de Hellerstein, de 91 años, fue básicamente revisarlo y aprobarlo. Al frente de la acusación está el fiscal del distrito sur, Jay Clayton; a Maduro lo representan los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly.
El calendario reparte la pelea en dos rondas de mociones
Antes de que un jurado escuche una sola prueba, el caso pasa por varias etapas. El calendario que aprobó Hellerstein ordena así los próximos meses:
- La fiscalía debe entregar a la defensa las pruebas no clasificadas antes del 22 de septiembre de 2026 y el grueso del material clasificado hacia el 15 de noviembre.
- El 17 de noviembre de 2026 la corte escuchará la primera ronda de mociones, centrada en la jurisdicción y en el pedido de inmunidad de los acusados.
- Una segunda ronda de mociones arranca a comienzos de 2027, con plazos para los escritos sobre material clasificado que vencen el 11 de marzo de 2027.
- El juicio quedaría para el 1 de junio de 2027, siempre que ninguna de las mociones previas tumbe antes el proceso.
Ese orden no es un tecnicismo. Pollack explicó en la audiencia que la primera ronda plantea cuestiones jurisdiccionales que, de resolverse a favor de la defensa, terminarían el caso de inmediato, sin necesidad de la segunda tanda ni del juicio.
La inmunidad soberana es la verdadera batalla del caso
La apuesta central de la defensa no es discutir el narcotráfico, sino frenar el juicio antes de que empiece. La inmunidad soberana es el principio del derecho internacional que protege a un jefe de Estado frente a los tribunales de otro país por los actos ejercidos en el cargo. Pollack sostiene que Maduro era el jefe de Estado de Venezuela cuando lo detuvieron, así que ni siquiera correspondería que una corte estadounidense lo juzgue. Un análisis de The New York Times ya había planteado esa misma duda sobre la autoridad de los tribunales de Estados Unidos para llevar el caso, con base en una ley que el propio país ratificó.
La forma de la captura alimenta ese frente. La defensa califica el operativo del 3 de enero como un «secuestro militar»; el gobierno de Donald Trump lo describe como una «operación quirúrgica de aplicación de la ley» dentro de un caso penal que arrancó en 2020. Maduro dejó clara su postura desde su primera comparecencia, el 5 de enero, cuando se declaró no culpable de todos los cargos y se presentó como «un prisionero de guerra»:
"No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país."
Qué está en juego para Venezuela y la diáspora
El proceso ocurre mientras Venezuela vive su propio reacomodo. Tras la captura, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada; criticó el operativo estadounidense, pero se declaró dispuesta a abrir una etapa de cooperación con Washington, que dice ejercer una influencia determinante sobre el país petrolero. En abril, además, Estados Unidos flexibilizó sus sanciones a través de la OFAC para permitir que el propio gobierno venezolano pague a los abogados de la pareja, un punto que la defensa había peleado como parte del derecho a un abogado de libre elección.
Afuera del tribunal, migrantes venezolanos se concentraron para pedir la pena máxima. Y en paralelo al proceso penal, a comienzos de julio las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron una demanda civil contra Maduro, a quien acusan de haber ordenado esas muertes. Para la comunidad venezolana dentro y fuera del país, el calendario judicial de Nueva York se cruza con una transición política que apenas empieza.
Por ahora, junio de 2027 es solo un punto lejano en un calendario largo. La pelea que puede definir el caso llega mucho antes, en noviembre, cuando Hellerstein escuche si una corte de Manhattan tiene siquiera autoridad para juzgar a un exjefe de Estado. De esa respuesta, más que de la fecha del juicio, depende que Maduro llegue a sentarse frente a un jurado.
