TL;DR:
- El Departamento de Transporte de Florida revocó el 31 de agosto de 2026 todos los permisos de lectores automáticos de placas en el derecho de vía de las carreteras estatales y dejará de aprobar solicitudes nuevas.
- El plazo de 30 días que fija el memorando es el mismo que el estatuto 316.0777 ordena desde 2014, y esa misma ley deja el costo del retiro en manos de la policía que pidió la cámara.
- La orden alcanza solo el Sistema de Carreteras Estatales: no toca calles municipales, caminos de condado ni propiedad privada, donde DeSantis calcula que está el 98% de los aparatos.
El Departamento de Transporte de Florida, el FDOT, revocó el 31 de agosto de 2026 todos los permisos que tenían las policías locales para colocar lectores automáticos de placas en el derecho de vía de las carreteras estatales, y dejará de aprobar solicitudes nuevas. La instrucción viaja en el Memorando de Ingeniería y Operaciones 26-01, firmado por el director de operaciones y subsecretario Will Watts, que invoca el aumento exponencial de instalaciones sumado a reportes de mal uso, preocupaciones de privacidad y esquemas de vigilancia. Las agencias tienen 30 días para desmontar los aparatos y, si no lo hacen, el departamento los retirará. Esa mecánica no es nueva: el estatuto 316.0777, en vigor desde 2014, ya dejaba la instalación a discreción del departamento, ya fijaba ese plazo y ya ponía el costo del retiro a cargo de la corporación que pidió la cámara.
Los 30 días y la factura del retiro ya estaban escritos desde 2014
El memorando apoya su autoridad en el artículo 316.0777 del código de Florida, y ese texto explica por qué la orden pudo salir en una sola página. La ley autoriza instalar un sistema de reconocimiento automático de placas dentro del derecho de vía del Sistema de Carreteras Estatales "a discreción del Departamento de Transporte" y a petición de una agencia policial, con un propósito acotado: reunir información de inteligencia o de investigación criminal activa. La misma norma prohíbe usar esos aparatos para emitir una multa de tránsito.
Después viene la frase que hoy marca el calendario. El estatuto ordena que un lector de placas se retire dentro de los 30 días siguientes a que el departamento notifique a la policía solicitante que el retiro debe ocurrir. El memorando del 31 de agosto es esa notificación, y por eso el reloj vence el 30 de septiembre de 2026.
El siguiente párrafo de la ley resuelve quién paga el desmontaje. La instalación y el retiro corren por cuenta exclusiva de la agencia que solicitó el sistema, y el departamento no responde por los daños que cause su operación. La cuenta del desmontaje, entonces, cae en presupuestos municipales y de condado, no en el estatal.
Lo que sí es decisión política del 31 de agosto es el uso de esa discrecionalidad en sentido contrario al de los últimos años. El departamento revocó lo ya aprobado y además cerró la ventanilla hacia adelante.
La decisión tiene dos capas, la que fijó la Legislatura en 2014 y la que ejecutó la agencia el 31 de agosto de 2026.
| Punto | Estatuto 316.0777, vigente desde 2014 | Memorando 26-01, del 31 de agosto de 2026 |
|---|---|---|
| Permiso | La instalación queda a discreción del Departamento de Transporte, a petición de una agencia policial | Revoca todas las aprobaciones vigentes y deja de emitir nuevas |
| Plazo de retiro | 30 días desde que el departamento notifica que el retiro debe ocurrir | Es esa notificación: el plazo vence el 30 de septiembre de 2026 |
| Costo | Instalación y retiro corren por cuenta exclusiva de la agencia solicitante | No lo menciona, porque la ley ya lo dejó en la policía local |
| Alcance territorial | Solo el derecho de vía del Sistema de Carreteras Estatales | El mismo: fuera quedan calles municipales, caminos de condado y propiedad privada |
| Uso autorizado | Solo información criminal activa; prohibido emitir multas de tránsito | Cita reportes de mal uso, privacidad y esquemas de vigilancia |
La orden se detiene donde termina el derecho de vía estatal
El límite de la orden viene del mismo artículo que le da fuerza. El Sistema de Carreteras Estatales cubre interestatales, carreteras federales y vías estatales; ni las calles de una ciudad ni los caminos de un condado ni un estacionamiento privado entran en la jurisdicción del FDOT. El gobernador Ron DeSantis calculó que el 98% de las cámaras de vigilancia del estado están en el derecho de vía local o en propiedad privada, según reportó NBC News.
Con ese cálculo, la orden desmonta una fracción del parque instalado y deja intacto el resto. Algunas corporaciones fueron más lejos que el memorando por decisión propia. La Oficina del Sheriff del condado de Hernando avisó en Facebook que cumpliría el calendario del FDOT y recordó que ya había empezado antes del directivo estatal a retirar los lectores colocados en derechos de vía del condado, un terreno donde la agencia no manda. Otros municipios y oficinas de sheriff del área de Tampa ya venían reconsiderando sus contratos con Flock, Axon y Motorola Solutions, según WUSF.
La reacción tampoco se limita a Florida. En Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó tres días antes que las agencias estatales pausaran el financiamiento de estas cámaras, en un caso donde el rastro del dinero público estaba mucho más documentado.
Alejandro Castillo Leone
El instrumento es un memorando de ingeniería que la agencia usa una vez al año
El documento que ordena el retiro es un memorando de la Oficina de Diseño del FDOT, la serie con la que la agencia fija criterios técnicos internos. En el índice público de esa oficina, el 26-01 aparece con el título de revocación de permisos de uso general para lectores automáticos de placas y fecha del 31 de agosto de 2026. Es el único de su serie en todo 2026, y el listado completo desde 2013 suma trece memorandos de ese tipo, dedicados a asuntos como la entrega de proyectos diseño-construcción, los cruces ferroviarios, las solicitudes de acceso a registros públicos o los logotipos comerciales en documentos del departamento.
De ahí viene el punto débil de la medida. La misma discrecionalidad que permitió revocar los permisos sigue escrita en la ley y puede ejercerse en sentido contrario por otra administración, sin pasar por la Legislatura. El gobernador ha planteado el asunto en términos de uso, no de permisos: las herramientas policiales "deben apuntar a los criminales", declaró en un evento en Jacksonville el 31 de agosto, según WGCU. En una intervención anterior en Florida International University el 26 de agosto había insistido en que no quiere que el estado se convierta en un aparato de vigilancia, y volvió a empujar una carta de derechos sobre inteligencia artificial que no prosperó ni en el periodo ordinario de sesiones de 2026 ni en el extraordinario que le siguió. Sin esa vía, el memorando justifica su urgencia en preservar "la soberanía y la calidad de vida de los floridanos", según el texto citado por la emisora pública WUSF.
La ley resuelve además qué pasa con lo que esas cámaras ya grabaron. Las imágenes y los datos con información personal que generaron esos lectores son confidenciales y quedan fuera del acceso público general. Una agencia de justicia penal puede consultarlos en el ejercicio de sus funciones, y una persona puede pedir lo asociado a su propia placa, salvo cuando forme parte de una investigación criminal activa.
Hasta el 30 de septiembre, el costo de desmontar cada aparato del derecho de vía estatal lo pagarán las policías que los pidieron, y la mayoría de las cámaras seguirá donde está, en calles y terrenos que el FDOT no administra. El alcance de la medida terminará donde llega la jurisdicción de una agencia de carreteras, y cualquier regla que cubra el resto tendrá que salir de la Legislatura de Florida.
