Una jueza federal de Oklahoma declaró inconstitucional una consulta policial en Flock que permitió reconstruir el historial de ubicación de un vehículo sin orden judicial ni causa probable. Sara E. Hill describió la recopilación de datos de estas redes como "vigilancia masiva indiscriminada" y ordenó excluir pruebas del proceso penal contra la conductora, Melisa Kyle.
La resolución de 38 páginas, firmada el 1 de octubre de 2026, corresponde al caso United States v. Kyle, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Oklahoma. 404 Media reportó el fallo el 2 de octubre.
Un mes de registros a partir de una placa de California
Los lectores automáticos de placas, conocidos por las siglas ALPR, registran matrículas junto con la fecha, hora y ubicación de cada avistamiento. Su acumulación permite reconstruir partes del recorrido de un vehículo. En este caso, el agente tenía acceso a Flock y a VehicleManager, dos sistemas que organizan información histórica de desplazamientos.
Según la resolución, el agente del sheriff del condado de Tulsa Freddie Alaniz comenzó a seguir una SUV Mazda por llevar placas de California. Consultó los sistemas cuando ese era el único dato que conocía del vehículo, aunque consignó como motivos una infracción de tránsito y una investigación.
La consulta le proporcionó más de 50 registros de ubicación durante un mes, en varios estados. Alaniz identificó un viaje desde Oklahoma hacia la zona limítrofe de California y Arizona y un regreso hacia Missouri. Interpretó la brevedad de la estancia como un posible indicio de transporte de drogas.
El expediente contiene una limitación que afecta esa lectura: el agente no tenía acceso a los datos de California. Hill advirtió que la duración exacta de esa parte del viaje no estaba clara.
Dos motivos para excluir las pruebas
La Cuarta Enmienda protege frente a registros e incautaciones irrazonables. Para Hill, el historial acumulado por estas redes invade una expectativa razonable de privacidad en el conjunto de los movimientos de una persona, aun cuando los avistamientos ocurran en vías públicas.
La jueza distinguió esa recopilación de la vigilancia examinada en United States v. Knotts, un fallo de 1983 sobre un dispositivo de rastreo colocado en un recipiente durante una investigación concreta. Las redes ALPR recogen datos de los vehículos que pasan ante sus cámaras antes de que exista una sospecha individual y permiten recuperarlos después.
Hill reconoció que los lectores de placas ofrecen beneficios para investigar delitos. Consideró, sin embargo, que el alcance de los sistemas exige revisar cómo se aplican los límites constitucionales. En la consulta sobre el Mazda, encontró que faltaban tanto una orden judicial como causa probable.
La resolución también examinó la detención en carretera. Hill consideró justificada la parada inicial porque el Mazda circulaba demasiado cerca del vehículo que iba delante. Concluyó que Alaniz carecía de sospecha razonable para prolongar la detención después de devolverle la licencia a Kyle y entregarle una advertencia.
Cuando la conductora rechazó autorizar el registro del auto, Alaniz la retuvo para utilizar un perro detector de drogas. El nerviosismo, el equipaje y la brevedad del viaje no bastaban para justificar esa prolongación en las circunstancias documentadas, según la jueza.
Flock rechaza el criterio de la jueza
Un portavoz de Flock dijo a 404 Media que la empresa no era parte del proceso y que la decisión contradice el peso de otros fallos, incluidos algunos de Oklahoma. La compañía sostuvo que la resolución se limita a estos hechos, no establece un precedente vinculante y no impide que las corporaciones policiales sigan utilizando la tecnología. También dijo que espera una apelación y que el fallo sea revocado.
La propia Hill reconoció en su resolución que casi todos los tribunales que habían examinado la cuestión llegaron a una conclusión diferente sobre las consultas ALPR. Señaló además que ni la Corte Suprema ni el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito habían resuelto esa cuestión específica.
En el proceso de Kyle, el efecto es la exclusión de las pruebas obtenidas después de la consulta inicial. Hill encontró una relación entre aquella búsqueda y el resto del operativo, y señaló que la fiscalía no acreditó una excepción que permitiera utilizar las pruebas pese a la vulneración constitucional.
