Meta reveló que Mark Zuckerberg evaluó dejar California ante el impuesto único del 5% al patrimonio de multimillonarios que se votará el 3 de noviembre de 2026. El mismo documento recoge un compromiso de residencia de ocho años, sujeto a su continuidad en la dirección de la empresa y con una excepción por circunstancias imprevistas de peso.
La posible mudanza, reportada por Bloomberg, figura en la declaración preliminar que Meta presentó el 21 de octubre ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense. La compañía estimó que Zuckerberg podría afrontar un pago de miles de millones de dólares por sus acciones si la Proposición 40 se convierte en ley.
Un compromiso de residencia ligado al acuerdo sobre las acciones
El acuerdo exige ocho años de residencia en California o en otra jurisdicción donde Meta mantenga su sede corporativa. La condición rige mientras Zuckerberg trabaje a tiempo completo en el equipo ejecutivo o como presidente ejecutivo del consejo, salvo circunstancias imprevistas de peso que aconsejen residir en otro lugar.
La reorganización permitiría vender o transferir de inmediato hasta el 20% de las nuevas acciones clase C, sin voto, que recibiría en el dividendo. Meta explica que podría usar esa liquidez para pagar el eventual impuesto sin reducir su control mayoritario de voto.
La propuesta toma como referencia la residencia al 1 de enero
La guía electoral oficial de California establece que la Proposición 40 alcanzaría a multimillonarios que fueran residentes del estado el 1 de enero de 2026. El California Budget & Policy Center explica que el patrimonio sujeto al gravamen se valoraría al 31 de diciembre de 2026.
Ese calendario limita lo que una mudanza posterior podría resolver: bajo el diseño propuesto, salir después de enero no bastaría por sí solo para quedar fuera del impuesto. El centro advierte que la fecha retroactiva probablemente sería impugnada ante los tribunales y que el resultado de esa disputa es incierto.
El gravamen se aplicaría a patrimonios netos superiores a 1,000 millones de dólares, con una tasa gradual para quienes estén entre ese umbral y 1,100 millones, de acuerdo con el análisis del centro. Los inmuebles, las pensiones y las cuentas de retiro quedarían generalmente excluidos. La guía oficial prevé el pago en 2027 o en cinco años con un recargo.
El análisis del órgano legislativo estima una recaudación temporal de decenas de miles de millones de dólares y una posible reducción de ingresos futuros si algunos contribuyentes se marchan. La mayor parte de los recursos del nuevo impuesto tendría que destinarse a servicios de salud.
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